Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estudian la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (México), han denunciado el entorpecimiento de la investigación por parte del gobierno del país.
De acuerdo a lo señalado por los cinco miembros del equipo en rueda de prensa celebrada en la capital mexicana, de las 100 peticiones de información hechas al ejecutivo, solo un 30 por ciento han sido atendidas de forma completa.
Una de las solicitudes pendientes es la entrevista con los militares del 27 batallón de infantería de Iguala que la noche de los hechos tuvo contacto con varios de los jóvenes, que más tarde serían asesinados a tiros por mandato del entonces alcalde, José Luis Abarca. Según la fiscalía mexicana, los alumnos fueron detenidos por policías locales y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron y quemaron en un basurero.
La petición continúa analizándose tres meses después de su presentación, de acuerdo a lo señalado por el gobierno, lo que para los expertos limita a todas luces los esfuerzos por avanzar en la investigación del caso.