Mientras aumenta la tensión en territorios mapuches, surge una nueva herramienta de resistencia y defensa desde los propios indígenas frente a un Estado en cuya justicia no confían. “Nosotros como comunidad estamos prácticamente todos encarcelados, y el que no está en la cárcel está con alguna medida cautelar con arraigo”, relató a IPS Antonio Cadín, Werkén (vocero) de la Comunidad Juan Paillalef, ubicada a 730 kilómetros al sur de la capital.
Este dirigente mapuche cumple prisión de cinco años y un día, con beneficio de reclusión nocturna, por atentado contra la autoridad y desórdenes. Su esposa, la Lonko (máxima autoridad tradicional) Juana Calfunao, cumple condena de cuatro años y medio por el mismo delito. La hija menor de ambos, de 12 años, pidió asilo político en Suiza hace más de un año.
Cadín sostiene que la protesta de su pueblo es contra la indiferencia y la represión sostenida desde los inicios del Estado chileno, y que no ha encontrado respuestas en los últimos veinte años de vida democrática.
“No ha habido un reconocimiento hacia nuestra estructura político, social y jurídica que tenemos como pueblo, no se ha respetado a las autoridades tradicionales y no se ha respetado el derecho territorial”, enfatizó.
Para luchar por sus derechos y enfrentar las injusticias de que sostienen ser objeto, la Comunidad Juan Paillalef se coordinó con más de veinte comunidades mapuche para impulsar la creación del Defensor Social Autónomo Mapuche.
Esta inédita defensoría se basa en los lineamientos de sus autoridades tradicionales junto a “seis abogados, más un equipo multidisciplinario que son psicólogos, asistente social, antropólogo y sociólogo, para acompañar los informes ante los tribunales cuando los hermanos estén siendo enjuiciados”, dijo Cadín.
Para el abogado del Observatorio Ciudadano Matías Meza-Lopehandia, la generación del Defensor Autónomo es un signo de madurez del movimiento en sus derechos y autonomías.
“Tienen que ver con esto, con que los pueblos indígenas se hacen cargo de sus propios problemas, revalidan sus propias organizaciones, y ese es el proceso que se está viviendo hoy día”, indicó el jurista.
Los mapuches constituyen el pueblo originario más numeroso en Chile, con cerca de un millón de personas. Casi la mitad vive en la capital y el resto principalmente en la región de la Araucanía, a unas 10 horas al sur de Santiago.
Es precisamente en esa zona donde el conflicto se enciende con ocupaciones de predios, quemas de camiones forestales o bosques que reclaman como ancestrales.
Seis atentados incendiarios han ocurrido en lo que va del 2010, cuatro de los cuales se habría atribuido la Coordinadora Arauco Malleco.
“No tenemos duda que el trabajo de las policías y de los fiscales permitirá atrapar a estos delincuentes, ponerlos tras las rejas, y nosotros esperamos que la Justicia aplique, como en todos los casos anteriores, el máximo rigor de la ley”, dijo el ministro del Interior interino, Patricio Rosendea, a la prensa ante el último episodio.
Durante enero se conoció la formalización cargos de cuatro mapuches, entre ellos un menor de edad, bajo la Ley Antiterrorista, por su supuesta participación en un ataque incendiario; y otros 23 mapuche también fueron llamados por la justicia por supuestas amenazas y asociación ilícita terrorista.
Pero también se interpusieron dos querellas criminales por torturas, una cometida por policías a un mapuche de la Comunidad Temucuicui, y otra que presentó el Defensor Jurídico Autónomo Mapuche en contra de Gendarmería –encargada de la seguridad penitenciaria- por tortura y apremios ilegítimos cometidos por contra una mujer de la comunidad Juan Paillalef.
Para el abogado no es un indicador de que el conflicto se haya recrudecido en la Araucanía ni que efectivamente todos los hechos que se les imputan sean causados por mapuche.
Actualmente hay 52 indígenas encarcelados -que se autodenominan como “presos políticos mapuche”-, imputados por actos de violencia en el marco de sus reivindicaciones.
Cuarenta de ellos están procesados o cumplen condenas de hasta 10 años de prisión por supuestos delitos terroristas, en hechos donde, según observa Meza-Lopehandia, nunca hubo “desprecio por la vida humana” ni muertos como consecuencia, como supone el concepto de terrorismo
Como contraste, por dar muerte al joven comunero Matías Catrileo, la sentencia del tribunal militar determinó que el policía uniformado responsable de su muerte tendrá una condena de sólo 2 años con pena remitida, es decir, no cumplirá prisión efectiva.
La Ley Antiterrorista, promulgada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), según diversos organismos de derechos humanos no es aplicable a la protesta mapuche.
Investigaciones judiciales secretas, uso de testigos protegidos que impiden una legítima y oportuna defensa, aumento de la detención preventiva y duplicación de las penas para los condenados son algunos de sus vicios.
Según detalla el abogado se rompe la presunción de inocencia, manteniendo privados de libertad a indígenas que se “presumen culpables” sin, muchas veces, existir pruebas contra ellos.
También genera preocupación que en la práctica rebaja el estándar de acción y respeto a los derechos fundamentales desde policías y fiscales.
La lógica que hay detrás de la Ley Antiterrorista es la lógica del “derecho penal del enemigo”, analizó Meza-Lopehandia. “Entonces, se deshumanizan, ya no son objetos de derecho, se los puede torturar”, agregó.
En octubre pasado, el representante de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en este país, Gary Stahl hizo un llamado “a parar la violencia que involucra a niños, de cualquier lado que venga”, luego de reunirse con tres ministros del gobierno de Michelle Bachelet para manifestarles la preocupación del organismo internacional frente a las graves denuncias de violencia policial contra niños y niñas mapuche.
Todas esta situación explica que muchos indígenas no confían en el Estado ni en la defensoría pública que les ofrece, buscando sus propios instrumentos como el Defensor Autónomo Mapuche.
“No hay garantías” en procesos judiciales “manipulados por el Estado”, señaló a IPS el coordinador el Defensor Autónomo, argumentando que “te persigue con la policía, te pone el fiscal y por otra parte te pone abogados (…) defensores públicos que obedecen a un sistema y obedecen a un patrón político del Estado, y a un patrón de intereses económicos de este país”.
PROYECCIÓN ANTE NUEVO GOBIERNO
Las diversas organizaciones mapuches no creen que la política del Estado variará con el gobierno de Sebastián Piñera, en cuanto a seguir negando sus derechos, pero sí temen aumente la represión y la aplicación de la Ley Antiterrorista.
El derechista Sebastián Piñera, que asumirá el gobierno en marzo, amenaza burlar parte de su forma colectiva de organizarse como una de sus estrategias para apagar el foco de protesta.
Su política de tierras la enfocará en la entrega de subsidios individuales y no reconociendo derechos colectivos, lo que podría aumentar el nivel de conflictividad.
Piñera también apunta a reestructurar la institucionalidad pública dedicada a temas indígenas para, según él, hacerla más eficiente.
Pero “cualquier cambio en la institucionalidad de los pueblos indígenas hoy día no se puede hacer sin consulta a los pueblos indígenas”, advierte el abogado, en referencia al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas que el 15 de septiembre entró en vigencia en Chile
El relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya señaló el uso de la ley antiterrorista y la extrema violencia en la Araucanía, entre los temas que le preocupan, llamando al nuevo gobierno a respetar los acuerdos en materias indígenas.
Para Meza-Lopehandia es fundamental dar ciertas señales como la “desmilitarización del territorio mapuche, amnistía a los presos”, y hacer un reconocimiento y pedir perdón “no sólo por las atrocidades que se cometieron 100 años atrás, sino las que se han cometido los últimos veinte años”
Pamela Sepúlveda
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