Cada vez es más evidente, que los grandes imperios capitalistas representados por mega empresas internacionales, irrumpen con toda la fuerza de su poder, exterminando agua, tierra, aire y todo recurso natural que se atraviese en el camino de su ambición; sus víctimas inmediatas son pequeñas comunidades en valles transversales, donde antes de su llegada los habitantes podían vivir en paz. Su gran víctima: el planeta que no sabemos hasta cuándo va a resistir y con él hombres, mujeres, niños y niñas a los cuales se les roba no sólo la calma, sino que también la vida.
Una de estas armas capitalistas del exterminio es la empresa VALE ¿qué podemos hacer frente a estos monstruos si además, van dejando en su camino las crías de su ambición? También aparecen yanaconas que, no van a dudar en servir al enemigo frente a sus turbios ofrecimientos, entonces, no dudan cuando estiran la garra y aceptan dineros que compran hasta la conciencia comunitaria y colectiva, la dignidad y la vida natural y patrimonial.
¿Qué hacer entonces? Una debe ser la respuesta:¡Luchar por la vida! Aunque sepamos que esta lucha tiene el único fin en sí misma, pero no podemos sólo mirar cómo nos destruyen, una de nuestras armas: “la denuncia” en contra de los asesinos de la tierra, para que todos sepan dónde están y que ellos sepan también que los conocemos, que sabemos quiénes son, que sabremos a quienes pasarle la cuenta cuando sólo podamos mirar el imperio del capital destruido, después de que vino a quitarnos la tierra, el agua, el aire, la vida, cuando ya no haya tierra, agua, aire y vida.
EL NACIMIENTO DE UN ARMA DE EXTERMINIO
La empresa VALE, nace en 1909, como empresa británica “Brazilian”. Dos años más tarde, es rebautizada como Itabira Iron Ore Company y en 1941 es dividida en dos empresas nacionales: la Compañía Brasileña de Minería y Siderurgia y la Compañía Itabira de Minería.
En 1942 fue incorporada por el estado brasileño (bajo la dictadura de Getulio Vargas) en el ámbito de tratados internacionales estipulados con Estados Unidos (Washington Agreements). Los EEUU se comprometieron con el préstamo de 100 millones de dólares para la producción de steel y otros 200 millones de crédito para que Brasil renovara el equipamiento de sus Fuerzas Armadas. El tratado definió la entrada de Brasil en la Segunda Guerra Mundial, en favor de los aliados y fue también decisivo para la creación de la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN) y de la Compañía Vale do Rio Doce. Entonces, Brasil asumió el compromiso de suministrar materiales importantes y estratégicos a la industria bélica estadounidense, entre los cuales se encuentra el hierro.
La nueva empresa, de constitución pública, pasó a llamarse Compañía Vale do Río Doce (CVRD). En los años noventa, por solicitud del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el presidente Fernando Henrique Cardoso empieza un vasto proceso de privatización que en 1997 abarca también la CVRD.
Después de una serie de iniciativas y oscuros movimientos, en el 2007 la empresa se pone en el juicio del pueblo brasilero y éste se inclina por su renacionalización, cosa que aún no se ha conseguido.
Actualmente, esta transnacional cuenta con 37 sucursales a lo largo del mundo, ocupando el lugar número 12 entre las 31 empresas más grandes del mundo.
PRINCIPALES NEGOCIACIONES DE VALE
Cuando hablamos de la VALE, queda clarísimo que nos referimos a uno de los imperios más grandes del mundo, un imperio que, controla a través de su poder económico el poder negociador y político en muchos países, con serias y graves implicancias en lo que significa la manipulación de vidas y vidas en pos del capital. Para respaldar la magnitud de estas afirmaciones, lean a continuación sobre el poder de la VALE en el mundo.
Realiza una explotación de hierro del 32 % del mercado mundial, explotación realizada exclusivamente en Brasil en los estados de Pará (polo productivo norte) y Minas Gerais (polo productivo sur y sureste), cada polo productivo está compuesto por una red de transporte ferroviario y portuario, administrado en su totalidad por ella misma (VALE). Estos proyectos se emplazan en las provincias de Caraja, provincia de Belo Horizonte, provincia Vale Do Rio Doce, donde su mercado principal de exportación de hierro es Asia.
Acero: algunos establecimientos en Brasil y dispone de establecimientos siderúrgicos en Estados Unidos. Para los aceros de manganeso dispone de cuatro estructuras de producción localizadas en Brasil, Noruega y Francia.
En el 2007 produjo 1,3 millones de toneladas de manganeso en las minas brasileñas localizadas en Estados de Pará, Minas Gerais y Mato Grosso do Sul.
Niquel: en el 2007 produjo 248 millones de toneladas, que corresponde a un quinto en el mercado mundial.
Aluminio: administra 10 minas de bauxita, todas en el Estado de Pará. En el 2007 produjo en total 27 millones de toneladas.
Administra 4 minas de extracción de hulla en Australia con una producción de 8 millones de toneladas (2007).
Otros metales: extrae platino, oro, plata y cobalto en Canadá, donde dispone también de algunos establecimientos para la refinación de estos productos. En Brasil, en la provincia de Carajás, en el Estado de Pará, administra dos yacimientos de oro y extrae cobalto y potasio.
Transportes: en Brasil, administra 10 kilómetros de ferrocarriles y 6 puertos que no utiliza sólo para la propia producción, sino que también para otras mercancías. En total sirve 16 % de las mercancías por camino de hierro y 30% por nave del país entero.
Energía: en Brasil, Canadá y en Indonesia posee totalmente o con otras empresas, diversas estaciones hidroeléctricas, que suministran energía sobre todo a sus propios establecimientos metalúrgicos como y en menor cantidad a la red nacional.
VALE Y SU INVASIÓN EN LATINOAMÉRICA. CONFLICTOS
BRASIL: es la mayor responsable en la destrucción de bosques y expulsión de pobladores nativos en la provincia Vale Do Rio Doce, donde la desertificación, persecución y asesinato de familias enteras son íconos del genocidio de un pueblo; también la contaminación, degradación de suelos, el exterminio de peces y las enfermedades de la población de toda la provincia. La construcción de las diversas instalaciones de la Vale, como ferrovías y represas, donde el impacto negativo sobre el medio ambiente y sobre la vida de las personas, trajo consigo que las comunidades acudieran a la justicia para la defensa de sus derechos, a través de esta acción la empresa decide en el año 2007 dialogar. En julio del 2008 se estipula un acuerdo con el Ministerio Público Federal: una indemnización de 11 millones de reales, de los cuales un porcentaje fue destinado a iniciativas sociales.
Vale está siendo procesada por la violación de derechos de la poblaciones indígenas en el Estado de Pará donde la empresa no respeta acuerdos, debido a daños cometidos por la instalación de una tubería de 180 kilómetros, acuerdo que duraba 5 años; la comunidad solicita una renovación en el 2001, la empresa no responde.
En el 2004 a través de la intervención de la Fundación Nacional del Indio, la empresa Vale renueva el acuerdo que nunca respetó, entonces nuevamente la Fundación, en abril del 2006, denuncia a la empresa. Otro caso análogo ocurrió con la población Xinkrin en diciembre del 2005: la Vale interrumpió unilateralmente, un acuerdo firmado en 1997, lo cual la obligaba a reconocer beneficios en pro de la población Xinkrin, residente en la zona adyacente a las zonas mineras de Carajás Delante, estado de Pará: asistencia médica, asistencia escolar, apoyo en las actividades productivas. El caso, que fue juzgado en tribunal, se concluyó en septiembre del 2008 con la condena de la Vale por los tribunales de Marabá, pero la empresa declaró querer reapelar.
En una comunidad de 3.000 personas en un municipio de De Moju en el Estado de Pará, Vale interviene sus territorios por la construcción de un canal conductor de minerales de Bauxita, la obra atravesaría tierras de 58 familias, lo que devastó bosques y dañó cursos de agua, 674 familias habían sido alcanzadas y pidieron una indemnización por daños sociales y ambientales, la oposición de la comunidad ante la insensibilidad de la Vale, dio lugar a que se iniciaran luchas con el apoyo de la Comisión Pastoral de la Tierra, la empresa firma un acuerdo en febrero del 2007.
En Minas Gerais, donde la Vale a través de sus sucursales Mineras Brasileñas Reunidas (MBR), abre una nueva mina de hierro denominada Mina Capao Xavier, ésta se instalaría en medio de un área de protección especial APE y de un área de protección ambiental APA, de la región sur de Belo Horizonte; estas dos aéreas tienen como objetivo la preservación de los recursos hídricos, la explotación de esta mina pone en riesgo la calidad del agua, el desabastecimiento de miles de personas y amenaza la destrucción de la flora y fauna. Según los documentos presentados a la FEAM y al COPAM, si continúa la minería de Capao Xavier, las aguas del riachuelo de Cierres tendrán su caudal natural reducido sustancialmente en 40%. También los riachuelos de Catarina y Barreiro sufrirán reducción significativa, alrededor de un 20%, además de impactos irreversibles en su zona de protección. La ley 10.793/92 prohíbe minería en cuencas de manantiales de abastecimiento público que comprometan en estándares mínimos la calidad de las aguas. Así el proyecto de la Mina de Capao Xavier hiere flagrantemente la Ley Provincial n.10.793/92, pues pone en peligro la calidad de las aguas, no sólo en niveles mínimos, sino en niveles elevados. Las explotaciones mineras de la MBR, ya destruyeron parte del Patrimonio Histórico Natural de la región que es Serra del Corral y el Pico del Itabirito, secaron nacientes del Club Campestre; y en Monos, perjudicaron manantiales que abastecían parte de la población de Itabirito; además, dejó un enorme cráter en Aguas Claras sin recuperación, estragos ambientales en “Tejuco”, en el Municipio de Brumadinho/MG. Por lo tanto, la MBR está siendo denunciada y acusada por diversos daños ambientales.
Por todos los motivos arriba presentados, en el 2004 nació el Movimiento CAPAO XAVIER VIVO que lucha contra ese proyecto de explotación de la MBR en Capao Xavier.
En su entendimiento el proyecto es ilegal, porque hiere las leyes ambientales; es inmoral, porque rompe con una historia de más de cien años de preservación de aquellos manantiales de abastecimiento público y porque corrompe a las instituciones públicas que fueron convencidas y en otros casos omitidas. Es prepotente pues desafía a la naturaleza y se convierte en explotador de aguas; es irresponsable, porque somete a la población de toda la ciudad a los riesgos de un holocausto ambiental. Por lo tanto no considera el derecho a la vida de las próximas generaciones y destruye el derecho de flora y fauna allí existentes.
PERÚ: a partir del año 2003 la empresa minera Miski Mayo S.A.C., subsidiaria de Vale, inicia bajo el nombre de “La Morada” un emprendimiento minero en Cajamarca. El ámbito del proyecto incluye áreas de los distritos de Pedro Gálvez, Cachachi, y Jesús, provincias de San Marcos, Cajabamba y Cajamarca, respectivamente.
Desde el inicio de las operaciones se han suscitado diversos hechos que evidencian un conjunto de malas prácticas y políticas empresariales implementadas por los funcionarios de la mencionada empresa.
En el Perú, desde el año 2005, Miski Mayo conduce el megaproyecto “Bayóbar” en Sechura Piura con la finalidad de explotar yacimientos de fosfatos. Los intereses mineros de la empresa no se concentran sólo en el proyecto “La Morada” sino también en las provincias de Jaén, Cutervo, Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, Celendín, San Miguel y San Pablo. Teniendo en cuenta las ya mencionadas provincias de Cajamarca, Cajabamaba y San Marcos, la empresa tiene actualmente concesiones en once de las trece provincias de la región, donde numerosas autoridades y líderes han manifestado su preocupación por su forma de actuar en el proyecto “La Morada”.
El 20 de agosto del 2005, algunos pobladores de la comunidad El Chirimoyo, autorizan a la empresa a realizar labores de exploración a cambio de trabajo para algunas personas de la comunidad. Sin embargo, no se establecen acuerdos con los propietarios de los terrenos que serían afectados ni se discuten las autorizaciones pertinentes. Luego se verificaría que varios de los firmantes no tenían propiedades en el área de exploración.
En septiembre del 2005, con el fin de asegurar el acceso vial a la zona del proyecto, representantes de la empresa Miski Mayo acuerdan con algunos pobladores del caserío de Huayanmarca (distrito de Jesús) el mejoramiento de la carretera Jesús–Huayanmarca, los asistentes a la asamblea también autorizan a la empresa para que realice exploraciones en su territorio; igual que en el caso anterior, se verifica que de los asistentes pocos son realmente propietarios de tierras en zonas implicadas en el acuerdo. Un acuerdo parecido tiene lugar con algunos pobladores del caserío de Santa Rosa de Pashul (distrito de Pashul).
En noviembre del 2006, el Ministerio de Energía y Minas, aprueba la Declaración Jurada del proyecto de exploración minera «La Morada» presentado por la Compañía Minera Miski Mayo S.A.C.
En abril del 2007, Miski Mayo inicia trabajos de exploración en el caserío de Huayanmarca. La empresa, posteriormente, hizo público un certificado de viabilidad ambiental para las concesiones mineras MM5 y MM61 cuya ubicación no comprende el caserío de Huayanmarca, de no existir otra autorización la empresa estaría realizando exploraciones en zonas en las que no tiene Certificado 031-2007-MEM-AAM del 04 de Julio del 2007. Este documento forma parte del legajo que la empresa difundió a pedido del Gobierno Regional de Cajamarca: 4 certificados de viabilidad ambiental del Ministerio de Energía y Minas.
El 21 de mayo de 2007, a pedido de los pobladores locales, la Comisión de Gestión Ambiental Sostenible del Gobierno Regional de Cajamarca, realiza una visita a la zona del proyecto, en su informe se afirma: “(…) nuestra principal sorpresa e indignación fue encontrar gente armada con escopetas, “cubiertas”(sic) el rostro con gorros pasamontañas, etc. Que resguardaban el cerro y a los trabajadores de la empresa; no conociendo en realidad lo que pretendían hacer con ese armamento, nadie sabía por qué razón la empresa estaba actuando de esa manera, las mismas personas presentes empezaron a reclamar la forma como nos recibían en el cerro; sin embargo, cuando se les pidió explicaciones nos dijeron que las armas son de propiedad de las Rondas Campesinas, incluso estas personas vestían chalecos con el nombre de las mismas; pero lo curioso fue que el Presidente de las Rondas Campesinas de ese lugar negó delante de todos que el armamento sea de la organización campesina (…)”. La empresa cuenta con el servicio de personal de seguridad con antecedentes penales.
Pobladores del valle Condebamba se trasladan en marcha de protesta hasta las alturas del cerro Mogol, para exigir a la empresa Miski Mayo, que se retire de la zona, por no contar con la licencia social y haber generado conflictos entre los pobladores, en agosto del 2008, algunos de ellos se quedan para impedir el trabajo de la empresa.
El 5 de septiembre del 2007, se realiza la marcha de Sacrificio hacia Cajamarca, al día siguiente, se firma un acta en la que se acuerda instalar una mesa de diálogo en la que deberán participar autoridades regionales y nacionales, así como representantes de los pobladores y de la empresa.
El 28 de septiembre del 2007, se efectúa el paro interprovincial, solicitando la intervención de una comisión de alto nivel para intervenir en el caso.
En octubre, los propietarios afectados por actividades de exploración interponen una denuncia penal contra la empresa Minera Miski Mayo, por los delitos de usurpación y daños cometidos en su propiedad.
21 de enero del 2008, el Juzgado Mixto de la Provincia de San Marcos (Cajamarca), ordena la captura de Isidoro Fernández Chiroque y Mauro Quispe Barrios, ambos funcionarios de Miski Mayo por Homicidio Simple en grado de Tentativa.
28 febrero del 2008, se presenta una denuncia ante la Comisión de Pueblos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú, donde se detallan los abusos e irregularidades cometidas por la empresa Minera Miski Mayo en Cajamarca. El documento es suscrito por el Frente de Defensa de Ecología y Medio Ambiente de la cuenca del río Cajamarquino, Federaciones Provinciales de Rondas Campesinas de San Marcos y Cajabamba, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de San Marcos y la población afectada.
En marzo del 2008, Chanel Ruiz, Consejero Regional por la provincia de San Marcos, emitió el oficio Nº 012-2008/CRSM-GRC al Juzgado Mixto de la provincia de San Marcos, en donde solicitaba información sobre el Expediente Nº 2008-0005 y la vigencia de la orden de captura a nivel nacional de los funcionarios de Minera Miski Mayo, Isidoro Fernández Chiroque y Mauro Oswaldo Quispe Barrios. Después de transcurridos 10 días hábiles, Chanel Ruiz, acudió al Juzgado Mixto de San Marcos con la finalidad de preguntar si su documento había sido atendido, “… estando en la oficina, un funcionario me manifestó que el oficio que había presentado había sido declarado improcedente, dado que la información que había solicitado era de carácter reservado”, manifestó Ruíz. A fines del mes de agosto, el Consejero Regional fue sorprendido por diarios cajamarquinos que informaron la decisión del fiscal Jesús Portal de iniciar una investigación sumaria por avocamiento indebido al proceso en trámite y abuso de autoridad, la resolución fiscal dio un plazo de treinta días a la comisaría de San Marcos para reunir medios probatorios de los delitos que se le imputan a Ruiz Vargas.
Autoridades del distrito de Jesús y José Sabogal junto con pobladores se movilizaron al cerro Mogol, exigiendo el retiro de maquinaria pesada de la empresa minera Miski Mayo en el mes de agosto.
En abril del 2009, el Frente de Defensa de Ecología y Medio Ambiente de la Cuenca del río Cajamarquino, emite un comunicado expresando su apoyo a campesinos y líderes ambientales, denunciados y próximos a recibir sentencia: (…) al percibir que nuestros reclamos no eran escuchados por las autoridades indicadas, nos vimos obligados a organizar y realizar una marcha de sacrificio desde las comunidades más lejanas de las provincias de Cajabamba y San Marcos, hasta la ciudad de Cajamarca, con el fin de comprometer a los alcaldes y presidente regional en nuestros reclamos. Sin embargo nuestras autoridades otra vez hicieron oídos sordos y la compañía Miski Mayo pretendía ingresar de manera violenta a la zona de exploración”, se lee en un párrafo del documento.
En abril del 2009, Chanel Ruíz, Consejero Regional por la provincia de San Marcos, manifestó su preocupación ya que la empresa minera Miski Mayo habría iniciado sus trabajos de exploración en el cerro Mogol, resguardados por un grupo de policías contratados por la empresa, “… la empresa ha logrado abrir una trocha de 7 Km. por donde transitan sus vehículos y en el cerro han logrado instalar su campamento, a pesar de la negativa de los dueños de los terrenos de dar pase a la empresa y su maquinaria, han buscado una ruta alterna”, advirtió Ruíz. Frente a esta actitud por parte de la empresa, centenares de pobladores de organizaciones populares, rondas campesinas y otros gremios iniciaron una marcha pacífica en protesta por el accionar de la empresa y para dejar en claro que no permitirán la actividad minera en su zona, por ser una zona agrícola, después de 3 días, comuneros del Valle de Condebamba se retiran de las inmediaciones del Cerro Mogol dando un plazo de 15 días para que la empresa minera Miski Mayo retire su maquinaria.
El 21 de agosto del 2009 María Chumpitaz, jueza del Juzgado Mixto de San Marcos, sentenció a cuatro años de pena suspendida y al pago solidario de dos mil soles por reparación civil, a líderes comuneros del valle de Condebamba, procesados por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos en forma agravada en el 2007. Chumpitaz, no pudo demostrar que los dirigentes campesinos provocaron el hecho y optó por imponer la forma simple de delito que dio lugar a la carcelería suspendida.
Hasta agosto del 2009, tenemos que la empresa minera Miski Mayo, que no es otra que una filial de la VALE, es culpable de violaciones a los derechos humanos lo que refleja una política extremadamente perjudicial y peligrosa.
Las intervenciones públicas de los funcionarios han sido mínimas, sus declaraciones a medios de comunicación que permitan aclarar los hechos ha sido nula. La empresa no ha respondido a las denuncias contribuyendo a generar mayor desconfianza.
Los documentos presentados durante los encuentros con autoridades son incompletos, incluso evidencian mayores faltas que las que originaron el conflicto, porque incluso no dejan claro si la empresa cuenta con los certificados de viabilidad ambiental en las zonas donde habían iniciado la construcción de plataformas de perforación.
ARGENTINA: el 20 de agosto del 2009 en Mendoza, la Agrupación Los Horneros, la Asamblea Popular por el Agua, el Centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza, el Consejo de Desarrollo Sustentable, la Federación Agraria General Alvear, el Foro Opinión Ciudadana, la Fundación Cullunche, la Fundación Carlos Padín, la Multisectorial General Alvear, la Oikos Red Ambiental, las Organizaciones Sociales Autoconvocadas, la Unión de Trabajadores Rurales sin tierra, comunican a la ciudadanía mendocina y argentina su preocupación por la autorización del proyecto minero Potasio Río Colorado, de la empresa brasileña VALE, según Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada por las autoridades provinciales el 14 de agosto.
En el 2008, en cumplimiento del Decreto 820-06, la Secretaría de Medio Ambiente llamó al Consejo Provincial del Ambiente (órgano asesor del Poder Ejecutivo por ley provincial 5.961) a participar de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, invitación que la gestión anterior había omitido cursar. El 22 de diciembre de 2008, el Consejo Provincial del Ambiente emitió su Dictamen Sectorial, concluyendo que:
“El proyecto Potasio Río Colorado implicaría una rápida extracción de recursos de potasio no renovables, y una significativa contribución al agotamiento del gas argentino, para abastecer una demanda externa, sin considerar las necesidades internas a largo plazo, en condiciones que permitirían a Mendoza captar apenas una pequeña parte del valor generado.
Aún en su versión mejorada a partir de la propuesta de relocalización, el depósito de sal constituiría un enorme pasivo de riesgo, virtualmente a perpetuidad. El análisis de otras alternativas viables para el residuo de sal no ha sido suficientemente profundo ni sometido a dictamen de las entidades de la CEIAM.
Por ello, el dictamen para este proyecto Potasio Río Colorado es negativo».
El Consejo Provincial del Ambiente reconoce que, con la relocalización de la pila de sal residual (120 millones de toneladas), disminuyó el riesgo de contaminación del río Colorado, aunque sin eliminarlo, y la Declaración de Impacto Ambiental incluye algunas de las recomendaciones efectuadas por dicho Consejo.
Por otro lado, de concretarse el proyecto Potasio Río Colorado, requerirá 1 millón de metros cúbicos de gas por día, tanto como el consumo residencial, más el comercial, más el oficial de toda la provincia de Mendoza o un tercio de las importaciones desde Bolivia. Las reservas probadas de gas en el país alcanzan para sólo 8 años. A corto y largo plazo la escasez e importación de gas, y con ella el costo de la energía para los argentinos, seguirán creciendo. La fuerte contribución de Potasio Río Colorado al agotamiento del gas acentuaría esa tendencia, perjudicial para los hogares argentinos, las actividades productivas y el desarrollo sustentable.
Si al gas sumamos la electricidad requerida, el consumo energético total de Potasio Río Colorado equivale a la generación de las 4 centrales Nihuiles más Los Reyunos, o al 83 % de Atucha I, o a la electricidad facturada en toda la provincia de Tucumán. Potasio Río Colorado emplearía a 386 personas en Mendoza, pero con la misma cantidad de energía que requeriría esa mina, la industria mendocina hoy da trabajo a 16.100 obreros. El gobierno no ha expresado por qué motivos desechó estas objeciones del Consejo Provincial del Ambiente.
Se han ensalzado los 40 millones de dólares anuales que este proyecto podría dejar al fisco mendocino. Pero ese monto representaría menos de 4% de los más de 1.000 millones de dólares por año que facturaría la mina.
Por todo ello, expresan el firme rechazo al proyecto, y exhortan al Secretario de Energía de la Nación a no otorgar los permisos de gas y electricidad requeridos por Potasio Río Colorado. A esta declaración adjuntan el Dictamen Sectorial del Consejo Provincial del Ambiente – Informe Final Único de la CEIAM.
El asunto en Argentina recién comienza, la personalidad fuerte del pueblo argentino puede que contenga por algún tiempo el poderío capitalista de la empresa, sin embargo, hay tratados presidenciales firmados en medio de la corrupción del pensamiento neoliberal, que seguramente serán la cartita bajo la manga, a la que la empresa “eche mano” para instaurar su poder definitivo en este país.
CHILE: en términos generales, el Proyecto Minero Tres Valles de la empresa VALE, se localiza en la IV Región de Coquimbo, Provincia del Choapa, comunas de Salamanca e Illapel. Las áreas de explotación del mineral (minas) se ubican en torno a las quebradas de Manquehua y Cárcamo, aproximadamente a 10 Km al norte de la cuidad de Salamanca, mientras que las áreas de procesamiento del mineral se localizarán en la quebrada de Quilmenco, aproximadamente a 7 Kms. al noroeste de la misma ciudad.
Antes de que muchas de las comunidades pudieran reaccionar y con los mismos vicios y truculencias conocidos en Brasil y Perú, ellos ya se habían instalado, resucitando muertos para firmas fraudulentas y comprando conciencias para los permisos, consiguiendo el respaldo de la autoridad, que veía con ojos ambiciosos la posibilidad de profitar y hacer festín a costa de la muerte de las comunidades agrícolas.
Este proyecto pretende la explotación y beneficio de minerales para producir alrededor de 18.500 toneladas anuales de cátodos de cobre, para este fin considera intervenir tres valles de la zona centro norte de Chile.
La compañía Vale ingresa al territorio en el año 2006 con las primeras exploraciones, situación sobre la cual la comunidad no estaba informada, pero sí el Gobierno de Chile, tanto local, provincial y regional, ya que son ellos los que otorgan los permisos para dichas exploraciones.
En octubre del 2006 ingresan al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), con el nombre de “proyecto Túnel de Prospección Sector Manquehua con una inversión de 5 millones de dólares, la cual permitía el desarrollo de un túnel de exploración de 1.140 m de longitud aproximada, con 4,0 m de ancho y un alto de 4,0 m, con el fin de confirmar la existencia de reservas minerales de la mina subterránea Papomono. Todo esto sin el conocimiento de las comunidades impactadas directamente por el proyecto. En octubre del 2007 ingresan al SEIA un proyecto minero llamado “Papomono” el cual consistía, en la explotación y beneficio de minerales para producir alrededor de 18.500 anuales de cátodos de cobre, con una Planta de lixiviación de Cobre en base a ácido sulfúrico a 500 m de la Comunidad de Arboleda Grande, Valle de Chalinga. Se desistió de este proyecto por la oposición de la comunidad, la cual obligó a las autoridades locales a oponerse a la Solicitud de Obras Provisorias ( SAP), las cuales permite La ley general de Base del Medio Ambiente de Chile (19.300), comenzar con obras tempranas, dejando un seguro para ello. Todo esto sin importar las decisiones de las comunidades.
La línea base de este proyecto era muy deficiente con grandes falencias técnicas y de datos. Todo esto llevó a los organismos técnicos a presentar 485 observaciones, al proyecto el cual fue desistido en agosto del 2008.
Pero la VALE tenía una cartita bajo la manga, ya que tenía puesto sus ojos en otro hermoso valle agrícola de esta zona: el Valle de Chuchiñi sector de Quilmenco, entonces ingresó un nuevo proyecto llamado “Tres Valles”, actualmente autorizado por la COREMA en sesión del día 13 de octubre del 2009, frente a la impotencia de personas de las comunidades que asistieron a la COREMA y vieron cómo la autoridad llamada a defender a los ciudadanos y el medioambiente, tomaba decisiones desde criterios livianos, por decir lo menos, la autoridad daba muestras de una incompetencia sin igual, como ejemplo podemos dar que el propio Intendente, o sea la autoridad máxima de la COREMA, después de un año que el proyecto estuvo en Calificación de Impacto Ambiental, preguntaba “por dónde iban a pasar” otro fue el Gobernador de Limarí que preguntó “a cuántos kilómetros de las comunidades se encontraría” y otras estupideces más que provocan angustia y asco existencial.
Así fue como se decidió sobre un proyecto de gran impacto en contra de la vida del Choapa, donde decidió un grupo de personeros políticos sin conciencia ni razón, idiotas criados en los tobillos de un régimen que les llena los bolsillos y algo más, con el dinero capitalista que denosta la soberanía y derecho de vivir en paz de un pueblo agredido, golpeado en su más profunda esencia, en su raíz, en su razón y sentimiento.
El valle de Quilmenco está inserto en el Valle de Chuchiñi, siendo este un territorio por excelencia rural, sus principales actividades económicas son: la fruticultura, hortaliza y ganadería mayor y menor, y en algunos sectores pequeña minería. Esta Comunidad a su vez posee derechos de secano con más de 15.000 hct., las cuales se localizan alrededor de donde se ubicará el proyecto de VALE con su Planta de Procesos a base de lixiviación en pilas (Pilas y Piscinas). Esto significará pérdida de suelo de pastoreo, tanto para los ganaderos locales como para las zonas altas del Choapa y contaminación de los principales afluentes de agua.
En Manquehua, dónde se encuentra el yacimiento del mineral, se proyectan 2 minas a rajo abierto: Don Gabriel y Emmanuel. Esta localidad se inserta en el Valle Chalinga, el cual posee innumerables riquezas naturales y arqueológicas, que se verán afectadas por esta explotación, además de las comunidades aledañas al proyecto, que ya han visto cómo su calidad de vida está siendo afectada, primero con la disminución de los caudales de agua de los pozos, tanto de consumo humano como de consumo animal, además del tráfico diario de vehículos en estas zonas que gozaba de tranquilidad. En el Valle de Chalinga a 10 km de la ciudad de Salamanca, se encuentra un macizo andino Llamado sector de Manquehua, donde se inserta una abertura natural, llamada Raja de Manquehua, ícono identitario de las comunidades del sector, el cual hace referencia a la Tierra de Brujos, como se conoce a Salamanca y que también será afectado.
La empresa VALE aquí ingresó engañando a la comunidad, realizó con los comuneros contratos por pasos de servidumbres donde autorizaban personas ya fallecidas. Esto llevó a que la comunidad se organizara y cambiara de directiva con el fin de anular dicho contrato. Hoy se encuentra en proceso, sin embargo, existe desconfianza hasta del poder judicial.
El tercer Valle donde interviene este proyecto se llama Cárcamo, allí se construyó un túnel de prospección desde Manquehua a Cárcamo, éste ya estaba finalizado antes de la aprobación del proyecto. De esta prospección fluyeron aguas, que supuestamente eran “aguas encapsuladas” y que denominan “aguas del minero” que pueden extraer y depositar en piscinas para su tratamiento; cuando estaban en plena faena comenzó a salir un caudal mayor al declarado, por lo tanto no tenían piscinas aptas para su contención lo que llevó a que éstas se descargaran por la Quebrada de Cárcamo, lo que fue denunciado a las autoridades competentes y éstas determinaron iniciar un proceso en su contra el cual sancionó el 19 de mayo del 2009 a minera VALE “por descargas de Riles a la quebrada de Cárcamo” -Resolución exenta Nº 12- por una multa de 500 UTM.
La comunidad de Cárcamo no está bien informada sobre el proyecto que se está implementando en su territorio, de hecho no hay claridad sobre cómo obtuvo la empresa minera permiso para entrar por allí.
Si esta empresa no tiene el permiso social para operar en las Comunidades del Choapa, es porque está privilegiando operar al mínimo costo, pero a uno muy alto para las comunidades: polvo en suspensión, constante tráfico de vehículos, intervención de zonas de pastoreo dejando cortados los campos por la mitad, 8 camiones diarios de ácido sulfúrico y otros más que se utilizan en este proceso, transitando por nuestras comunidades, consumo de agua y contaminación de ésta, ya que las Pilas se encuentran a un costado de la quebrada principal de Quilmenco y que tributa al río Principal del Valle Choapa. Ante cualquier accidente de derrame o filtración, irán a dar directo a las aguas de regadío que abastecen el sistema económico del Choapa.
En la etapa de la SAP, causaron daños al sistema de agua potable rural (APR) de Chuchiñi, rompiendo una matriz, causando pérdidas de agua, suspensión del servicio a la comunidad y daños por un alto costo. Si no son capaces de hacerse cargo de esto, cómo creen las autoridades que se harán cargo de los futuros daños ambientales que ocasionarán, en la realidad comprobable es imposible, ya que hasta el momento han demostrado tener dominada a su antojo a la autoridad, que en forma desconcertante ha perjudicado a la comunidad y a su propio medioambiente en función de favorecer la sobreexplotación de una empresa además extranjera y que no dejará nada más que destrucción a cambio de toda la riqueza que se llevará.
Pues bien, este es el prontuario de la VALE, una empresa transnacional que opera a lo largo y ancho del mundo, un mundo que es de todos, pero que estos ambiciosos mutantes de la muerte lo toman, lo roban y nos hacen sentir que ellos son los dueños; en todo esto, la traición, la superficialidad, la tontera y corrupción también se imponen, porque el instrumento del capitalismo y la globalización hacen que estos poderes imperialistas socaven al hombre haciéndolo vulnerable al consumismo y a su inmediatez.
Las fuentes son absolutamente confiables, ya que todos los que cooperaron con información para este escrito son testigos directos de los acontecimientos. Por donde pasa la VALE, deja el dolor y la impotencia en los habitantes de las comunidades, dañando la convivencia sana de estos lugares, que ven con desesperación cómo las autoridades apoyan a esta transnacional que pone el dinero y la ambición por encima de la vida humana y la vida de la naturaleza que destruyen tras su paso infernal.
Parecen pensamientos apocalípticos, sobretodo, para aquellos que siempre han habitado en las urbes, grandes ciudades donde la mirada no llega más allá de los edificios; pero la vida en contacto con la tierra, los cerros, el mar, las quebradas, los animalitos, el verde, el azul, los colores vivos, los sonidos simples y complejos de la naturaleza, sus códigos de luces y sombras, está aquí, donde podemos recordar todos los días que la vida es hermosa y que el dinero del mundo del consumo no compra el amor, la amistad, los lazos humanos, porque en estos valles aún se puede hablar de vida, de esencia, de raíz, de principio, en estos valles aún se puede agradecer a la vida; pero ellos, los reptiles ya llegaron, dejando crías a su paso que terminarán por destruir el mundo.
Fuentes: Campanha Justiça nos Trilhos (Justicia sobre rieles) Brasil y Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES (Perú) Agrupación Defensa del medio Ambiente Valle Chalinga, Comité de Defensa Valle Chuchiñi, (Chile) y Consejo Provincial del Ambiente ante la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera, OIKOS Red Ambiental (Argentina)
Por Ana Leyton
Especial para G 80
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