Por coimas de Corpesca a parlamentarios crece presión para derogar Ley Longueira

Desde que se encontraba en discusión parlamentaria la ley de pesca, más conocida como “Ley Longueira”, tenía sobre sí un manto de dudas, dadas las fuertes presiones que desde las grandes empresas pesqueras se emitían. De igual manera los parlamentarios de zonas relacionadas con la ley presentaban señales contradictorias respecto a su posición frente a este proyecto.

Así, finalmente, la ley de pesca terminó aprobándose en condiciones muy beneficiosas para las grandes empresas pesqueras y dejando en condiciones precarias, y al borde de la extinción, a la pesca artesanal. Tras su despacho se dieron a conocer los primeros indicios de los aportes monetarios que fueron entregados por Corpesca a la diputada UDI Marta Isasi. De esa denuncia pasamos a una larga lista de parlamentarios involucrados en la recepción de “aportes” monetarios que están siendo investigados por la Fiscalía de Delitos Económicos de Alta Complejidad y el Servicio de Impuestos Internos, entre los que destacan los de Jaime Orpis.

Juan Carlos Cárdenas, director de la ong Ecoceanos, señala al respecto que «ante la evidencia que está entregando la Fiscalía de Delitos Económicos de Alta Complejidad y el Servicio de Impuestos Internos, se comprueba lo que ya es vox populi: que la ley Longueira que privatizó el patrimonio pesquero de la Nación, es hija de los dineros empresariales y de la corrupción de parlamentarios».

En esta línea, el senador Alejandro Navarro (MAS) en conversación con El Ciudadano expresa que “El parlamento está bajo fuego cruzado. Aún no termina el estruendo que ha provocado el saber que hay parlamentarios que recibieron donaciones para sus campañas en el transcurso del debate de la ley de pesca, las que son ilegales y que rayan en el cohecho. Hoy parlamento está recién asimilando que se aprobó una ley espuria, que tiene un pecado original: se hizo a través del lobby, a través financiamiento ilegal y que se aprobó con severos cuestionamientos”.

En tanto, el diputado y miembro de la comisión de Pesca de la Cámara, Daniel Núñez (PC), declaró a El Ciudadano que “Nosotros consideramos, tomando en cuenta los antecedentes en torno a la compra de votos que hizo Corpesca para asegurarse el negocio de la propiedad de las especies pesqueras del país en detrimento de la pesca artesanal, que esta ley tiene un marco de ilegitimidad que nos permite cuestionarla y la figura idónea es la anulación de la ley, dado que no se dieron las condiciones que respete la soberanía popular”.

En este sentido, el senador Navarro precisa que “yo no hablo de anulación, yo hablo de derogación es decir que la ley tal como está no sirve. Lo que hay que hacer es discutir una nueva ley. Al mismo tiempo, es necesario apuntar a la creación del ministerio de la Pesca e Intereses Marítimos, para ponernos a la altura del contexto mundial y con un potencial pesquero de primer orden. La actual institucionalidad pesquera está agotada y requiere una transformación”.

Por ello, y  como una forma de ejercer presión desde la ciudadanía y las organizaciones sociales,  se ha llevado a cabo una campaña de recolección de firmas para solicitar tanto al gobierno y como el parlamento que se derogue la ley y que se lleve a cabo un nuevo trámite legislativo que decante en una nueva ley de pesca «la campaña nacional de firmas pro-nulidad de la ley Longueira ya ha logrado reunir en su primera semana 22.000 firmas, a lo que se suma un creciente apoyo de senadores y diputados, para investigar o anular esta ley que ha permitido la mayor expropiación de bienes nacionales del período posterior a la dictadura cívico-militar, y la pérdida de derechos del 90 por ciento de los pescadores artesanales y la eliminación de los pueblos originarios».

Finalmente, el diputado Núñez señala respecto a las condiciones que debiera tener una nueva ley de pesca “tiene que basarse en la sustentabilidad de los recursos pesqueros, en un equilibrio del desarrollo de la industria pesquera y la artesanal, y el uso de los recursos en forma acotada y no en las extensas concesiones que se entregaron con esta ley. Se debe definir que los recursos pesqueros y marinos se mantienen como propiedad de todos los chilenos, con uso acotado y que han trabajado históricamente en el mar tengan un trato prioritario”.