Un año de conflictos mineros en Argentina

En un país subastado y ocupado por 74 megacorporaciones mineras, la mayoría canadienses y británicas, 165 proyectos de explotación esperan luz verde este año para avanzar en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación. De ellos, 66 corresponden a Jujuy, Salta, Catamarca y la Rioja, 43 operan en San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, y 56 en Santa Cruz, Chubut y Río Negro.

A esta cantidad se suman miles de cateos mineros que prospectan vastas áreas cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva, con absoluta promiscuidad y un laxismo legal inconcebible: la cifra da escalofríos porque es el comienzo de la devastación. De aprobarse todos los informes de impacto ambiental, cohabitaríamos con suelos lunares, ingentes territorios con centenares de cráteres de 4 kilómetros de diámetro y más de 700 metros de profundidad que en la jerga se denominan “open pit”.

Sólo seis las provincias argentinas legislaron impidiendo la actividad minera (Chubut, Río Negro, Mendoza, Córdoba, San Luis y Tucumán). Mientras tanto, el resto de las comunidades cordilleranas se halla en virtual levantamiento popular al reconocer que los minerales diseminados sólo presentan rentabilidad con el sistema a cielo abierto, volando montañas. El método es de una voracidad sin obstáculos: empapar con reactivos químicos las rocas pulverizadas, consumir en un segundo el agua que utiliza una familia tipo en un mes y la energía equivalente a la de toda una provincia.

Los yacimientos se registran según la concentración de metales como oro, plata, cobre, uranio, etc., pero igualmente valiosos son los subproductos que acompañan a éstos y que no son declarados al cruzar la aduana. Al mismo tiempo, las poblaciones expuestas al sistema extractivo denuncian contaminación, destrucción territorial y saqueo, y se sublevan resistiendo el arribo minero. Del otro lado, judicializan la protesta y reprimen. Así están las cosas al comienzo de 2010.

Un caso testigo es el del renio. (Crítica de la Argentina, 31/1/2010). Se trata de un subproducto de metales que generalmente franquea la frontera con la declaración de “impurezas de exportación”. El metal se utiliza en aleaciones de aceros especiales para la industria aeronáutica, naval y espacial. Se llega a pagar hasta 25 mil dólares el kilo, lo que significa que es el mineral más caro del mundo, tan indispensable que no se concibe construir un avión moderno o una central nuclear sin incluirlo. Los fabricantes de aviones usan entre 3 y 6% de renio en sus turbinas. La velocidad de las aeronaves depende de él. Además soporta temperaturas superiores a los 3.000º C.

Otro caso son las “tierras raras”, 15 elementos de la tabla periódica que a principios del siglo XX no tenían aplicación, de ahí su nombre. Hoy la demanda mundial obliga a China, principal productor, a limitar las exportaciones, previendo el mercado de automóviles eléctricos que irrumpe de manera sostenida y que requiere de aleaciones con el “raro” neodimio. Otro componente de estas “tierras” es el lantano, crucial para las baterías de los autos y en la electrónica y comunicaciones. Son metales que parten regalados hacia los mercados del norte, por no decir que se contrabandean. Todas las transnacionales en el país los exportan sin declararlos en la aduana. “Para qué los querés -le decía el subsecretario de Minería de la provincia de San Juan a un ingeniero del sector- si aquí no tenemos cómo investigarlos ni aplicarlos”.

Lo cierto es que en los países del norte, las “tierras raras” llegan a venderse a más de 10 mil dólares la tonelada. En esta línea se halla el coltán, combinación de dos metales, niobio y tántalo, tan críticos como estratégicos. El coltán es indispensable en tecnologías como la telefónica, médica (implantes), electrónica, aeroespacial y bélica. Su demanda y valor produjo, entre otras, la guerra civil en el Congo. Un mineral que en los últimos 15 años soporta la implacabilidad de las transnacionales y los recurrentes debates en las Naciones Unidas debido a explotaciones vandálicas. En nuestro país las mineras ocultan su hallazgo mientras rastrean el continente de manera obsesiva.

Varios son los proyectos mineros avanzados para el presente año. El principal es Pascua-Lama, de la Barrick Gold, en el límite con Chile, a 4.500 metros de altura, en San Juan. Las poblaciones aledañas de ambos estados mantienen constantes movilizaciones, decenas de presentaciones judiciales por daños ambientales que impactan en cursos de agua y glaciares. El lobby de la Barrick Gold y del gobierno de José Luis Gioja provocó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetara la ley de protección de glaciares sancionada por el Congreso nacional.

Casposo es otro yacimiento sanjuanino de oro y plata que mantiene en rebeldía a asambleístas y autoconvocados.

En la misma provincia, Pachón, de Xtrata Kopper, igual que Pascua-Lama, aplicará el tratado binacional minero de implementación conjunta argentino-chileno, convenio que convierte a la Cordillera de los Andes en un virtual tercer país gobernado por transnacionales.

En Catamarca se anunció la construcción de Agua Rica -cobre y polimetálica-, afectando a los pueblos de Andalgalá, Belén, Santa María y otros, que se manifiestan en las rutas y bloquean el paso de los vehículos mineros.

En Chubut, el proyecto Navidad, autopublicitado el más grande del mundo en plata y plomo, también oculta minerales no revelados. En Chubut rige la ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de compuestos tóxicos; los patagónicos la defienden y prometen evitar una zonificación minera, pergeñada por gobernantes y corporaciones.

En Mendoza hay dos pertenencias extractivas en ciernes. Una es Potasio Río Colorado, de la brasileña Vale, en Malargüe, pródigo en cloruro de potasio para las fábricas de fertilizantes. Su explotación debería convulsionar al país, pues consumirá un millón de metros cúbicos de gas por día, equivalente a un tercio del que se importa de Bolivia. Utilizará la misma cantidad de energía eléctrica que la provincia de Tucumán. Agotará fuentes de agua y provocará un impacto ambiental insalvable reconocido por el propio Consejo Provincial del Ambiente. A la provincia le dejaría menos del 4% de lo que embolsará la minera.

Se precipita un año de conflictos sociales anunciados, con gobernantes y mineros abroquelados, ignorando los reclamos populares y del sentido común.

Por Javier Rodríguez Pardo

Autor de “Vienen por el oro, vienen por todo”

Fuente: Publicado en diario Crítica de la Argentina. Recibido de No a la Mina/ Servindi