La mañana de ayer jueves se dio cita a una ceremonia encabezada por la mandataria en La Moneda, en donde se presentó el informe que detalla el cumplimiento de las Medidas Administrativas de la Agenda para la Transparencia y Probidad.
En el encuentro realizado a puertas cerradas, Bachelet señaló que “Voy a hacer realidad lo propuesto en la agenda con mucha decisión, porque sabemos que las malas prácticas no sólo dañan a las personas y lesionan la dignidad del quehacer político y empresarial, sino que dañan la fe pública y la legitimidad de nuestro pacto social”.
Las medidas impulsadas por el ejecutivo son de carácter administrativo, por lo tanto no necesitan de pasar por un trámite legislativo, así que pueden ser llevadas a cabo solo con la voluntad presidencial y la gestión del ministerio pertinente.
La totalidad de medidas establecidas se agrupan en tres dimensiones: primero, la relacionada con la formación de cultura cívica responsable; un segundo eje tiene que ver con la profundización de la responsabilidad y la probidad tanto para el espacio público como el privado y por último, apunta a desarrollar de mejor manera la transparencia
En el detalle, algunos ejemplos de medidas son por ejemplo, publicar un código de buenas prácticas para quienes desarrollan lobby, buscar un sistema que evite la corrupción y el lavado de dinero en los servicios públicos y poner en ejercicio una Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
Por último, se dieron a conocer otras instancias legislativas a tratar en un corto plazo como la Nueva Ley de Partidos Políticos, la creación de la Dirección General de Concesiones y reformar el marco legal que deja vacío el tema que sanciona la corrupción.
La celeridad con que debe actuar el ejecutivo en la implementación de estas medidas sigue siendo una necesidad impostergable, sobre todo considerando la azotada mirada que tiene la ciudadanía respecto a las prácticas y las conexiones que existen entre los políticos y el empresariado. Ojalá, en un futuro próximo, no sea necesario usar el tiempo legislativo en normar algo tan crucial como la transparencia y la probidad y la clase política actúe conforme a sus deberes.
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