Corte Suprema ratifica condena de 25 años de cárcel contra Alberto Fujimori

La Corte Suprema de Perú ratificó este lunes por unanimidad la condena de 25 años de prisión dictada contra el ex presidente Alberto Fujimori, en su calidad de autor mediato de los delitos de homicidio calificado, asesinato y lesiones graves, los que fueron cometidos por agentes de inteligencia a su orden


Autor: Mauricio Becerra



La Corte Suprema de Perú ratificó este lunes por unanimidad la condena de 25 años de prisión dictada contra el ex presidente Alberto Fujimori, en su calidad de autor mediato de los delitos de homicidio calificado, asesinato y lesiones graves, los que fueron cometidos por agentes de inteligencia a su orden.

La condena del ex mandatario es por las matanzas de Barrios Altos y la de la Universidad de La Cantuta, las que dejaron un saldo de 25 civiles  asesinados, ocurridos en 1991 y 1992, y ejecutado por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte organizado por el Servicio de Inteligencia del Ejército.

Fujimori se convierte así en el primer ex presidente elegido democráticamente condenado por delitos contra las personas.

Fujimori gobernó Perú entre 1999 Y 2000, años en los que recurrió a acciones ilegales y violaciones a los derechos humanos para controlar la insurgencia de grupos guerrilleros, lo que extendió a la disidencia política, llegando a dar un auto golpe de Estado. El brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, coordinó el trabajo de los organismos represivos y rendía cuentas regulares al ex presidente.

Incluso, los agentes del Colina recibieron la promesa de que serían amnistiados por Fujimori, tras ser sometidos a la justicia militar por el caso La Cantuta en 1994, lo que  efectivamente sucedió en 1995, por lo que recuperaron su libertad cuando el ex presidente fue reelecto y los amnistió.

50 ASESINATOS

Dicha ley de amnistía, dictada por Fujimori en 1995, no sólo permitió la liberación de los integrantes del Colina, autores de 50 asesinatos en 15 meses de actividad, sino que se archivaron todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos presentadas hasta entonces, agregaron los antecedentes de la sentencia.

La sentencia señala que Fujimori dirigió un aparato organizado de poder que ejecutó una guerra sucia contrainsurgente con un saldo de al menos 50 asesinatos en 1991 y 1992, momentos en que era presidente.

La matanza de Barrios Altos ocurrió la noche del 3 de noviembre de 1991, cuando un comando del grupo paramilitar Colina irrumpió en una fiesta y disparó ráfagas de metralleta. En el hecho murieron 15 personas, entre ellos un niño de 8 años que huía buscando a su padre.

En tanto, en la Universidad de La Cantuta fueron secuestrados nueve estudiantes y un profesor por el mismo grupo Colina, los que fueron llevados a un sector abandonado al este de Lima y ejecutados con disparos en la nuca.

Luego de hallarse los restos, se comprobó que ninguno de los asesinados tenía relación con el grupo guerrillero Sendero Luminoso, argumento dado por los partidarios de Fujimori.
Un fallo de primera instancia fue dado en abril del 2009 por el juez San Martín, quien en la oportunidad dijo que se habían probado crímenes de homicidio calificado y secuestro agravado, que configuran “según el derecho internacional, crímenes contra la humanidad”.

SENTENCIA INAPELABLE

El tribunal presidido por el juez Duberlí Rodríguez ratificó además la condena dictada por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, protagonistas del caso “Sótanos del SIE”, perpetrado el 5 de abril de 1992.

El dictamen es inapelable y confirmó la sentencia impuesta el 7 de abril pasado por el tribunal supremo que juzgó al ex gobernante.

Fujimori ha sido condenado en otros tres procesos por corrupción, allanamiento ilegal y otros delitos. Estas penas menores no se suman a los 25 años de prisión según lo establecido en el Código Penal peruano.

El máximo tribunal peruano desestimó un dictamen fiscal que pidió cambiar el delito de secuestro agravado por el de secuestro.

De cumplirse la condena, Fujimori (de 71 años), deberá permanecer en prisión hasta el 10 de febrero de 2032, pues se incluye en el fallo como detención los meses que estuvo en Chile, a fines del 2007.

Fujimori no podrá ser indultado ya que una ley prohíbe dicho beneficio a quines hayan sido condenados por el delito de secuestro, aunque puede acogerse a una reducción de la pena, la que no le quita pasar unos 18 años en prisión.

La hija del condenado, la congresista Keiko Fujimori, dijo que liberará a su padre en caso de ser elegida presidenta. Keiko es la segunda favorita en las intenciones de voto para las elecciones presidenciales del 2011.

Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú, expresó  por su parte “su gran satisfacción de que la Justicia haya vencido a la impunidad”.

Además Fujimori deberá indemnizar a los sobrevivientes y deudos de ambas matanzas en 64.843 dólares, mientras que por los casos de secuestros deberá desembolsar poco más de 32.421 dólares.

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