Hay un debate abierto -uno de tantos- en la vida política y social de Chile: la reposición del voto obligatorio. Desde las elecciones municipales de 2012, la decisión de acudir a las urnas a depositar un voto es voluntaria, pero cada vez son más los personajes políticos que alzan la voz en defensa de la reposición del sufragio obligatorio.
Carla Amtmann, directora de la Fundación Crea, explicó en conversaciones con El Ciudadano que la reposición del voto obligatorio es «sumamente incorrecta«. Esta profesora de historia nacida en Valdivia defiende que los políticos que apoyan volver a la obligatoriedad del voto creen que «pueden solucionar la crisis de legitimidad profunda por la que atraviesa la clase política con medidas de forma, cuando en realidad aquí hay un problema estructural«.
Parlamentarios, como el diputado del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, se han posicionado sobre esta temática y han afirmado estar a favor de la reposición de la obligatoriedad del voto, argumentando que el voto voluntario fue un error. La directora de la Fundación Crea considera que la forma de incentivar a la población para que participe en la política «no viene a través de medidas coercitivas«, sino haciendo que el ejercicio votante vuelva a ser útil y a tener sentido.
«Hay que refundar en el país el ejercicio democrático» y para ello, defiende Carla Amtmann, «es necesario un proceso constituyente real«. La presidenta de la Fundación Crea propone también «quitarle poder a la elite política, implantar un mayor control al ejercicio de los políticos y del gran empresariado; y eliminar la concentración económica«. Si el gobierno no toma y pone en práctica ese tipo de medidas estructurales, explica Amtmann, «todo lo demás va a ser imposición del orden o una profundización de la crisis de legitimidad«.
La reposición del voto obligatorio, defiende Carla Amtmann, «es un reflejo de las medidas desesperadas que surgen de una elite política que está en tela de juicio permanentemente y que revela que no tiene ni idea de dónde están parados«. La presidenta de Fundación Crea comparte con nosotros que, lamentablemente, la vuelta al voto obligatorio «es parte de una multiplicidad de medidas que van a empezar a aparecer como salida a la crisis basadas en la imposición de un orden«. Para hacer frente a este horizonte que se aproxima, Carla defiende que es necesario que la fuerza social se organice, pues en estos momentos hay «un descontento generalizado pero no organizado«.
Precisamente sobre este mismo tema también hemos hablado con el coordinador ejecutivo de Fundación Chile Movilizado, Juan Pablo Sanhueza. El estudiante de derecho explica que Chile Movilizado redactó la propuesta de un cuarto poder del Estado: el poder ciudadano. Se trata de reagrupar instituciones que funcionan -o deberían funcionar- al servicio del pueblo, y desarrollar «una serie de de instrumentos que permitan a la ciudadanía ejercer un rol fiscalizador con la clase política, un rol protagónico en el ejercicio de la política para que, finalmente, se sientan más identificados«.
Sobre el voto obligatorio, el coordinador ejecutivo de Fundación Chile Movilizado, expresó en conversaciones para este medio que es «una especie de invisibilización de la actual coyuntura política«. El estudiante defiende que el voto voluntario es positivo porque permite visibilizar el descontento de la sociedad «no sólo con un partido político sino con la estructura democrática en general«.
El coordinador ejecutivo de Fundación Chile Movilizado explica que desde su fundación apoyan la existencia del voto voluntario porque consideran «que la política no puede ser forzada por mecanismos coercitivos hacia la ciudadanía (…) La solución no pasa por voto voluntario u obligatorio, sino que pasa por que exista una política a manos de la ciudadanía, una ciudadanía protagonista en el ejercicio de la política«.
Juan Pablo Sanhueza considera que hoy en día se tiene una visión muy simple de la democracia: «El voto es una forma de ejercer el ejercicio democrático, pero no es la única«, defiende el estudiante explicando que la democracia no se basa únicamente en acudir a las urnas cada cuatro años a depositar un voto. La democracia también debe garantizar mecanismos y herramientas al alcance de la ciudadanía que permitan «fiscalizar para que se cumplan los programas y proyectos de sociedad que se nos presentan y que podamos proponer otros«, concluye Sanhueza.