La minería se ha expandido territorialmente y cada vez más diversos ecosistemas aparecen hoy en día presionados por la expansión de esta actividad: en América Latina podemos citar el caso de los páramos, los sistemas de lagunas alto andinas, las cabeceras de cuencas, la Amazonía, los glaciares, entre muchos otros. El hecho es que no hay minería sin el control de grandes extensiones de tierras, de los recursos hídricos y otros bienes naturales, los cuales, antes de que llegue la minería, habían estado manejados por las poblaciones que se ven amenazadas por esta actividad.
Boletín mensual del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)
No es novedad que los proyectos extractivistas a lo largo de América Latina han ido imponiendo un modelo de extracción y exportación cada vez más profundo. La competencia por ser destino de inversiones mineras, petroleras, forestales o pesqueras es una característica de la mayoría de los países de la región. Sin embargo, el modelo extractivista recibe cada vez más críticas y resistencia de amplios sectores de la sociedad, incluida la academia, organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales. Entre las críticas más importantes se sitúa aquella que dice que el extractivismo no solo no sacará a los países de la pobreza y la dependencia económica, sino que los mantendrá en esa condición – afectando principalmente a las poblaciones indígenas y campesinas -, lo que se ha dado a conocer como “la maldición de la abundancia” (1). Esta “maldición de la abundancia” se ha transformado en la maldición del extractivismo. La imposición de proyectos mineros, petroleros, gasíferos, forestales y otros, afecta seriamente la salud de los territorios y sus poblaciones. La minería, por ejemplo, ha redundado en una creciente cantidad de conflictos con comunidades locales, tanto es así que hoy en América Latina no se conciben nuevos proyectos mineros sin conflictos socioambientales y resistencia comunitaria. Se dice que el sector minero afronta tres enfermedades principales: la dificultad de encontrar nuevos yacimientos; el aumento de los costos de producción; y la creciente falta de licencia social y rechazo comunitario (2). Las dos primeras tienen posibles soluciones técnicas. La tercera sin embargo ha sido abordada con diferentes aproximaciones – todas ellas sin éxito hasta la fecha. Inicialmente, las empresas mineras promovieron la idea de una “Responsabilidad Social Corporativa” (RSC) mediante la creación de fundaciones y dádivas a las comunidades locales, convenientemente abandonadas por los Estados. Luego llegaron las políticas de “buen vecino”, acompañadas de cooptación, corrupción, división y descomposición social. El fracaso de esas estrategias llevó finalmente a que las empresas y los gobiernos impusieran sus proyectos enfrentando la oposición social mediante la criminalización de la protesta. En la actualidad, son constantes las denuncias contra los y las lideresas de las protestas contra proyectos mineros, como en el caso de Javier Ramírez, dirigente del movimiento local contra la mina en la comunidad de Íntag, al norte de Quito en Ecuador. El subsuelo de Íntag cuenta con unas 318 toneladas de mina de cobre que la “Empresa Nacional Minera” planea extraer (3). Luego que Javier fuese apresado injustamente, la comunidad fue militarizada, infundiendo mediante las armas el miedo. Si bien es cierto, como en muchos casos, no se logró neutralizar los rechazos comunitarios ante la minera, las fuerzas estatales y empresariales lograron implantar la autocensura y el temor a expresar abiertamente sus opiniones frente a este modelo extractivista. En Chile, un contingente policial ha mantenido virtualmente secuestrada a la comunidad de Caimanes, al este del puerto de Los Vilos, mientras ésta se movilizaba y tomaba los caminos de acceso a las instalaciones de la “Minera Los Pelambres” de “Antofagasta Minerals”. La comunidad exigía el cumplimiento del fallo judicial que determinaba la restitución de las aguas intervenidas por la minera para la construcción y operación del traque de relaves El Mauro. En el último período del conflicto, el pueblo de Caimanes se ha mantenido movilizado por más de 3 meses exigiendo lo que el máximo tribunal les otorgó, pero la empresa se niega a dar cumplimiento. Las fuerzas del orden han militarizado la zona desplazando a fuerzas especiales para impedir que la comunidad, mediante la presión social, obtenga finalmente su derecho consagrado por el fallo judicial de última instancia. El vocero del Comité de Defensa de Caimanes, Cristián Flores, expresó en una entrevista de Abril de 2015, “Antes que llegara Pelambres, El Mauro era una selva en el desierto: teníamos un bosque de 70 hectáreas de puro canelo chequén que quedó sepultado debajo de millones de toneladas de relave. Había peumos, arrayanes y miles de otros árboles nativos de diferentes especies. Había tranquilidad, aire puro, sin contaminación de nada. Teníamos una cultura propia… y todo eso se perdió”. Y añadió: “Ahora hay una división enorme: se pelearon padres con hijos, entre hermanos, amigos de toda la vida” (4). Tristemente célebre es también el caso de Máxima Acuña, pobladora de la localidad de Celendín, Cajamarca, Perú, donde la minera Yanacocha, conocida mundialmente por su atropello a los derechos humanos y el uso de la fuerza con su grupo de guardias privados “Forza”, ha logrado burlar fallos judiciales que han sido otorgados en reiteradas oportunidades a la familia de Máxima respecto de la propiedad de sus tierras. Yanacocha (propiedad de las empresas Newmont Mining Corporation, el grupo nacional peruano Cía. Nacional Buenaventura y la International Finance Corporation del Banco Mundial) planea ampliar sus actividades mineras en Cajamarca para extraer oro afectando lagunas y territorios de cuenca, esenciales para la sobrevivencia de las poblaciones locales. A pesar de habérsele reconocido a esta familia los derechos sobre los terrenos reclamados por Yanacocha para desarrollar su proyecto minero Conga, siguen los acosos y atropellos como si la voz de la justicia se la llevase el viento. Máxima fue criminalizada por la fiscalía, a solicitud de Yanacocha, y condenada en primera instancia a cárcel y pago de una indemnización a la minera. Luego, fue absuelta de todo cargo en la apelación, reconociendo los derechos sobre sus tierras. Al parecer en Perú, esto no es suficiente y como la tendencia lo ha marcado, la criminalización es uno de los últimos recursos utilizados una vez que han fallado las otras estrategias de disuasión y convencimiento. En el Perú, varias leyes recientes han aumentado indiscriminadamente las penas por delitos contra el orden público, han flexibilizado los requisitos para la intervención de fuerzas militares en conflictos sociales y han favorecido la impunidad de los agentes que cometan excesos. Solamente alrededor del conflicto por el proyecto minero Conga, se han abierto más de 50 procesos penales y/o de investigación contra aproximadamente 250 participantes de las marchas, acusándoseles en los casos más extremos de delitos de sedición con penas de hasta 25 años de cárcel (5). En los casos mencionados y muchos otros, la criminalización mediante judicialización ha sido una práctica permanente en países como Perú y Ecuador. En Perú, la mayoría de los casos de criminalización son sobreseídos en instancias superiores, lo que denota una complicidad entre gobiernos, empresas y algunos de los jueces locales, en casos que jurídicamente no se sostienen. En Ecuador por el contrario, la dependencia política y el temor infundido al poder judicial por parte del gobierno central ha logrado que se encarcelen a dirigentes injustamente y que varias zonas sean militarizadas para imponer proyectos extractivistas. La falta de independencia del poder judicial en Ecuador ha logrado un alto grado de auto censura y el incremento de los riesgos al oponerse al extractivismo, generando mucha incertidumbre y temor en la población. Por otro lado, en Honduras, la concesión de los territorios y los recursos naturales es un fenómeno que se ha profundizado en los últimos 5 años debido al fomento del extractivismo por parte del Estado hondureño. Esta situación hace que se multipliquen los conflictos ambientales en las comunidades, puesto que ellas han sufrido los costos sociales del extractivismo y sus pobladores han tenido que enfrentar la violación de sus derechos humanos por parte de transnacionales y de un Estado que juega un papel permisivo. Con un total de 837 concesiones mineras, 411 otorgadas y 426 en solicitud, se ha calculado un área probable concesionada de 6.630 kms2 (6) La minería se ha expandido territorialmente y cada vez más diversos ecosistemas aparecen hoy en día presionados por la expansión de esta actividad: en América Latina podemos citar el caso de los páramos, los sistemas de lagunas alto andinas, las cabeceras de cuencas, la Amazonía, los glaciares, entre muchos otros. El hecho es que no hay minería sin el control de grandes extensiones de tierras, de los recursos hídricos y otros bienes naturales, los cuales, antes de que llegue la minería, habían estado manejados por las poblaciones que se ven amenazadas por esta actividad. Estos ejemplos nos muestran que el extractivismo se ha instalado en América Latina como un acto de fe en los mandatarios de la región. Y como en otras épocas, se impone a sangre y fuego, costando a veces la vida, la libertad y la democracia de nuestros pueblos. La criminalización de las personas que se oponen a la imposición de actividades extractivistas es un problema a nivel continental que perjudica a los y las lideresas de comunidades, activistas, autoridades y religiosos, independientemente de la orientación política de los gobiernos. No obstante, esto no ha mermado la resistencia que se manifiesta cada vez más masiva por la defensa y la recuperación de derechos imprescindibles para el sostenimiento de proyectos políticos de justicia y equidad en la región. La defensa de los territorios ha sido y sigue siendo un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva. Ver más información en:
“Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de la situación en 2014”, OCMAL, Abril 2015. César Padilla, [email protected] Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, www.conflictosmineros.net 1) www.extractivismo.com/
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