Si todos sapean, nadie sapea

Seguramente usted habrá notado, en las últimas semanas, cómo los medios de comunicación en Chile -la abrumadora mayoría perteneciente al duopolio Mercurio-Copesa y a la derecha- han variado su forma de tratar distintos temas de connotación nacional, en particular aquellos vinculados con política, economía y hechos policiales. Lo anterior obedece a una estrategia elaborada hace mucho en la Fundación Libertad y Desarrollo, las gerencias de los diarios en comento, sedes de RN y la UDI y hasta en otras dependencias ligadas a empresas asesoras en materia de comunicaciones, relaciones públicas y marketing.

Ya no se habla tanto de la escalada delincuencial que prácticamente nos tuvo al borde de una guerra civil entre chilenos, como pregonaba Mega, TVN, Chilevisión, El Mercurio, La Segunda y distintos medios de comunicación de masas. Ahora se trata de inculcar en la ciudadanía que, por una parte, el gobierno entrante hereda déficit fiscal, por lo cual «no se podrán satisfacer todas las necesidades de la población»; de medidas a aplicarse por el gobierno de Piñera para frenar la delincuencia que la Concertación no pudo frenar; que el presidente-empresario sí está cumpliendo una de sus promesas: la de desprenderse de sus bienes vendiendo a la familia Cueto -socios y amigos del presidente- un porcentaje de las acciones de LAN, entre otros cosas.

En ese contexto, El Mercurio, en su edición de ayer martes, pone especial énfasis en resaltar que Sebastián Piñera recibirá algo así como 500 millones de dólares por esa transacción -hace algunas semanas obtuvo la friolera de 37 millones de dólares por concepto de la enajenación de sus acciones en una clínica privada- cancelando debidamente alrededor de 50 millones de dólares en impuestos.

Para el común de los lectores/electores, ello suena a decencia, honradez, transparencia, y difícilmente se acordarán de que el propio Piñera debió pagar onerosas multas en Estados Unidos y en Chile por otras transacciones más o menos turbias, siendo llevado inclusive ante tribunales en el país del norte por uso de información privilegiada y malas prácticas comerciales. Tampoco que Sebastián Piñera se mantuvo oculto de la justicia tras la quiebra del Banco de Talca, cuando él era uno de sus máximos ejecutivos, en la década de los años 80, es decir, en plena dictadura. Menos aun recordarán quienes leen El Mercurio que ese medio de comunicación apenas mencionó ese tipo de «negocios» del futuro mandatario, pero sí subraya hoy su apego a las leyes y a las prácticas comerciales acordes con un empresario honesto.

En cuanto a los índices de inseguridad ciudadana y las medidas que adoptará el nuevo gobierno, y en una crónica relacionada con el funeral de un joven acribillado a tiros en días recientes por un delicuente común en la población La Legua, el diario de Agustín fustiga al gobierno saliente por su «fracaso» en el control de ese y otros barrios marginados -de oportunidades laborales, culturales, viviendas dignas, empleo, etc.- y una «experta» de la Fundación Libertad y Desarrollo entrega su visión del porqué de tales niveles de violencia: «diseño urbanístico errado, calles y pasajes ciegos, que facilitan el actuar del delincuente y dificultan el de las policías, y falta de una labor permanente de inteligencia».

Este último postulado encierra mucho más que una frase al viento. Se trata de una de las aristas del plan de Piñera para retribuir a quienes trabajaron en su campaña, en particular aquellas personas que viven en sectores carentes: más de 50 mil chilenos y chilenas recibirán adiestramiento, dinero, teléfono celular pago y otras garantías para actuar como «dateros» del ministerio del Interior y de ambas policías, delatando a vecinos y vecinas que puedan representar un peligro para la sociedad, concepto que puede abarcar desde rencillas familiares hasta narcotráfico, pasando por organizaciones de base, sociales y/o políticas adversas a los intereses del gobierno entrante. Lisa y llanamente, en buen chileno, sapeo.

Cuando Piñera, durante su prolongada y costosa campaña para llegar a La Moneda, habló de combatir la delincuencia, se refirió también a reinsertar a ex policías a labores de «seguridad ciudadana «, así como revisar casos de juicios a ex integrantes de servicios de seguridad y organismos represivos de la dictadura. Ese eufemismo puede llevarnos a pensar que muchas de esas personas se verán beneficiadas con «peguitas» menores, ya sea como informantes pagados, sapos y delatores, contando con toda la experticia que obtuvieron durante 17 años de dictadura y otros tantos de democracia con fijador, como lo fue la Concertación.

Por cierto, en la crónica de El Mercurio de ayer, nada se dice acerca de estos 50 mil ciudadanos y su futura labor. El diario que omitió, mimtió, tergiversó y encubrió crímenes en dictadura aprendió la lección, así como la derecha y sus empresarios pro dictadura, que dentro de poco gobernarán el país: es mejor sacar las castañas con la mano de los gatos mojados… los de las poblaciones. De ese modo, la responsabilidad se reparte entre miles y no en unos cuantos, tal y como se hizo en la era Pinochet, detrás de la cortina de hierro en Europa del Este, en los pogrom rusos, con el Khamer Rojo, en Camboya o en la actual Corea del Norte. Si todos sapean, nadie sapea.

Por Enrique Fernández