El Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper) realiza una interesante investigación con motivo de las innumerables fallas presentadas por constructoras e inmobiliarias en evidencia post terremoto.
En todo Chile son miles las familias que han quedado a la intemperie. No todas pueden culpar a la naturaleza. Porque al horror que emergió con el terremoto y el posterior tsunami, no son pocos los que hoy deben agregar la ira por haber quedado sin casa a causa de una construcción con serias deficiencias.
Tras una recopilación de datos en todas las comunas del Gran Santiago, Ciper confirmó en terreno 23 edificios residenciales con daños severos y que ponen en riesgo a sus moradores. La mayoría de estos inmuebles ya fueron evacuados y varios ya cuentan con decreto de inhabitabilidad.
Mientras sus propietarios se preparan para una larga batalla legal contra los responsables de haber edificado y comercializado estos inmuebles con errores que expertos y los tribunales deberán dilucidar, Ciper presenta la nómina de las constructoras e inmobiliarias involucradas y los socios que participan en estas empresas.
Tras seis días de trabajo sin respiro, el jueves 4 de marzo los equipos de especialistas en cálculo estructural habían completado en la Región Metropolitana 2.338 inspecciones de inmuebles con daños de diversa consideración provocados por el terremoto que sacudió el país en la madrugada del sábado 27. Este balance preliminar, aportado por el Ministerio de Vivienda, indica que el 70% de los casos no presentaba fallas que ameritaran la evacuación.
No obstante, un total de 480 inmuebles -20% del total- fueron declarados inhabitables. El catastro incluye viviendas particulares, edificios residenciales, establecimientos educacionales, edificios comerciales y centros de salud. Muchas de las construcciones que colapsaron son edificaciones antiguas. Pero hay también estructuras recientes, las que no deberían haber registrado daños si -en teoría- los responsables de su construcción hubiesen cumplido con las normas antisísmicas.
Las imágenes de modernas torres colapsadas han generado indignación en la opinión pública, en especial tras las dramáticas escenas del rescate de las víctimas aplastadas por los escombros del edificio Alto Río de Concepción, cuyos 15 pisos fueron a dar al suelo antes de que la tierra dejará de temblar.
La responsabilidad de las empresas constructoras e inmobiliarias está ahora en el centro del debate público. También el relajamiento paulatino en la fiscalización que deben hacer las direcciones de obras municipales para autorizar desde el inicio de una construcción hasta su recepción definitiva. Un paso clave para garantizar la calidad de la vivienda y que terminó convirtiéndose en un trámite al despojarlas de autoridad real.
LA NÓMINA INGRATA
Un rastreo hecho en terreno por Ciper en buena parte de las comunas del Gran Santiago, detectó 23 edificios residenciales con menos de 15 años -algunos aún tienen departamentos en venta- que registran daños de envergadura.
La cifra es aún mayor si se consideran diversos edificios comerciales severamente afectados. Un mapa completo de la situación hasta el viernes 5 puede revisarse acá.
La mayoría de los edificios residenciales ya fueron evacuados por sus moradores y sobre varios ya pende un decreto de inhabitabilidad firmado por el alcalde respectivo. Las constructoras responsables de estas edificaciones son 18. Dos de ellas tienen tres de sus inmuebles en está nómina: Mujica y González Limitada (MIG) y FGS. Otra se inscribe en esta lista con un par de edificios: Sigro. Y entre las inmobiliarias que comercializaron estos inmuebles se cuentan algunas bien reconocidas en el mercado, como Penta y Simonetti.
Dos de las constructoras que integran este grupo -DPL e Ingevec- forman parte de un consorcio a cargo de edificar una de las obras emblemáticas del Bicentenario: el nuevo Cuartel General del Ejército, que se levantará en Avenida Blanco Encalada. Un dato que suena paradójico, si se toma en cuenta que uno de los edificios de DPL (la torre de 19 pisos Central Park, en Balmaceda 2150) corre el riesgo cierto de verse afectado por una orden de demolición debido a los graves daños estructurales que sufrió con el sismo del sábado 27.
En cuanto a la distribución geográfica de estas 23 construcciones recientes, las comunas con más edificios con daños severos son Ñuñoa, Huechuraba y Maipú, todas con cinco inmuebles. Le siguen Macul e Independencia con dos casos.
Mientras las empresas constructoras preparan el batallón de abogados que les permita sortear ante los tribunales el millonario pago de indemnizaciones que les serán reclamadas por los afectados, en algunos de estos inmuebles ya surgen las primeras estrategias para amagar la indignación. Ofrecen reparar las casas y departamentos y hasta pagar arriendos mientras dure este proceso, pero en algunos casos a condición de que los propietarios se desistan de toda acción judicial.
A continuación presentamos la identidad de los socios de las constructoras e inmobiliarias que edificaron y comercializaron inmuebles residenciales que ya están bajo inspección, a la espera de que se les declare reparables o sean demolidos. Está nómina probablemente irá cambiando en los próximos días y Ciper la actualizará permanentemente:
Fuente: www.odecu.cl