El Pleno del Senado ha aprobado definitivamente la ley que permitirá a las mujeres abortar libremente en las primeras 14 semanas del embarazo. Una amplia mayoría de senadores (134) rechazaron esta mañana los tres vetos a la ley que proponían el PP, UPN y Unió y derrotaron esta tarde la mayoría de las 88 enmiendas parciales que se habían propuesto al texto salido del Congreso.
Otro grupo de enmiendas fueron retiradas por sus autores, la Entesa de Progrès (grupo que engloba en el Senado a PSC, ERC e ICV) y algunas de las que planteaba Convergència.
La ley pasa ahora directamente a ser publicada mañana en el Boletín Oficial del Estado, aunque deberán pasar cuatro meses hasta su entrada en vigor. Este plazo, previsto en una disposición adicional de la ley, permitirá aprobar los reglamentos necesarios para que la norma pueda aplicarse.
La adaptación de las clínicas que realizan interrupciones voluntarias del embarazo y las medidas necesarias para la universalización de la prestación sanitaria que la ley establece como un derecho, son los asuntos que más tiempo necesitan para ponerse en marcha.
NEGOCIACIONES
Los senadores del PSOE negociaron hasta el último minuto para lograr que el Pleno derrotara todas las enmiendas que llegaron vivas a la sesión. La intención de los socialistas, que finalmente fue respaldada por la izquierda y los nacionalistas del Senado, era la nueva Ley del Aborto fuera aprobada definitivamente en el Senado.
Cualquier modificación, por pequeña que fuera, aceptada en la Cámara Alta habría obligado a que la ley regresara al Congreso, donde habría tenido que volver a ser votada a mediados de marzo.
Dos años después de iniciarse el debate político sobre esta norma, las interrupciones voluntarias del embarazo salen definitivamente del Código Penal, pasan a ser un derecho para la mujer en las primeras 14 de semanas de gestación, y quedan limitadas en el resto del embarazo. La norma establece además que el aborto en los plazos previstos es una prestación de la Sanidad Pública, que las ciudadanas pueden reclamar y deben recibir en cualquier punto del país.
Actualmente, sólo el 3% de las interrupciones se realizan en la Seguridad Social y hay al menos dos autonomías (Navarra y Extremadura) donde no se puede abortar ni siquiera en clínicas privadas. Las mujeres son consideradas adultas para decidir sobre su embarazo desde los 16 años.
La norma establece además como prioridad la educación sexual y reproductiva, con el propósito de reducir el elevado número de interrupciones de embarazos que se producen anualmente en España (alrededor de 100.000 al año) y evitar en lo posible los embarazos no deseados en adolescentes.
Por Salomé García/Vanessa Pi
Foto: Los ministros de Igualdad, Bibíana Aído, Justicia, Francisco Caamaño y Vivienda, Beatriz Corredor (2d) y la secretaria de Organización del PSOE, y senadora Leire Pajín, entre otros posan hoy en el Senado. EFE
Fuente: Público.es
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