Por prácticas represivas exigen limpieza a fondo en Carabineros

Convergencia de Izquierdas señaló esta mañana a través de un comunicado que en las últimas semanas Chile ha sido testigo del recrudecimiento de la violencia policial ante las manifestaciones estudiantiles y de quienes demandan cambios profundos en nuestra sociedad. “El general director de Carabineros, Gustavo González Jure, el general Pineda, jefe de la zona de Valparaíso de la misma institución, y el oficial a cargo de FF.EE. ese día, deben ser removidos de sus cargos”, exige Convergencia.

Sintomáticamente, la abusiva acción policial se ha intensificado en directa relación con la pérdida de legitimidad de las políticas y propuestas del gobierno de la Nueva Mayoría, que han frustrado los anhelos de cambios fondo en el modelo económico, consignan en un comunicado.

Fuerzas Especiales de Carabineros se ha transformado en un organismo que actúa con un creciente nivel de violencia y que en vez de garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, de acuerdo con los principios democráticos, atenta contra ellos y otorga trata de enemigos a los manifestantes. Afirmamos que este tipo de institución no tiene cabida en ninguna sociedad democrática moderna y debe ser reorganizada, señala.

Por ello, “denunciamos la cobardía moral de quienes, como el rector Sánchez de la Universidad Católica o la presidenta del PS, pretenden ver sólo culpas individuales en estos hechos, obviando las graves responsabilidades institucionales y políticas que hay detrás.  Y, como siempre, la Derecha aplaude a rabiar todos los actos violentos de las fuerzas represivas del Estado contra ciudadanos y ciudadanas inermes”.

“La cadena de mando de Carabineros debe hacer suya la responsabilidad que le cabe, agravada por la ya habitual práctica de distorsionar los hechos para encubrir culpabilidades. El general director de Carabineros, Gustavo González Jure, el general Pineda, jefe de la zona de Valparaíso de la misma institución, y el oficial a cargo de FF.EE. ese día, deben ser removidos de sus cargos”.

Sin embargo,” las mayores responsabilidades políticas y éticas de la represión recaen, como en cualquier sociedad democrática, en  las autoridades, que debieron haberlas asumido desde el primer minuto. El ministro del interior, Jorge Burgos, el subsecretario Mahmud Aleuy y el intendente Bravo de Valparaíso deben dar la cara y seguir la conducta que corresponde a los servidores públicos en democracia ante hechos tan graves”.

“Finalmente, consideramos indispensable abrir un gran debate nacional sobre el tipo de policía que el país requiere para enfrentar los desafíos de una sociedad moderna sustentada en los derechos humanos y democráticos. Las policías deben velar por la seguridad de la población y no someter ni someterse ellos mismos al imperio de la violencia entre ciudadanos. Como sociedad, no podemos permitir que sigamos lamentando tragedias como las que hemos vivido en estos días”, finalizan.