Insatisfacción por Ley de Radios Comunitarias

Periodistas, radios comunitarias y otros medios independientes consideran que la Ley de Radios Comunitarias despachada por el Congreso no tiene estándares internacionales de libertad de expresión y acusan las manos de la ARCHI en su discusión

Mauricio Becerra

04/02/2010 8:07am

En una declaración se acusa que el proyecto de ley hace un reconocimiento insuficiente a la sociedad civil como actor en la radiodifusión, se mantiene el acceso discriminatorio a las frecuencias sonoras, se limita el derecho a la sostenibilidad económica de las radios comunitarias, y se consagra el derecho preferente y la renovación automática de las concesiones.

También dichas organizaciones ciudadanas llaman a despenalizar la actividad radial comunitaria de quienes están fuera del sistema de frecuencias concesionadas, como ha ocurrido en los meses recientes con la persecución policial de que fue objeto la radio Placeres de Valparaíso y otras radios comunitarias en Santiago.

Entre los firmantes está María Pía Matta, presidenta Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina y el Caribe, AMARC ALC; Rosario Puga, de la Corporación La Morada y Radio Tierra; Paulina Acevedo, de la Red de Medios de los Pueblos; Juan Enrique Ortega, de ECO; Andrea Gamboa Castro, de Iniciativa Kaskawilla; Sebastián Feliz, de Radio Encuentro de Peñalolén; Claudia Lagos, del Programa de Libertad de Expresión Universidad de Chile y Alvaro Ramis, presidente de Acción, Asociación Chilena de ONGs.

Todos ellos denuncian presiones y maniobras del gremio empresarial de radiodifusores en el despacho de la ley, acusando a la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, de que intentó utilizar este proyecto de ley para perpetuar sus privilegios haciendo uso abusivo de derecho preferente.

El proyecto aumenta el plazo de las actuales concesiones de 3 a 15 años y define que el titular que se la adjudique gozará de derecho preferente para su renovación. La ley establece que bajo ningún motivo se podrá transferir, arrendar, ni otorgar el derecho de uso de la concesión.

Los También hacen un urgente llamado a la presidenta Bachelet a frenar la persecución a las radios comunitarias y despachar con máxima urgencia un proyecto de ley para derogar el artículo de la Ley general de telecomunicaciones que sanciona con penas de cárcel e incautación de equipos, a aquellos radiodifusores comunitarios que transmiten sin licencia.

Además invitan a la ciudadanía a suscribir este pronunciamiento y a impulsar acciones decididas por la libertad de expresión.

LEY A MEDIAS TINTAS

El Senado aprobó esta semana la el proyecto de ley que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, el que dará un nuevo régimen jurídico a las emisoras comunitarias sin fines de lucro. El proyecto fue aprobado por 23 votos a favor y una abstención. el mismo día fue también despachado por la Cámara de Diputados, por lo que dicha iniciativa sólo espera la firma presidencial para ser ley.

Se estima en 380 las emisoras comunitarias en todo el país.

El proyecto contempla crear un Consejo de Radiodifusión Comunitaria, el que decidirá y regulará quienes pueden postular a las concesiones.

También busca ampliar la cobertura territorial de las emisoras de 1 a 25 watt y en zonas apartadas hasta 40 watt. Además permitirá que las radios puedan generar recursos propios para autofinanciarse.

LA DECLARACIÓN:

Ante la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que crea “los servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana”, y su consiguiente despacho a Ley, los abajo firmantes expresamos:

1.- La iniciativa legal, que pasa a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, si bien es un avance respecto a la Ley de Mínima Cobertura de 1994, reconoce de manera limitada el lugar de la sociedad civil para administrar medios de comunicación y no garantiza el ejercicio de la libertad de expresión a todos los sectores por igual.

2.- Asimismo, el proyecto, que otorga estatuto legal a las radios comunitarias, no elimina la inequidad en el acceso al espectro radioeléctrico, como bien de uso público y patrimonio de la humanidad, pues se promueve la perpetuidad en el uso de las frecuencias en base al derecho preferente existente en Chile para renovar concesiones.

El Estado de Chile, al haber suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, está obligado a legislar atendiendo los estándares interamericanos de libertad de expresión, que establecen que el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión debe garantizar igualdad de oportunidades a todos los sectores sociales.

En este sentido, la consagración del derecho preferente y la renovación automática de las concesiones, sin plazos de vencimiento consagrados en la ley, hacen infructuoso cualquier intento de garantizar la diversidad y pluralidad en los medios, ya que protege a los radiodifusores que gozan de esta prerrogativa impidiendo el ingreso de nuevos actores.

La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA recomienda a los estados que sus políticas públicas de administración de las frecuencias radioeléctricas incluyan una reserva equitativa en todas las bandas de radiodifusión para el acceso de medios comunitarios y otros actores no comerciales, como forma de garantizar y promover la libertad de expresión. Existen legislaciones como la argentina que han acogido estas disposiciones, considerando la distribución equitativa del espectro entre los sectores público, privado y comunitario ciudadano.

3.- Con la emisión de publicidad local autorizada en la iniciativa, la ley limita el derecho de sostenibilidad económica de las radios comunitarias, restringiendo las estrategias de financiamiento sólo al ámbito local territorial en el que se encuentran estas emisoras. Esta disposición lesiona de manera grave la libertad de fundar, sostener y mantener medios de comunicación.

4.- Frente a la persecución a radios comunitarias, ocurridas en democracia, demandamos al Gobierno de la Presidenta Bachelet a tramitar con suma urgencia en el Congreso un proyecto de ley que derogue el artículo 36 B (a) de la Ley General Telecomunicaciones, que sanciona con penas de cárcel e incautación de equipos, a aquellos radiodifusores comunitarios que transmiten sin licencia.
Ninguna legislación que cumpla con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión puede hacer uso del código penal para sancionar el derecho a la libre expresión de la ciudadanía.

5.- Finalmente, como organizaciones de la sociedad civil denunciamos ante la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, la manipulación del proyecto de ley de radiodifusión comunitaria promovido por la ARCHI, que, mediante el artículo 6 transitorio aprobado en la Cámara de Diputados, intentó otorgar un “perdonazo” a 35 concesionarios, en su mayoría comerciales, para renovar fuera de plazo sus frecuencias, haciendo uso arbitrario del derecho preferente y contraviniendo el espíritu de la ley.

María Pía Matta
Presidenta Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina y el Caribe, AMARC ALC

Natacha Gómez
AMARC Chile

Raúl Rodríguez
Escuela de Periodismo Universidad de Chile

Rosario Puga
Corporación La Morada/ Radio Tierra

Paulina Acevedo
Red de Medios de los Pueblos

Juan Enrique Ortega
Eco, Educación y Comunicaciones

Andrea Gamboa Castro
Iniciativa Kaskawilla

Sebastián Feliú
Radio Encuentro de Peñalolen

Claudia Lagos
Programa de Libertad de Expresión Universidad de Chile

Alvaro Ramis
Presidente de Acción, Asociación Chilena de ONGs

SUSCRIBEN

Pedro Lemebel
Escritor

Vicente Parrini
Periodista, Observatorio FUCATEL