¿Una oposición sin medios?

Hacia la mitad de diciembre la vocera del Comando de Frei envió una carta pública a Jorge Arrate y al Juntos Podemos Más: les ofrecía incluir en el programa de la Concertación doce compromisos “por la democratización y el avance social”.

El texto, que no tuvo mayor trascendencia pública desde entonces, dedicaba el séptimo compromiso al “fomento del diálogo democrático” y al fortalecimiento de los medios de comunicación sin fines de lucro, para que “la totalidad de los sectores políticos del país dispongan de medios de comunicación”. La oferta se refería a fondos públicos, sistemas de donaciones y subsidios al crédito.

El compromiso también se extendía a la creación, a partir de TVN, de un canal de televisión para asegurar un instrumento público de libre acceso, con contenidos culturales y artísticos que otorgue espacios a todas las formas de pensar y con financiamiento que asegure su funcionamiento. “Coincidimos en que una forma para ofrecer mejor programación y de garantizar la diversidad de contenidos y visiones para todos los chilenos y chilenas, es  asegurar un mínimo de 50 por ciento de producción nacional en su programación. Así también, se debe proveer por parte del Estado un número determinado de frecuencias radioeléctricas, para que organizaciones de base y/o estudiantiles de todo Chile presenten proyectos de radios locales legales y accedan a su implementación y financiamiento a través de los diferentes fondos concursables”.

El texto, escrito por representantes de la Concertación, se estrella de manera frontal con todas y cada una de las políticas comunicacionales que ha tenido esta coalición desde que asumió el poder en 1990. No podemos dejar de recordar a la dupla Correa-Tironi y su placentera entrega de las políticas de comunicaciones al libre mercado (léase El Mercurio y La Tercera), el estrangulamiento de las radios independientes y comunitarias con una ley que acotaba su cobertura a pocas manzanas, y la posterior muerte, como efecto del mercado, de numerosos medios escritos de izquierda y populares. Correa y Tironi, hoy asesores de los grandes intereses corporativos y uno de ellos ya virtual simpatizante de Sebastián Piñera, marcaron el rumbo de criterios no sólo basados en la omisión estatal respecto a los medios de comunicación.

Durante los siguientes gobiernos de la Concertación hubo, sin lugar a dudas, una enfática intención desde la más alta institucionalidad para obstaculizar la subsistencia y creación de medios de comunicación. El caso CLARIN, cuyo juicio en el tribunal internacional del CIADI ha cruzado varios gobiernos, los que han hecho lo posible e imposible para negar la indemnización a sus legítimos propietarios e impedir la reaparición del popular periódico, es probablemente el que expresa con claridad palmaria la visión que ha tenido la Concertación con los medios ligados al pensamiento de izquierda. Pero no es el único: la entrega con deleite de prácticamente toda la inversión publicitaria de los ministerios y organismos públicos a El Mercurio y La Tercera, en perjuicio de otros medios escritos independientes, expresa también esta política manifiesta.

Lo que comenzó durante el gobierno de Patricio Aylwin ha seguido hasta el de Michelle Bachelet. Así podemos recordar que durante este gobierno la revista Punto Final, ante esta caprichosa manera de distribuir los recursos públicos, que favorecen a diarios abiertamente de la derecha, ha debido interponer una demanda ante el tribunal de la libre competencia para reclamar un poco de justicia en un universo de arbitrariedades. Y también podemos recordar, en relación a CLARIN, las palabras del actual ministro de Economía, que ha considerado “erróneo y con deficiencias” el fallo que obliga al gobierno a pagar la indemnización.

La carta del comando Frei, ante estos y muchos otros hechos, parece un mal chiste. Tal vez también refleje la mala conciencia de la Concertación ante la censura de otras formas de pensamiento, cuya expresión han de ser propias en cualquier estado de Derecho, pero a la vez manifiesta algo mucho más evidente, que es la constatación del daño ya hecho y cuyos efectos podrían prolongarse durante mucho tiempo: la Concertación, en caso de perder las elecciones del 17 de enero, no tendrá medios de comunicación afines. No sólo desaparecerá como autoridad de gobierno, sino, como oposición, quedará al antojo de los grandes medios de la derecha.

La experiencia de La Epoca y Diario Siete reflejan con claridad la dificultad de competir con el duopolio, alimentado por la dictadura y reforzado por la Concertación hasta convertirlo en una sólida barrera para el ingreso de cualquier otro periódico sin millonario financiamiento. El poder ubicuo obtenido por estos dos consorcios, efecto de las políticas, omisiones y oportunismos de la Concertación, llevarán a una eventual derecha en La Moneda a tener un poder similar al gozado en tiempos de la dictadura. Esta vez, y sin violaciones a los derechos humanos, este sector podría volver a detentar por más de una década el poder total. Con una buena dosis de demagogia, medios incondicionales y farándula, el trabajo no será difícil.

Para la Concertación, será recoger lo por ellos sembrado.

Por Paul Walder

El Ciudadano