Hoy a las 9 de la mañana, en los Tribunales de Justicia de Santiago, se reunieron familiares, ex presos políticos y ciudadanos, para ingresar hasta la sala donde los familiares de las víctimas del denominado “Caso Degollados” apelarían el fallo de la Octava Sala, que otorgó el beneficio de libertad condicional al carabinero Alejandro Sáez, ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), quien fue condenado en 1991 a presidio perpetuo por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, ocurridos en 1985.
Sin embargo, cuando todos se disponían a entrar, sólo pudieron hacerlo 5 personas, ya que según carabineros, por un ‘auto acordado’ para el caso específico de esta apelación, no se podía dar libre acceso a la sala.
Familiares y amigos consideraron esta situación ilegal, ya que usualmente en la Corte Suprema hay libre acceso para este tipo de audiencias. La viuda de Manuel Guerrero estaba fuera y no pudo ingresar hasta que se logró una comunicación directa con la ministra de la Sala.
Más allá de este inusual evento, que quienes estaban fuera apoyando la apelación, tomaron con ironía y también como una muestra de “evitar alborotos dentro de la sala”, están los resultados de lo que fue la audiencia:
Los abogados alegaron en contra del Recurso de Amparo presentado por el Sr. González Bertancourt, Jefe del operativo del «caso degollados» y se apeló ante la Corte Suprema la resolución de la Corte de Apelaciones de liberar al Señor Saez Mardones, asesino directo de Santiago Nattino, condenado a Presidio Perpetuo.
Los abogados litigantes no se presentaron, lo que a juicio de los familiares es bastante inusual,considerando que están pidiendo libertad condicional para sus defendidos.
El hijo de José Manuel Parada al salir de la sala dio las siguientes declaraciones:
“Nos quedamos con una sensación muy positiva, nuestras apelaciones fueron contundentes, con una argumentación clara, en la cual se tocó el hecho de que principalmente, no ha habido arrepentimiento por parte de quien está pidiendo libertad condicional, por lo que no es consciente de los crímenes cometidos según el informe sicológico.”
Y agregó: “Nosotros estamos tranquilos y contentos con la defensa de los abogados y vamos a esperar hasta la próxima semana donde la jueza dijo que se llegaría a acuerdo.”
Cabe destacar, que según el derecho Internacional al cual Chile se adhiere, los crímenes de lesa humanidad no pueden acogerse a este tipo de beneficios que otorga la ley, al ser un daño causado al conjunto de la sociedad.
Al ser consultado por el recurso de apelación por la libertad condicional de Sáez Mardonez, el hijo de Parada declaró “la verdad, es difícil disociar, yo estoy aquí en calidad de hijo de José Manuel Parada, secuestrado, torturado y degollado en marzo de 1985, pero también como ciudadano, ya que consideramos que los crímenes de lesa humanidad; las violaciones reiteradas a los derechos humanos, ocurridas en tantos casos y no sólo en las de nuestros familiares, son crímenes que han golpeado a la sociedad chilena en su conjunto, por lo que aquí debe haber señales claras de la parte de los tribunales de que no se puede otorgar beneficios a los violadores de derechos humanos, ya que tengo la sensación de que son la punta de lanza y que luego vendrán muchas peticiones de libertad condicional de la gente de Punta Peuco y agregó yo creo que aquí hay una estrategia concertada por parte de estos criminales para ver cómo reacciona la justicia y hay que estar atentos.»
Y concluyó. «De momento sólo se está apelando a la justicia chilena y en caso de que se otorgue libertad condicional a estos criminales, y que no se tome en cuenta nuestro sentir en relación a estos crímenes vamos por supuesto a recurrir a tribunales internacionales.»
A tener en cuenta
Sáez fue originalmente condenado en 1995 a pena de muerte por los crímenes de Guerrero, el sociólogo de la católica Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada y el artista plástico Santiago Nattino. Sin embargo, las familias de las víctimas pidieron la conmutación por presidio sin excarcelación. Las viudas de los degollados junto a la madre de José Manuel Parada no querían que se aplicara la pena de muerte, entonces vigente, porque estaban por la vida, pero no imaginaron que 30 años más tarde se les rebajaría la condena.
El acuerdo pro vida de los familiares de ‘los degollados’ fue tácito entre los abogados de las partes por lo que no quedó estipulado en una ley que modificara el reglamentos penitenciario y de ese “vacío legal” se están aprovechando los abogados defensores de los uniformados.
En las tres familias «hay cansancio e impotencia», a tres décadas del brutal crimen que conmocionó a la sociedad chilena y provocó la renuncia del director de Carabineros e integrante de la Junta Militar, el general César Mendoza, todavía deben seguir soñando con la justicia y el fin de la impunidad.
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