Organizaciones de la sociedad civil y redes de radios comunitarias en comunicado público sostienen:
* La radio comunitaria es clave para la expresión local ciudadana y para promover procesos participativos como respuesta a la crisis
* El nuevo gobierno debe cumplir con diligencia el mandato del parlamento y definir el reglamento de la ley para su plena vigencia
* Las organizaciones firmante insisten en compromiso de despenalizar la labor de radiodifusores comunitarios derogando penas de cárcel para quienes transmiten sin concesión
«La ley crea normas jurídicas mínimas para hacer realizable el derecho a comunicar ideas y experiencias de actores sociales, quienes actúan al margen de los intereses comerciales y promueven una diversidad en el debate público. Se trata de dar acceso al uso del espectro radioeléctrico a quienes legítimamente se organizan para ejercer la libertad de expresión, condición indispensable para el desarrollo de la democracia.»
Las duras circunstancias en las que finaliza el gobierno de la Presidenta Bachelet dejan al descubierto también muchas de las obras pendientes de su gestión. Entre ellas la promulgación de la Ley de Radios comunitarias, que se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional.
Esta ley, que hemos aplaudido en su gesto simbólico, pero cuyas falencias hemos denunciado en diversas ocasiones, consagra aunque en condiciones de profunda desigualdad el derecho a existir de radios gestionadas por actores sociales, quienes representan la expresión de los ciudadanos en sus territorios.
En este sentido, la catástrofe que azota al país ha puesto al descubierto la centralidad que tiene la radio, en tanto, expresión local de la ciudadanía, pues están promoviendo procesos participativos como respuesta a la crisis.
En estas circunstancias instamos al nuevo gobierno a que cumpla de manera ágil y diligente con el mandato que han recibido y promulguen el reglamento que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria, para sacar a las radios ciudadanas del mutismo que les impone la norma actual al transmitir con un watt de potencia. La ley crea normas jurídicas mínimas para hacer realizable el derecho a comunicar ideas y experiencias de actores sociales, quienes actúan al margen de los intereses comerciales y promueven una diversidad en el debate público. Se trata de dar acceso al uso del espectro radioeléctrico a quienes legítimamente se organizan para ejercer la libertad de expresión, condición indispensable para el desarrollo de la democracia.
Reiteramos nuestro rechazo a la consagración del derecho preferente contenido en el cuerpo legal, por ser un principio que vulnera la igualdad ante la ley, atentando severamente contra la inclusion social. Asimismo, expresamos la urgente necesidad de que el Ejecutivo cumpla el compromiso de enviar al Congreso, en lo que queda de mandato, la eliminación del artículo 36, letra b, consagrado en la Ley General de Telecomunicaciones de 1982, que castiga con cárcel e incautación de equipos a quienes ejerzan su derecho a comunicar fuera del marco legal vigente.
La obligación del nuevo gobierno de Sebastián Piñera es clara y ninguna agenda justificará la postergación del cumplimiento de sus responsabilidades. Será en temas como estos donde las nuevas autoridades deberán rendir examen ante Chile y la comunidad internacional para garantizar integralmente la libertad de expresión, el carácter democrático y la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país.
María Pía Matta
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, America Latina Caribe, AMARC ALC
Natacha Gomez
La Radioneta, AMARC Chile
Perla Wilson
Radio Tierra / Corporación La Morada
Paulina Acevedo
Observatorio Ciudadano / Red de Medios de los Pueblos
Juan Enrique Ortega
Eco Comunicaciones
Raúl Rodríguez
Radio Juan Gómez Millas / Escuela de Periodismo Universidad de Chile
Santiago 5 de marzo 2010
El Ciudadano
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