Hace algunos días, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Temuco, en favor de 20 comuneros mapuche, denunciando la actuación de Carabineros, quienes los habrían interceptado violentamente cuando pasaban cerca del fundo de la familia del diputado Germán Becker.
También, hace unas semanas resultó completamente quemada la casa de Gabriel Sandoval Ñancupil, funcionario de la Subdirección Nacional de Temuco de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi. En la oportunidad, cuatro encapuchados llegaron hasta la vivienda de Sandoval Ñancupil, agredieron a su esposa e incendiaron el inmueble.
Además, los agricultores de la zona están dejando de invertir unos $55 mil millones al año ante el clima de inseguridad que se vive en la región desde hace años, donde han sido objetivo de ataques por parte de encapuchados, acción que se atribuye a personas de la etnia mapuche o a grupos a favor de ellos.
Ante el clima hostil en La Araucanía, el Gobierno propuso un proyecto de seguro a bienes muebles e inmuebles para las personas que resulten afectadas, tanto víctimas mapuches como los que no lo son.
Temas de fondo no solucionados
Ante este escenario, el sociólogo e investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, Dr. Cristián Parker Gumucio, explica que “en la medida en que no sean solucionados ciertos temas de fondo entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile, el conflicto obviamente va a tender a agravarse, porque esto se viene conversando desde el retorno a la democracia. Si bien es cierto, hay un conjunto de leyes de políticas indígenas que se han ido implementando, además del conjunto de modificaciones donde se ha tratado de responder, no se ha actuado de manera correcta, coherente y sistemática al conjunto de demandas que son fundamentales, por lo que este conflicto tiene alicientes”.
“Hay que extinguir un conjunto de causas, posiblemente la más visible del conflicto inmediato es el problema de tierras, sin embargo, más allá de dicho ítem, está el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluso el reconocimiento constitucional que está pendiente”, agrega.
En cuanto al análisis de comportamiento, el experto de la Universidad de Santiago destaca que “en el pueblo mapuche hay muchas posiciones. La inmensa mayoría de ellas son moderadas y pacifistas, pero un pequeño grupo plantea una lucha y resistencia violenta, cuyos integrantes son los que arrastran a los demás y llevan el conflicto a su límite”.
Estado centralista
“El Estado ha sido muy centralista, por lo mismo no se preocupa de lo que está sucediendo en regiones, con problemas étnicos gravísimos, donde no se le da toda la relevancia”, añade Parker.
Expresa que “las personas afectadas con la violencia merecen obviamente todas las garantías de seguridad, en condiciones de que su convivencia diaria no sea alterada y su actividad productiva no sea estropeada. Sin embargo, hay un tema sobre el actuar de las fuerzas policiales, donde aparecen muy represivas, lo que despierta mayor violencia a los conflictos”.
“Tienen que haber actividades de análisis de la situación, los juicios tienen que ser más asertivos, buscando efectivamente a los culpables y no inculpando a personas que no tienen nada que ver. Por lo mismo, la justicia tiene que actuar con mayor transparencia y las posiciones tienen que llegar a una mesa que establezca un diálogo entre los comuneros con sus vecinos que no son mapuches, con medidas de seguridad más claras”, puntualiza el experto.
Finalmente, Cristian Parker indica que “hay que encausar estas demandas, sobre todo por los grupos mapuche no violentistas, en la vía de las negociaciones políticas para no dar pie para que estas medidas extremas puedan seguir cundiendo. Entonces, el Estado y la sociedad chilena estamos provocando todo esto, en la medida que no escuchamos como corresponde, por lo que hay que analizar qué medidas concretas se pueden adoptar, porque las actuales, no han resultado”.
El Ciudadano
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