Indignación transversal genera anuncios de Bachelet en materia de pueblos indígenas

En su discurso del jueves 21 de mayo la Presidenta Michelle Bachelet anunció que los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos, iniciativas que habían sido comprometidos en 2013, serán enviadas al Congreso Nacional durante el último trimestre de este año. Esto después que el 2014 se  desarrollaran distintos procesos de consulta previa que, según afirmó la mandataria, han “dado voz” a los pueblos originarios.

Además destacó el proceso de restitución de tierras y el aumento al fondo que distribuye la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) que superó en un 76 por ciento al entregado el año anterior. “Así se eliminan desigualdades históricas que perjudican nuestra capacidad de avanzar hacia el desarrollo”, expresó la mandataria en una alocución que duró exactamente un minuto con 14 segundos.

Réplicas al discurso

La forma en la que se abordó el tema generó reacciones inmediatas en las redes sociales por parte de diversos dirigentes y destacadas comunidades. La abogada del Observatorio Ciudadano, Nancy Yañez,  sostuvo que reiterar el anuncio ya conocido y con ello validar la política que se desarrolló a través de una consulta que cuestionada por todos los pueblos indígenas del país resulta “absolutamente frustrante”.

Esto, añadió, es complejo cuando el tema indígena no ha sido abordado de forma serio por la política pública, sino que han surgido diversos focos de conflicto, donde se ha favorecido a grupos de interés por sobre el interés de los pueblos indígenas.

Desde el entorno político el oficialismo destacó los esfuerzos que se han hecho en la materia. Sin embargo, recordemos que este tema fue uno de los puntos débiles en el cumplimiento de la mandataria al ser el compromiso pendiente dentro de las promesas para los 100 primeros días de gobierno, lo que le valió fuertes críticas al Ejecutivo y fue también uno de los elementos que propiciaron la salida de la ex ministra María de Desarrollo Social, Fernanda Villegas.

En ese contexto el nuevo titular de la cartera, Barraza, un día después de las palabras de la Presidenta se reunió en Palacio de La Moneda con el Subsecretario de Servicios Sociales y los equipos ministeriales para avanzar justamente en el proyecto de Ley que creará el Ministerio y el Consejo de Pueblos Indígenas.

La medida podría buscar hacer frente a la lluvia de críticas que generó en la arena política el discurso, principalmente de parlamentarios de la oposición, preocupados por la ausencia de un pronunciamiento sobre seguridad, ante los últimos hechos de violencia en La Araucanía, que gatillaron la visita del subsecretario del Interior hace algunos días.

De hecho, los empresarios también se pronunciaron al respecto. La Confederación de la Producción del Comercio (CPC) a través de un comunicado afirmó que ven “con enorme preocupación” como las Fuerzas de Orden no han logrado cumplir a cabalidad con la misión de dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad interior del país, y se volvió a llamar a las autoridades a “reestablecer el Estado de Derecho, resguardando a todos los ciudadanos”.

Ante esto se refirió el comunicador social mapuche, Pedro Cayuqueo, para quien estas reacciones sólo son parte del juego político, asociado también a los intereses de los poderes económicos. En esa línea dijo que la oposición es parte del problema, no de la solución. Es más, que la clase política en general es parte del problema. “Aquí hay un juego macabro de administrar el conflicto para intereses partidistas, políticos, electorales cuando viene próximamente una campaña municipal, luego una parlamentaria y presidencial, y nuevamente el tema va a ser una herramienta de disputa político-electoral”.

Cayuqueo afirmó que lo que año a año se registra en los discursos presidenciales es “una negligencia criminal” cuando ha sido el Estado el principal responsable del conflicto, que se expresa con fuerza en la zona sur, como plantean también destacados académicos entre los que destaca el Premio Nacional de Historia, Jorge Pinto.

Situación de los trabajadores

Un día antes del discurso presidencial Marcos Barraza se reunió con los trabajadores de Conadi que, justo ese día, cumplían una semana paralizados en demanda de una mayor seguridad para los funcionarios y ante las deficiencias del servicio, las que, afirman, les impide cumplir su trabajo de una forma adecuada.

La molestia se desató después de las agresiones que sufrió Gabriel Sandoval Ñancupil, encargado del Fondo de Tierras, quien denunció que su vivienda, en la comuna de Padre las Casas, fue quemada y que sus familiares fueron amenazados.

Días después el intendente, Francisco Huenchumilla, confirmó que el gobierno presentaría acciones legales en el caso y calificó la agresión como “un hecho más dentro del sistema de violencia política que hay en La Araucanía”. Junto con ello aprovechó de hacer un llamado al nuevo ministro del Interior, Jorge Burgos, a ir a la región para avanzar en la responsabilidad que tiene el Estado con quienes son víctimas del clima de tensión que se vive en la zona.

Cuestionamientos al Director Nacional

Desde la asociación de trabajadores del organismo señalaron que la situación también es responsabilidad de las autoridades, que critican constantemente el trabajo de la Conadi. Además, cuestionaron el rol del Director Nacional del Servicio, el PPD Alberto Pizarro Chañilao, por “crear un clima confrontacional y de desconfianza” en el marco de la investigación por corrupción al interior del Servicio por irregularidades y coimas en el proceso de entrega de tierras.

A esto se suma que la autoridad no habría tomado los resguardos necesarios, cuando hace más de seis meses denunciaron a la prensa y al mismo Pizarro las agresiones de las que estaban siendo víctimas, solicitándole que se pusiera en conocimiento del Ministerio Público, lo que el Director no habría hecho.

Al ser consultado sobre las acusaciones, Pizarro expresó a los medios que desconocía las amenazas. “Si ello hubiera ocurrido, hubiéramos tenido que tomar las medidas, pero no estaba en conocimiento”, dijo a La Tercera y explicó que el trabajo en Conadi es bastante complejo y que “siempre está expuesto justamente a hechos que son aislados”.

Penta y la cuestionada Consulta Indígena

Los funcionarios también manifestaron su inquietud sobre el tránsito hacia la nueva institucionalidad para los pueblos indígenas, cuando señalan que su base, el mecanismo para la Consulta, fue conducido en el anterior gobierno por Matías Abogabir, involucrado con empresas mineras y sobrino de Carlos Alberto Délano, del Grupo Penta, quien es investigado por corrupción, antecedentes que fueron presentados por dirigentes y organizaciones a la Contraloría.

La Presidenta Regional Metropolitana de la Conadi, Fabiola García, afirmó es alarmante que Délano tenga algún tipo de relación con quien condujo el diseño del cuestionado proceso. “Claramente hay poderes que se metieron en esto porque saben que está en juego la riqueza del país, de la tierra, la riqueza que tienen los pueblos originarios y a ellos no les conviene una Consulta de acuerdo a los cánones internacionales”, dijo.

Preocupación por la nueva institucionalidad

Este diseño institucional ha recibido reparos desde las comunidades del norte y el sur del país. Incluso los mismos consejeros de la entidad se mostraron incrédulos ante la efectividad de estos anuncios.

Entre ellos destaca el representante mapuche, Iván Carilao para quien el nuevo ministerio “no es más que una cortina de humo para retrasar los procesos de reivindicación que llevan los pueblos originarios”.

Esto porque, afirmó, tal como se ha planteado la iniciativa “es un saludo a la bandera” ya que no es un ministerio político, sino que coordinador y sin recursos. “No tiene la fortaleza para solucionar problemas políticos que son de fondo”, remató el consejero.

Los problemas persisten

Si bien la autoridad logró establecer una mesa de diálogo con los trabajadores, éstos continúan con la movilización a la espera de oficializar el compromiso. Sandra Marín, presidenta de la Asociación Nacional de los funcionarios, afirmó que aún no tienen claro cuáles van a ser las medidas que de seguridad que se tomarán ni que va a pasar con las demandas que expresaron en su petitorio. “Pese a las conversaciones, los problemas persisten”, afirmó.

Y justamente estos días se ha gatillado un fuerte malestar por la asignación del fondo de tierras, dado que en la provincia de Malleco sólo se adjudicaron dos subsidios y no se entregó ninguno en la Región Metropolitana, lo que trajo una lluvia de consultas.

Sobre este tema los trabajadores han denunciado que no existe el capital humano para ejecutar de forma debida el fondo, pese a que existan aumentos presupuestarios, un asunto que sigue al debe y que sigue generando roces en la relación del Servicio y las comunidades.

Fuente: Radio y Diario U.Chile