En entrevista de prensa, el relator especial de Naciones Unidas para asuntos indígenas, James Anaya, criticó ayer la situación del pueblo mapuche en Chile, a pocos días de las elecciones presidenciales. El funcionario asegura que «parece haber un constante ciclo de violencia», e indicó que el gobierno de Michelle Bachelet «ha establecido un esfuerzo especial» en el tema, pero que son necesarios avances mayores.
Prioritariamente, apuntó a la situacion de los niños mapuches y a los atropellos que éstos han sufrido en operaciones represivas masivas en las zonas rurales del sur del país. «Los niños merecen una especial protección y el Estado debe ser muy cauteloso», planteó.
«Parece haber un constante ciclo de violencia», alertó Anaya, quien dijo que ha seguido en contacto con las autoridades en Chile donde un 8% de la población pertenece al pueblo mapuche.
Anaya opinó que la situación «tiene raíces históricas y dimensiones estructurales», comentando que existe «una frustración de la gente mapuche por no ver sus demandas atendidas, según ellos».
No obstante, el funcionario indicó que el gobierno de Michelle Bachelet «ha establecido un esfuerzo especial» en el tema, pero que son necesarios avances mayores.
El Relator Anaya realizó una visita oficial a Chile en abril de 2009 y presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un Informe de Recomendaciones al Estado de Chile para que éste adapte sus políticas a las normas internacionales de derechos de los pueblos indígenas.
El Relator Anaya continuará el seguimiento de sus recomendaciones a Chile, Estado que integra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Anteriormente, el representante en Chile de UNICEF, Gary Sthal, cuestionó también esa misma situación y criticó además la falta de canales adecuados para recibir las denuncias contra la policía. Anaya coincidió con ese planteamiento, que a juicio de abogados de derechos humanos impide evitar los abusos policiales.
El caso más emblemático fue el ataque de la policía con gases lacrimógenos a una escuela rural en la comunidad de Temucuicui, donde había 32 menores. «Los niños se ahogaron, pero no pasó más que eso», dijo en su minuto el ministro para Asuntos Indígenas José Antonio Viera-Gallo, tras el hecho.
La crisis, que dejó tres indígenas muertos desde 2002, sigue agitándose en el sur del país, donde unos 50 activistas de la causa mapuche están presos, aunque la mayoría sin condena.
Organizaciones de derechos humanos y de la propia etnia sostienen que la actuación de la policía enloda la imagen internacional del gobierno de Michelle Bachelet en derechos humanos.
La crisis, sin embargo, tiene otros matices. La etnia mapuche está dispersa en las zonas rurales en 2.200 comunidades, cada una de las cuales tiene un «lonko» (jefe) y un «werkén» (vocero), pero además una concepción diferente del conflicto y su vía de solución.
Por ello, históricamente ha sido imposible negociar con ellos como una sola unidad. Ya supieron de ellos los imperios inca y español, cuyas fronteras fueron justamente las tierras de los mapuches, que jamás aceptaron una ocupación, asegura el relator ONU.
Agencia DPA
Fuente: www.politicaspublicas.net