En las montañas, a sólo 15 kilómetros de Chile, los 5.000 habitantes de Loncopué lograron frenar el avance de un proyecto minero que involucraba al gobierno neuquino y capitales privados. Desde entonces se duplicaron los esfuerzos de los Sapag, la familia gobernante, para sacar del aire a FM Arco Iris, la radio que multiplicó las voces de oposición a la minería a cielo abierto. En una entrevista con Prensa de Frente, Norberto Guerrero, el director de la radio y su abogado Cristian Hendrickse, cuentan cómo es vivir en Loncopué y enfrentar el poder del feudo.
En los primeros meses de 2009 el gobierno neuquino, encabezado por Jorge Sapag, intentó llamar a una audiencia pública para concretar el procedimiento administrativo del contrato de exploración con opción a compra firmado entre la empresa estatal CORMINE – Corporación Minera del Neuquén – y la empresa china Emprendimientos Mineros S.A. para explotar una mina de cobre en el paraje Tres Puntas de Campana Mahuida, en el territorio de la comunidad mapuche Mellao Morales, a 17 kilómetros de Loncopué.
¿Qué está pasando con la actividad minera en la zona?
Cristian: En tres oportunidades el gobierno intentó llamar a una audiencia pública – no para informar a la población sino para salvar un obstáculo formal -, necesitaban esa audiencia para que se pudiera habilitar la exploración. Ellos tenían preparada la audiencia con punteros para que la expresión libre de la gente fuera muy limitada. La reacción de la comunidad mapuche fue responder mediante la acción jurídica, se hicieron acciones de amparo.
En la primera y segunda audiencia se pudo vencer al gobierno y se dictaron medidas cautelares que suspendieron las audiencias. En la tercera hubo un revés porque el gobierno aprovechó a convocar cuando la jueza, que se venía pronunciando en contra de estas audiencias, estaba de licencia. De todas maneras la gente esperaba que la Cámara de Zapala se pronunciara como las veces anteriores y para sorpresa de todos, la Cámara que el día 15 de septiembre de 2009 había dicho que la convocatoria era irregular, el 21 de septiembre dice que es regular.
La comunidad se movilizó y se hizo como una suerte de sitio, las tres rutas de acceso estaban controladas por el pueblo, no podían entrar ni mineros ni funcionarios del gobierno, para evitar la realización de esta audiencia pública. Afortunadamente el Superior Tribunal de Justicia, dos días antes de la audiencia, el día 28 de septiembre, dicta una medida cautelar donde suspende el procedimiento administrativo por una acción donde la comunidad mapuche pide la nulidad del contrato por el que se vendió la mina a los chinos.
Esto fue un golpe mortal para el proyecto del gobierno y parece que se estarían yendo temporariamente de Campana Mahuida, al menos hasta que termine el juicio de nulidad del contrato que prevemos que puede llegar a durar alrededor de dos años.
¿Qué rol cumplió FM Arco Iris durante el desarrollo del conflicto?
Cristian: La radio jugó un papel fundamental en lo que hace a la obtención y difusión de información ambiental, principalmente denunciando la irregularidad del contrato mediante el cual la empresa estatal provincial le vendió a una empresa china una mina que pensaba facturar 1.800 millones de dólares por la irrisoria suma de 1 millón de dólares.
Y en ese territorio de la comunidad mapuche Mellao Morales, además de la mina que tenía registrada la CORMINE, hay nueve minas más, de las cuales dos pertenecen a la familia gobernante. Pertenecen a la empresa CN Sapag SA que es de Nuno Sapag, hermano del gobernador y la empresa AMBAR que también es del hermano del gobernador, quien también es titular de la estancia La Nueva Aurora, donde estaba asentada la antena transmisora de la radio junto a la planta de agua del municipio y otras antenas. La importancia de esa antena reside en que le permite a la radio hacer llegar la información a la comunidad mapuche.
El rol que cumple la radio es ese, llegar a cada punto de la comunidad, al último lugar donde hay un criancero, donde hay un paisano, donde hay un mapuche, llega la información. Eso molesta, que la información llegue a la gente, que la gente pueda tener datos que el gobierno ha ocultado durante mucho tiempo, es algo que les preocupa y les preocupa porque eso ha generado una reacción social importante.
Entendemos que esto es lo que ha molestado a un gobierno que se ha caracterizado por gobernar de forma familiar, feudal, siendo dueños de minas, siendo dueños de campo y en una provincia donde consideran que en el interior no hay ciudadanos sino peones de estancia.
¿Cómo se dio la escalada de ataques a la radio?
Norberto: Primero, el 1º de abril de 2009, nos rompieron las antenas, estábamos transmitiendo en vivo y nos llamó la atención la forma en la que estaba roto el cable coaxil, lo cortamos con asesoramiento técnico de un señor de la ciudad de Zapala, lo empalmamos y volvimos a estar al aire. Las antenas aún están en reparación.
El 14 de diciembre de 2009, gente extraña a plena luz del día ingresó al predio, nos cortaron metros del cable de alimentación para la electricidad y nos robaron la llave térmica. Ahí decidimos bajar los equipos y los pusimos a funcionar dentro del pueblo, pero ahora no llegamos a todos lados, a toda la comunidad. Ese mismo día se presentó el señor Hugo Bravo y me planteó que por una orden del señor Carlos Nuno Sapag, el hermano del gobernador, me informaba que “tienen 24 horas para retirar la torre porque no tienen autorización”. Yo le manifiesto que sí teníamos autorización, que es la ordenanza 313/98 por la cual hace 12 años el municipio nos ha autorizado a instalar la antena en un en el que también está la planta potabilizadora de agua, la torre de la radio municipal, y la torre de un servidor de Internet.
El 16 de diciembre, vi una camioneta camioneta de la empresa AMBAR, compañía minera del señor Carlos Nuno Sapag, en el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y nos volvieron a cortar los cables. En momento en que estábamos con la gente de la policía en el predio, el oficial me informó que tenía una exposición que me había hecho un señor de apellido Arriagada (uno de los asesores de la estancia La nueva Aurora), cuando me notificó leo en la exposición que teníamos 48 horas para retirar todo de allí y además emplazaban EPEN a que nos cortaran el suministro de energía eléctrica.
Finalmente, hace poco más de un semana, el Concejo Deliberante llamó a una sesión especial y derogaron la ordenanza que nos autorizaba a tener la antena en ese predio que nos permite llegar a toda la población, y automáticamente el dueño del terreno Nuno Sapag firmó un convenio con el municipio por 99 años, sin ningún tipo de costo, para que funcione allí la torre de la radio municipal, la torre del servidor de Internet y obviamente tampoco le cobra ningún tipo de cánon para que la municipalidad siga teniendo todo lo que tiene allá arriba.
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Fuente: www.prensadefrente.org