Un juez dictó arresto domiciliario y fianzas millonarias a la vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, y a otras 15 personas por venta irregular de medicamentos, un caso que ha sacudido al país y llevado a miles de personas a las calles para protestar contra la corrupción en Honduras.
El Ministerio Público, que exige que los encausados se defiendan en la cárcel, anunció que apelará la determinación.
Gutiérrez, su padre, dos hermanos y 12 personas más están acusados de cinco delitos relacionados con el uso indebido de documentos públicos y fraude en la venta de medicamentos al Instituto Hondureño de Seguro Social y a la Secretaría de Salud.
La fiscalía ha señalado que la empresa AstroPharma, de la familia Gutiérrez, vendió al gobierno medicamentos de dudosa calidad y a precios inflados. Ellos han negado los cargos.
La Corte sancionó a Gutiérrez, de 38 años e ingeniera civil de profesión, impuso una fianza de 1 millón de dólares que renovará cada año cuando el juez así lo ordene.
Impuso a Marco Tulio Gutiérrez arresto domiciliario y una fianza de 1.5 millón de dólares, mientras que a Ginnette, hermana embarazada de la congresista, le otorgó permiso para realizar visitas médicas en el país o el extranjero. Sin embargo, pagará fianza de 1 millón de dólares al igual que su hermano menor, Julio César.
El presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, es el juez designado a conocer el caso por el máximo tribunal. La resolución la dictó Rivera a la medianoche del viernes tras seis horas de deliberaciones.
«Respetamos, pero no compartimos, la decisión del juez de dejar en libertad a los imputados en este caso penal de corrupción… y la resolución es lesiva a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución», dijo la fiscalía en un comunicado.
La vicepresidenta es diputada desde 2009 e integrante del gobernante Partido Nacional. Gutiérrez también era vicepresidenta del Congreso cuando el actual presidente Juan Orlando Hernández dirigía la cámara legislativa.
Las autoridades ordenaron el arresto domiciliario de ella y su familia, y de un grupo de sus socios, en momentos en que miles de manifestantes mantienen protestas callejeras contra la corrupción e incluso hacen llamados a la renuncia del presidente.
El sistema de salud pública de Honduras ha estado bajo cuestionamiento y escrutinio después de que se hicieran públicas irregularidades que descapitalizaron al instituto por más de 100 millones de dólares.
Una comisión legislativa divulgó a principios de junio un informe en el que se reveló, entre otras cosas, la compra de medicamentos sobrevalorados y defectuosos.
Además concluyó que un grupo de empresarios crearon empresas fachada y efectuaron contribuciones al Partido Nacional manejadas por el actual vicepresidente, Ricardo Alvarez.
El juicio es inusual en Honduras, donde tradicionalmente ha prevalecido la impunidad para los políticos y empresarios que han saqueado al estado.
Más del 66 por ciento de los 8.6 millones de hondureños vive en la pobreza.
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