Personas corruptas han existido siempre. Sin embargo, lo que se destaca en los últimos años y meses es que hay muchas más personas corruptas, o presuntamente corruptas, o hay más información, y que pertenecen a un amplio espectro nacional: políticos, de varios partidos, en diferentes funciones y antigüedades; empresarios (de grandes empresas nacionales y extranjeras, de medianas empresas y de pequeñas empresas de papel); profesiones diversas: abogados, ingenieros varios, geógrafos, artistas, deportistas; mujeres y hombres; jóvenes, adultos y ancianos; capitalinos y provincianos o de origen extranjero y no sabemos si nuestro vecino o amigo o uno mismo pertenece o no a este numeroso grupo mientras no se denuncie auto denuncie.
También llama la atención la gran proliferación de personas que han usado la calificación de “consultores y asesores” para realizar sus acciones ilegítimas, cuando bien sabemos, como profesionales de administración de empresas desde 1972 que el acceso a la consultoría se basa en la honestidad, la confianza y la idoneidad profesional estricta y pre comprobada que es exigida por los clientes cuando se requieren trabajos serios en cada materia y en fuerte competencia abierta con otras firmas de la industria. Muchas veces hemos escuchamos a los consultores verdaderos -nacionales e internacionales- quejarse que las empresas no contaban con recursos para implementar sus proyectos y propuestas de innovación, estrategia y nuevas tecnologías provenientes del estado del arte de la industria de la consultoría mundial para modernizar sus gestiones y/o crecer.
Pero lo que interesa a los corruptos, o potenciales corruptos o a los que buscan prospectos corruptibles, es que haya recursos de dimensiones tales que valga la pena acceder a ellos y correrse los riesgos. Por eso es tan importante disponer de información sobre los volúmenes de recursos que actualmente posee el país, en qué manos están y quiénes los manejan.
Como país pequeño los recursos económicos también lo son, en relación al mundo desarrollado, pero son suficientemente importantes para quienes se interesen en obtenerlos en formas ilegítimas y aún para aquellos que en su discurso abominan del lucro.
Nuestras estimaciones de recursos (hasta ahora no refutadas) de donde podrían haber salido los montos de marras podrían ser las siguientes: (a) el total de los recursos nacionales, públicos y privados, deben ser muy superiores a los 20 “millones de millones de dólares”, (b) el PIB del país, en los últimos 25 años, a precios actuales, fue superior a los 3 “millones de millones de dólares”, y (c) el presupuesto público en el mismo período fue superior al “millón de millones de dólares”, por lo que se debe entender que hay un volumen de recursos como para incentivar -en forma legítima y también ilegítima- a muchas personas, traspasando altos o muy altos montos y que, sin embargo, signifiquen sólo pequeñísimas fracciones del total de los recursos nacionales del último cuarto de siglo.
Este escenario de la corrupción probablemente seguirá por décadas y si algunos legisladores ya están señalando que hay que cambiar algunas leyes porque las apoyaron personas que tuvieron relaciones ilegítimas con las empresas beneficiadas. Tenemos razón entonces para pensar que como no ha habido legislador que haya demostrado que no ha recibido en su vida dineros ilegítimos de parte de empresas u otras fuentes nos asalta la duda de si hay alguna ley aprobada en los últimos años que lo sea y, por lo tanto, ¿estaría todo viciado y re viciado? No hay soluciones simples a situaciones complejas, más aún si “no se no se ha definido bien el problema de la corrupción nacional” y, por lo tanto, mucho menos sus causas, ni menos se ha propuesto un modelo integral de solución y una estrategia de largo plazo para resolverla, y en cambio se ha elegido el camino de muchas medidas sueltas. Por lo tanto los que estén libres de corrupción…(si los hay en ese ambiente) que le pongan cascabel al gatorrupto.
La verdadera industria de la consultoría por otra parte contenta. Si se destina menos recursos para la corrupción, quizás haya más recursos para la reinversión en las empresas destinados a proyectos con informes no truchos y la implementación de soluciones que las hagan más competitivas, para enfrentar los complejos escenarios de competencia e innovación que se les avecinan a todas ellas y también a todo nuestro país para competir en el cada vez más agresivo mercado global.
¿No debiese acaso ser un Derecho Constitucional de los ciudadanos chilenos el vivir en un país libre de corrupción?