Duros reproches emitieron esta mañana el diputado PPD Enrique Accorsi junto a Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, hacia la Corema, la institucionalidad ambiental que durante esta semana aprobó dos de los más controvertidos proyectos ambientales del último tiempo: la central eléctrica Campiche en la comuna de Puchuncaví y el ducto de desechos Celco en la Región de los Ríos.
Ante la reciente aprobación del ducto de desechos de Celco, por la COREMA de la Región de los Ríos, el diputado Accorsi acusó que “en la comunidad se sabe que a la gente que dio el visto bueno les pagaron”, señalando que hay muchos intereses en juego y que “no es primera vez que vemos que las Coremas son presionadas” para aprobar un proyecto. “El ducto de Celco nunca debió haberse aprobado” sostuvo, evidenciando el distanciamiento con el presidente Lagos, con el cual dice tener «serias diferencias”.
Esto ocurre porque esta “institucionalidad medioambiental” posee un carácter político ya que está conformado por aquellos funcionarios que son designados a dedo y por confianzas políticas o cuoteos políticos: intendentes, gobernadores, seremis y consejeros regionales.
Ante esto, el diputado Accorsi señaló que si “hoy, en un gobierno que se supone ciudadano y preocupado por la salud pasa esto, en que no se hace mucho, el próximo gobierno de empresarios no hará nada”. Y precisó que “el principal impulsor de estas políticas medioambientales es el Ministerio de Energía”, incluso recordó que aquella cartera “promovió un decreto para que las empresas paguen a las municipalidades; es una coima legalizada”.
CENTRAL CAMPICHE Y ZONA SATURADA
El lunes, la Corema de la Quinta región aprobó la Central Termoeléctrica a carbón Campiche, y el dirigente de la Agrupación Defendamos la Ciudad Patricio Herman indicó que “los medios están hablando erróneamente de la legalidad de Campiche, ya que el Ministerio le dio la salida para que las autoridades municipales decidieran”. Según Herman lo que sucede es que “todo el mundo está buscando cómo hacerle el quite a la Corte Suprema”.
Lo que señala queda consignado en el decreto Nº 47 del 1 de diciembre del año pasado (publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre del año pasado), en el cual se detalla que el “instrumento de planificación territorial que corresponda podrá prohibir la aplicación de este inciso dentro de su territorio”. Esto es justamente lo que decidió el Concejo Municipal de Puchuncaví el pasado jueves 18, cuando no aceptaron el Decreto que modificaba los usos de suelo donde se emplaza el proyecto termoeléctrico.
Por su parte, el diputado Accorsi puntualiza que “Puchuncaví, no está saturado, está hipersatuarado. Lo que sucederá ahí en materia de salud en 30 años más será tremendo”. Y agrega que “en ninguna parte del mundo, excepto en China, se están propiciando la generación de energía en base a carbón, sin embargo, es lo que se está haciendo mediante este Ministerio de Energía”.
CHILE Y LA BUENA CRIANZA ANTE LA OCDE
Patricio Herman, señaló que esta seguidilla de aprobaciones medioambientales por parte de la COREMA, serán informados por la agrupación que preside ante la OCDE, “aquella conspicua organización, para que revise la membresía de Chile, ya que con estas actitudes no estaría satisfaciendo las normas de probidad que le son requeridas” para pertenecer al connotado grupo.
Agregó que no es serio hacer estas “trampas” para aprobar los proyectos, en referencia a la sesión de la Corema el día lunes 22, cuando el decreto de la Municipalidad de Puchuncaví había sido publicado el mismo día en el Diario Oficial. “Es grotesco lo que estamos observando en estos días, porque ya quedó a firme lo resuelto por el Concejo Municipal de Puchuncaví”, sostuvo mediante un comunicado de prensa.
En ese sentido y consultado respecto a la frecuente práctica de que los Estudios de Impacto Ambiental sean pagados por las propias empresas que postulan a ser aprobadas por las Comisiones de Medio Ambiente, generando un evidente conflicto de interés, el diputado Accorsi señaló que está en curso un proyecto de ley para evitar que esto ocurra, el cual debería estar promulgado antes del 11 de marzo, aunque el desarrollo de los decretos y su aplicación, serán competencias del próximo gobierno.
Por Leonel Retamal M.
El Ciudadano
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