Terremoto 8.8: ¿y ahora qué?

El sacerdote Felipe Berríos en una reciente columna publicada en la revista El Sábado de El Mercurio dijo “Sin embargo, la infraestructura del país, sus casas y edificios soportaron bien el embate. La mayoría de las viviendas que sucumbieron eran construcciones viejas no antisísmicas y muchas de adobe” (sic), refiriéndose a las consecuencias del terremoto. Estas expresiones en resguardo de la industria de la construcción las consideramos absurdas y denotan desconocimiento de lo que sucedió el sábado 27 de febrero pasado. No merecen mayores comentarios porque provienen de un personaje mediático que ya había amparado el depredador proyecto de las represas de Hidroaysen en nuestra Patagonia.

El drama de nuestro país es que en materia de vivienda sus autoridades se han replegado para que así el sector privado constructor haga lo que desee teniendo como único norte la rapidez en la consecución de sus lucrativos negocios. Existe una estricta norma antisísmica -Nch 433- que busca evitar los colapsos, pero paradojalmente nadie la fiscaliza porque las direcciones obras han sido desmanteladas. En el año 1997 se creó la figura de los revisores independientes, actividad que es desempañada por profesionales ex funcionarios municipales, quienes no se inmiscuyen en los cálculos de las estructuras ni menos revisan que los materiales utilizados en las edificaciones sean los idóneos. Como tampoco existe la autorregulación por parte del sector privado, el resultado es el que tenemos a la vista debido al trabajo periodístico.

Sabemos que las muertes por el maremoto son mayores que las causadas por el fuerte sismo y en tal sentido la Armada de Chile y la Onemi, por no alertar oportunamente a las poblaciones, tienen responsabilidades por esa ineptitud propia de principiantes, más aún si los organismos internacionales competentes habían avisado en el tiempo oportuno al organismo especializado de la primera. Ello es imperdonable, sobre todo para los familiares de las víctimas y siendo así compartimos las expresiones del abogado Rendón, quien en El Mostrador afirmaba que lo anterior se tipifica como una falta de servicio por parte del Estado, falla que conlleva la obligación de indemnizar a los deudos, ya que la negligencia funcionaria que causa daño no puede quedar en la impunidad.

El jueves de la semana pasada nos reunimos con el arquitecto Luis Eduardo Bresciani, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, tercer nivel jerárquico de este ministerio, haciéndole notar que la opinión pública tiene la necesidad de conocer los nombres de los primeros vendedores de los edificios o condominios, constructoras o inmobiliarias, para que en este mercado opere la transparencia. Entre otras cosas le manifestamos que se debe hacer un catastro nacional de edificios colapsados, indicándose el Rut y los nombres completos de los socios. También le expresamos que se deben conocer los nombres de los profesionales que intervinieron en el proceso de construcción y que, después de una investigación detallada, los tribunales de ética de los Colegios de Ingenieros, Arquitectos y Constructores Civiles, sancionen ejemplarmente a los responsables, aparte de las demandas civiles y penales que correspondan. Le aseguramos a esa autoridad que si se precedía en estos términos, en el futuro se levantarán edificios que cautelen la seguridad de los moradores de sus departamentos.

Por lo que sabemos hasta ahora, las inmobiliarias cuyas edificaciones no resistieron adecuadamente el movimiento sísmico se han desentendido de sus compromisos contractuales y la mayoría brilla por su ausencia. Paz Corp, empresa que se transa en la Bolsa de Comercio, constató que el valor de su acción caía en picada por el colapso de su espigada torre en Ñuñoa y esa circunstancia forzó a sus dueños a devolverles el dinero a todos los compradores, lo que tranquilizó al mercado y ahora esas acciones están repuntando : es decir, la empresa tomó una decisión de negocios. Dentro de las declaraciones necias de algunos actores privados, recordamos con vergüenza ajena la alusión a la torre de Pisa del presidente de la Cámara de la Construcción para justificar las inclinaciones de edificios.

En días recientes, la Sociedad Geológica de Chile, en conjunto con el Colegio que agrupa a sus  profesionales, conocedores de los procesos tectónicos asociados a terremotos y tsunamis, emitió una completa declaración pública que no ha sido cubierta por la prensa. Por ello, transcribimos un párrafo de la misma que debe hacer meditar a quienes ejercen el poder : «… proponemos constituir una agencia nacional dependiente del Ministerio del Interior que convoque, en una instancia única a científicos, profesionales y técnicos con la capacidad de generar, comprender, interpretar  y divulgar  el conocimiento de base que permita, en conjunto con la autoridad, elaborar políticas públicas de largo plazo y los planes de contingencia correspondientes”.

En síntesis, con urgencia debemos modificar nuestras insanas prácticas de tener severas normas antisísmicas y dejarlas en tierra de nadie. Lo responsable entonces es que tanto el sector público como el privado entiendan finalmente que construir bien es una obligación. Por ahora esperamos que todas las víctimas de la inescrupulosidad de ciertas inmobiliarias, inicien las acciones judiciales haciendo valer no solo la ley de la calidad de la construcción en contra de ellas, sino también por las causales establecidas en el Código Civil, ya que en la calamidad hay una sucesión de “expertos” que, con distintas motivaciones, no hicieron correctamente su trabajo y éstos sí tienen responsabilidad contractual.

En todo caso en estos juicios el Estado, garante del bien común, no puede dejar a la familias abandonadas a su suerte, teniéndose en cuenta que las inmobiliarias cuentan con excelentes y bien relacionados abogados. Por ello el futuro gobierno deberá ser especialmente proactivo y a través del Consejo de Defensa del Estado, hacerse parte en cada uno de los juicios para asegurar sentencias a favor de los engañados compradores de viviendas.

Por Patricio Herman

Fundación  “Defendamos la Ciudad”