Más de 6 millones de personas han tenido que abandonar sus casas a causa de la violencia de las guerrillas. La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras les devuelve lo que les corresponde.
Los propietarios de tierras que han huido a causa de amenazas de las FARC podrán ahora reconstruir sus vidas. La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras beneficia a los colombianos afectados por esta situación entre el 1 de enero de 1991 hasta el 10 de junio 2021. Hasta el 31 de diciembre de 2014, los jueces de restitución de tierras dictaron 1.922 sentencias, que corresponden a más de 86.000 hectáreas y a 2875 familias, según la unidad de restitución de tierras.
Victoria Stanley, experta en desarrollo rural y tierras del Banco Mundial, apoyó al gobierno de Colombia en su análisis de los problemas de las tierras y ayudó a implementar la restitución de tierras a través de su Fondo para la Construcción del Estado y de la Paz. La especialista explica que se trata de “un proceso con el cual la tierra está restablecida a las personas internamente desplazadas que la abandonaron por un conflicto – por violencia, coerción o la amenaza y el miedo a la violencia” y cree que la ley logra “restablecer sus fuentes de ingresos, su dignidad, sus comunidades y contribuir a la construcción de la paz”.
“Hay muchos retos”, agrega Stanley. “El primero es encontrar las personas internamente desplazadas y alentarlas a presentar una demanda. Después es necesario recoger evidencia para dicha demanda”, continúa, alegando que Colombia está haciendo todo lo necesario para sobreponerse a la informalidad en las zonas rurales y que se haga lo que corresponda. La tarea de implementar los derechos de los propietarios sobre la tierra y la normalización de la situación es un tema lento y tedioso, pero el hecho de que se haga algo marca un claro indicio de progreso, de ganas asentar bases para un país mejor. “Es importante la consolidación de la paz y el desarrollo económico del país”, concluye la asesora