Historiador M. Correa: “Burgos representa la política de persecución contra los mapuche”

Si bien “la violencia en el sur” no ha sido portada en los medios de comunicación en los últimos días, no se detiene. Aunque es poco lo que se ha informado a nivel nacional, se han registrado situaciones que afectan a comunidades específicas o figuras reconocidas de la causa mapuche, lo que preocupa a académicos y estudiosos.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el historiador Martín Correa, autor de los libros “La Reforma Agraria y las Tierras Mapuche” y “Las Razones del Illkun/Enojo”, criticó con fuerza la política de persecución selectiva y criminalización al pueblo mapuche. Además, rechazó la llegada del DC Jorge Burgos al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El conocido werkén Jorge Huenchullán de la comunidad Autónoma de Temucuicui denunció que su casa fue quemada en un atentado. ¿cómo ve esto?, ¿es un hecho nuevo en el marco del conflicto?

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El incendio intencional de la casa del werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui es un hecho de la mayor gravedad y que se inserta en un contexto de militarización y persecución cotidiana que se vive en las comunidades mapuche en resistencia y en procesos de recuperación territorial. El atentado incendiario del que fue objeto la casa de Jorge Huenchullan, que por suerte estaba sin moradores (su mujer y su pequeño hijo), es el cumplimiento de permanentes amenazas de muerte realizadas por grupos armados vinculados al latifundio. Un acto de venganza que afecta directamente a Jorge y a su comunidad, pero en definitiva debe ser entendido como un ataque a todas las comunidades que hoy reivindican sus derechos territoriales ancestrales. Creo, además, que es una acción que marca una continuidad histórica con un elemento permanente en la relación de colonos y latifundistas con el pueblo mapuche, y en este sentido guarda mucho de simbólico, como lo es la quema de rucas: lo fue cuando el Estado chileno instaló a la fuerza a los colonos en el territorio mapuche y cuando éstos deciden expulsar a los ancestrales habitantes, con la venia y complicidad de las autoridades del gobierno central; lo fue luego del Golpe de Estado de 1973, con su reguero de persecución y muerte; y lo es ahora, cuando se reprime a las comunidades en resistencia, en la más absoluta impunidad.

Pocos días después se produjo el ingreso de Fuerzas Especiales a la comunidad de Rankilko, ¿qué se puede decir de este tipo de operativos policiales?

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El ingreso de fuerzas especiales en la comunidad de Rankilko, hace unos días, el fin de semana, la semana pasada y así desde hace ya un buen tiempo, se inserta también en un ambiente de persecución a las comunidades mapuches que reivindican sus derechos territoriales. Lo que no se dice en la prensa y que esconden las autoridades regiones y provinciales, es que las familias de Rankilko se cansaron de promesas incumplidas realizadas desde el 2005, con respecto de satisfacer sus demandas, documentadas y en conocimiento de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Lo que se niega, es que los carabineros llegan al lugar disparando a las rukas donde hay niños, ancianos, mujeres, reunidos en torno al fogón comunitario. Y luego se miente, diciendo que las fuerzas policiales actuaron en defensa propia, legitimando de esta forma la represión indiscriminada y demencial de carabineros.

¿Cree que hay un hilo conductor entre estas de situaciones que afectan a figuras o comunidades emblemáticas de Región de La Araucanía?

El Estado, a través de la judicialización de la demanda mapuche y de la militarización del territorio busca personalizar, en ciertas comunidades, e individualizar, en ciertos dirigentes, el proceso de resistencia y de reivindicaciones mapuches, como si se tratara de acciones delictivas de individuos amparados por la comunidad, caricaturizándolos como terroristas. El fin, entonces, es desconocer el carácter colectivo de las demandas mapuche, negar la existencia de un pueblo detrás de las reivindicaciones y, en definitiva, legitimar la represión policial e instalar el terror en las comunidades.

También se ha sabido del juicio al colaborador de la causa mapuche, el joven Emilio Berkhoff, quien hoy se mantiene en clandestinidad. La defensa ha dicho que el juicio fue irregular, entre otras cosas porque se incorporaron pruebas provenientes de “testigos sin rostro”. ¿Cómo analiza ese proceso?

La irregularidad del juicio a Emilio Berkhoff está más que demostrada y documentada, a través de la desarticulación que ha hecho su defensa de todos los cargos presentados por la Fiscalía. Por otro lado, la utilización de “testigos sin rostro”, preparados y aleccionados por la Fiscalía, resabio de los peores tiempos de la dictadura, ha sido considerada ilegal y antijurídica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso por tribunales nacionales. Prueba irrefutable de lo anterior fue el paso del ex Fiscal antimapuche Luis Chamorro, al cual se le derrumbaron todos sus casos, basados en testimonios de “testigos sin rostro” y pruebas falsas, ante la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, se debe entender la opción de Emilio de evitar someterse a un proceso judicial espurio.

A raíz del incendio en la vivienda de los Huenchullán, el Ministro del Interior, Jorge Burgos, afirmó que no se puede relacionar la violencia con el pueblo mapuche. ¿Qué le parecieron sus declaraciones?

La violencia se ejerce contra el pueblo mapuche. La violencia nace y se desarrolla desde el momento en que el Estado chileno decide, unilateralmente, ocupar a la fuerza el territorio mapuche y adjudicárselo a colonos, en un primer momento, y a grandes empresas forestales, hidroeléctricas y mineras, hoy. La violencia se relaciona con el pueblo mapuche día a día, cuando sus caminos son ocupados por fuerzas policiales y sus familias controladas y hostigadas, por funcionarios de carabineros fuertemente armados. De todo aquello, del paso de carros policiales a gran velocidad por las escuelas donde acuden niños mapuche, de los disparos a mansalva a grupos de mapuches reunidos en una ruca, de esa violencia es la que se debe hacer cargo el Ministro del Interior, y a ella nunca se refiere.

¿Cuál es su evaluación de la llegada del ministro Burgos a la cartera a cargo de la seguridad?, ¿ve algún sello en particular?

El Ministro Burgos le cae como “anillo al dedo” a la política de persecución y hostigamiento a las comunidades mapuche, y su currículum en cuanto a la desarticulación de movimientos sociales, llevado a la  practica desde el cargo de Vicepresidente del Consejo Coordinador de Seguridad Pública, “La Oficina”, recién terminada la dictadura, y luego como Ministro de Defensa, hasta antes de asumir como Ministro de Interior, habla por ello.

Se lo pregunto porque parceleros siguen demandando mayor seguridad en la zona, mientras que parlamentarios de oposición piden remover a autoridades “por bajarle el pelo al terrorismo” e insisten en tomar medidas duras para hacerle frente al conflicto.

Los argumentos que cada cierto tiempo leemos de los parlamentarios y de dirigentes gremiales y agrícolas respecto de medidas para hacerle frente al conflicto mapuche son los mismos argumentos que se utilizó antes de la Ocupación Militar de la Araucanía, la mal llamada pacificación de la Araucanía, y que se usaron durante la Unidad Popular, y que se concretaron luego del Golpe de Estado de 1973. Si en un primer momento se habló de mapuches ‘flojos y borrachos’, luego se habló de mapuche ‘rojos y comunistas’, y hoy se habla de mapuches ‘terroristas’. En todos y cada uno de estos momentos lo que se ha buscado ha sido desconocer los derechos territoriales y políticos mapuches, y en todos y cada uno de estos momentos se ha terminado con un reguero de persecución y muerte de dirigentes mapuches.

Finalmente, ¿ha podido ver algún avance en el acercamiento o diálogo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche? Esto si se consideran los anuncios del Gobierno de avanzar, por ejemplo, en un Ministerio de Asuntos Indígenas, un Consejo de Pueblos o establecer una consulta previa para ello.

No, y los hechos hablan por sí solos. Recién se aprobó una central hidroeléctrica en Curarrehue, pasando por encima de los derechos mapuches, consagrados en la ley indígena y en todos los tratados internacionales que se refieren a la materia, tratados suscritos por el Estado chileno, pero que a la hora de enfrentarlos con los intereses de particulares poderosos y transnacionales, son pasados a llevar. ¿De qué sirve una consulta si no es resolutiva, y cada vez que defiende los derechos mapuches no es tomada en cuenta? La participación política del pueblo mapuche, hoy y ayer, es considerada un adorno, un traje a la medida de los grandes capitales nacionales y transnacionales, y un blanqueamiento de las políticas del Estado respecto a los pueblos.

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Diario U Chile