Presentan nueva querella por violencia sexual en Dictadura

Entre el 19 y el 21 de junio de 1974 Ana María Campillo Bastidas fue detenida y sacada del domicilio de su pareja en la comuna de La Reina, y fue llevada a los subterráneos de la Plaza de la Constitución, contigua al Palacio de La Moneda, donde fue interrogada y torturada.

Días después la dejaron en libertad, pero luego volvió a ser detenida y trasladada al mismo recinto donde nuevamente fue torturada y violada en reiteradas ocasiones por miembros del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR).

Al cumplirse 41 años de estos hechos, Ana María Campillo presentó una nueva querella criminal ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra todos quienes resulten responsables de secuestro agravado y violencia sexual como forma de tortura, entre otros delitos.

Según sostuvo su representante, Daniela Quintanilla, abogada de la Corporación Humanas, si bien hubo una política de represión estatal generalizada, existió una especificidad en la práctica de tortura que, en el caso de las mujeres, tuvo una connotación sexual, generalizada y sistemática. Sin embargo, esas agresiones y violaciones reiteradas siguen impunes.

Esta acción se suma a las mujeres que han presentado acciones similares como Patricia Herrera y Alejandra Holzapfel, las que siguen en trámite en la Justicia, demostrando la apertura de los Tribunales a reconocer la especificidad de los vejámenes que sufrieron las mujeres. No obstante, a ello, no ha existido una sentencia judicial directa que responsabilice penalmente a los agentes involucrados por los delitos de connotación sexual.

Esto pese a que el testimonio del secuestro de Ana María Campillo Bastidas  fue entregado ante la Comisión de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) y que el secuestro, la tortura, la violación y los abusos deshonestos están tipificados en el Código Penal, donde se establece que la violencia sexual como tortura “es un crimen de lesa humanidad”.

Pese a esta lentitud en lo Judicial, la querellante en compañía de la Corporación Humanas ve en esta oportunidad de hacer Justicia una vía para contribuir con su testimonio a la memoria histórica a nivel nacional. Por lo mismo, solicitaron al Ministerio de Bienes Nacionales la incorporación del lugar de los hechos, Plaza de la Constitución, en la ruta oficial de la memoria.

Según indicó la propia Ana María Campillo, por este lugar pasaron muchas personas, por lo que este paso “es de una gran importancia simbólica, para el país, la patria y la democracia”.

por Paula Correa en Radio Universidad de Chile