El PP en España hace política con las víctimas

Hace algunas semanas en la ciudad de Salamanca, España, se realizó el VI Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, en el que estuvieron presentes Asociaciones de Familiares Víctimas de la violencia en el País Vasco y en España,  militares colombianos que en algún momento fueron secuestrados por las FARC o el ELN, también asistieron personas que les fueron vulnerados sus derechos en los atentados a las torres gemelas en Nueva York, y de Irlanda.

Este VII Congreso Internacional, constituye un aporte de altísimo valor, la constancia de las agresiones a la vida, son aportes para la memoria. Los invitados provienen de tan distintos lugares del mundo, donde algunos conflictos se mantienen por años hasta hoy, como es el caso de País Vasco, y en otros donde ya han sido superados mediante el diálogo, luego de muchos tiempos de lucha violenta, como en Irlanda. En el caso de las torres gemelas los procesos se encuentran en los Tribunales de Justicia en los EEUU, y debe recordarse que no han sido pocas las organizaciones de Derechos Humanos que han cuestionado las formas de los procesos, los métodos y torturas utilizados para lograr las confesiones de los posibles autores. Guantánamo se ha convertido en el mejor ejemplo justamente, de vulneración de derechos fundamentales.

Llama profundamente la atención, que militares que fueron secuestrados por las FARC, consideradas como fuerzas militares beligerante, sean mencionados como Victimas del Terrorismo. Podría decirse que los militares optaron por un trabajo que lleva implícito ese tipo de peligros, hay más posibilidades de perder la vida vistiendo uniforme militar en países en conflictos abiertos.

Es cierto y condenable, que en muchos casos las fuerzas en pugna desbordan las mínimas normas de respeto a la persona, pero esto sucede en ambos bandos y existen tribunales internacionales que aplican el Derecho Internacional para castigar estos delitos, como lo fue con la ex Yugoslavia o Ruanda, donde los acusados tienen la posibilidad, incluso, de ejercer su derecho a la defensa.

Sorprende que no estuvieran presentes en este VII Congreso Internacional, colombianos a los que los Agentes del Estado les han vulnerado sus derechos fundamentales. Suena muy extraño la no asistencia de Organizaciones de Derechos Humanos que trabajan en la defensa de la población civil, que ha sido víctima de las agresiones de las Fuerzas Armadas colombianas, cuando se le aplica tortura, o se les encarcela en procesos de dudosa regularidad jurídica. Muy extraño que no hayan podido contar sus experiencias familiares de los detenidos desaparecidos o ejecutados por los militares, delito que se conoce como Terrorismo de Estado.

Deberían haber estado presentes Las Abuelas de la Plaza de Mayo, que buscan a sus nietos y nietas. Resulta inadmisible la no presencia de los familiares de los asesinados en La Cantura en Lima Perú.

Era un buen momento para que el mundo se haya enterado de los crímenes que comenten los Escuadrones de la Muerte en Colombia. Hubiera sido un notable aporte los testimonios de la violencia ejercida por los paramilitares, en la más grande impunidad en contra de los sectores pobres, a los que siempre se les masacra una y otra vez, para quitarles sus tierras que es otra forma que hacer más grandes los ya enormes latifundios colombianos, y perpetuar la miseria.

El secuestro y cautiverio de personas es un grave atropello a los derechos individuales, que no tiene justificación alguna, pero en Colombia hay un conflicto armado que dura decenios, donde se han vulnerado los derechos por todos los lados, y se debe agregar que en ellos no están ausentes los intereses del narcotráfico. Basta recordar incluso que a un ex presidente colombiano, se le negó el visado de entrada a los Estados Unidos al ser considerado sospechoso, por sus vinculaciones con los traficantes. Los carteles del narcotráfico colombiano han apoyado algunas candidaturas presidenciales y de parlamentarios. Documentación existe y en abundancia.

Hubiera sido extraordinario que TODOS los protagonistas del conflicto colombiano pudieran haber dejado constancia del esfuerzo que hacen los sindicatos, para defender la vida y la integridad de sus dirigentes. De cómo deben vivir en la semiclandestinidad los defensores de los Derechos Humanos, de los riesgos de  ser abogado defensor de los pobres y humillados.

La denuncia de las injusticias y de la impunidad están en los testimonios de los familiares de los campesinos asesinado en Lonquén, de los fusilados que fueron sacados de las cárceles por orden del ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile.

Se debe rescatar como un aporte muy importante en este VII Congreso Internacional, la insistencia en que todas las organizaciones allí presentes, manifestaron la urgente necesidad de legislar para que los delitos de terrorismo sean considerados de Lesa Humanidad, que no prescriban con el tiempo, que no estén sujetos a leyes de amnistía y sean perseguidos en cualquier lugar del mundo, como sucede actualmente en los casos de genocidio, torturas o crímenes de guerra.

Ni una palabra para recordar ese logro de internacionalizar la justicia, como lo fue el “caso Pinochet” que iniciara el Juez Baltasar Garzón.

Si damos una mirada muy sencilla a los que participaron en este VII Congreso Internacional, habría que concluir que solo se invitó a familiares de victimas que les son necesarias y útiles a los intereses políticos del Partido Popular español. Eso es condenable. No se puede aceptar el uso partidario de estas tragedias. Los herederos del franquismo como lo es el Partido Popular, hacen política con solo un sector de la víctimas, eso es deleznable, muy miserable, típico de la derecha con camisa azul.

Hace algunos años constituyó un motivo de escándalo público internacional, la utilización política que hacía el Partido Popular de Fraga, Aznar, Rajoy, Esperanza Aguirre, María San Gil y otros tantos, para enfrentar al presidente Rodríguez Zapatero,  acusándolo de haber “negociado con la ETA” y de traicionar la memoria de las víctimas.

Todos los gobiernos en España han intentado negociar con ETA, Felipe González, José María Aznar, Rodríguez Zapatero, todos y es muy justo que lo hagan. Las FARC hablaron con Pastrana, el ELN está hablando con Uribe, el FMLN negoció, las Fuerzas Guerrilleras de Guatemala también han negociado. No se puede condenar a nadie por buscar alternativas para terminar con los conflictos, es responsabilidad de los que asumen la conducción de un país. Lo condenable está en el uso de esos contenidos cuando no eres del gobierno y estás juntando fuerzas para volver al sitial perdido, como sucede con el Partido Popular en España.

La derecha española dijo que los atentados el 11M eran “sospechosos por el día en que ejecutaron”, tres antes de las elecciones que perdiera José María Aznar frente Rodríguez Zapatero. Declaraciones como aquellas fueron muy desgraciadas y manipuladoras. Nunca han pedido disculpas y dejaron que el silencio les sirviera para la duda, los responsables no vienen de los desiertos ni de las montañas, ha repetido en muchas ocasiones el ex presidente del gobierno español  José María Aznar.

Un tribunal en España juzgó, dictó condena y los culpables de estos abominables atentados,  las están cumpliendo en cárceles españolas.

Constituye un grave retroceso eventos excluyentes y sectarios, parciales y marcados por intereses políticos partidarios. Todas las organizaciones e instancias que trabajan para hacer de la indispensable lucha contra la impunidad, son necesarias, el respeto por la vida y sus derechos deben ser una cruzada de carácter mundial. Conflictos abiertos hay en muchos lugares del mundo actualmente, y cada uno de ellos necesita de mucha atención para que la vida no sea agredida de manera brutal, y que los responsables queden sin castigo, amparados por la impunidad o Amnistías.

Pero el uso político partidario que hace el Partido Popular en España, de los muertos y de las víctimas es condenable, desborda las más básicas normas del comportamiento que deben tener los partidos que dicen representar a un sector de la sociedad.

España es actualmente uno de los tres países de Europa con mayores dificultades presupuestarias, con más de cuatro millones de personas cesantes y un modelo en verdadera crisis. Buen ejercicio le haría al Partido Popular buscar el origen de los problemas de los españoles pobres, y de reconocerse que su modelo de sociedad es justamente el que se encuentra actualmente en crisis, pero en Derechos Humanos, Impunidad y Amnistías… NO, de esa manera NO.

Los que asumen la tarea por la justicia y contra la impunidad, lo hacen desde una perspectiva que va mucho más allá que lo partidario, lo estrecho, lo mezquino y mísero, y eso lo han aprendido de los que justamente han sobrevivido a la violencia de los agentes el Estado.

Por Pablo Varas