El gobierno de la derecha ha realizado una propuesta de política fiscal para el financiamiento de la reconstrucción de las regiones más afectadas por el terremoto y tsunami. En trazos muy generales, los elementos más importantes de la propuesta son: i) readecuar las prioridades del gasto fiscal por medio de reasignaciones presupuestarias del presupuesto de la nación, ii) utilizar parte del ahorro que el país tiene en el exterior, y iii) contratar prestamos con entidades financieras internacionales.
Las fuentes de financiamiento (reasignaciones presupuestarias, ahorro y endeudamiento) son viables. La UDI ha respaldado la propuesta y ha convocado a los partidos de la Concertación a ponerse a la altura de las circunstancias y a apoyar las medidas definidas por el Presidente. Hasta ahora la Concertación no se ha pronunciado públicamente.
La derecha económica no se ha expresado ni a favor ni en contra, por una sola razón: la propuesta sólo dice de dónde se van obtener los recursos, pero no dice nada de cómo se implementará su uso. No saben “cómo van ahí”. La derecha económica entregará su opinión cuando sepa cómo será el negocio o la oportunidad para seguir acumulando riqueza, que esta vez surge de la catástrofe que empobreció a cientos de chilenos y chilenas.
Sobre los principios del neoliberalismo, el negocio es claro. En el caso de la vivienda social, por ejemplo, podemos suponer que su reposición va a ser financiada con empréstito internacional, que será devuelto con los impuestos que pagamos todos los chilenos y chilenas. El financiamiento será canalizado vía subsidios para la construcción de las soluciones habitacionales. Quienes ejecutarán las soluciones serán las grandes constructoras, que participarán en una licitación “transparente y objetiva”, y que propondrán precios de mercado competitivo. ¿Qué significa esto? Que los precios de la vivienda social serán calculados definiendo costos directos e indirectos de producción, pero manteniendo una ganancia que va en beneficio directo de los dueños de las constructoras. Entonces, con platas de todos y con la desgracia de parte de nuestros hermanos del Bio Bio y el Maule, habrá empresarios “competitivos” que se harán más ricos. Como siempre en las políticas neoliberales, el pueblo paga los costos y los empresarios se llevan las ganancias.
A esto podemos agregar otra suspicacia que surge del modelo neoliberal. Puede que las empresas constructoras necesiten apoyo, porque la reconstrucción, como “tarea patriótica”, lo exige. No faltará quien proponga subsidiarles la mano de obra, con el argumento de generar empleo en las regiones de la catástrofe. ¿Quién se podrá oponer a esto, si es prácticamente un imperativo ético? La cuestión relevante es que ese subsidio se financiará con cualquiera de las tres medidas propuestas por el Presidente, cuya mayor parte viene de los impuestos que pagamos todos y todas. Este subsidio no se realiza para que el empresario baje el porcentaje de su ganancia, sino para que la asegure y en algunos casos la incremente. Si esta idea se propusiera, el pueblo chileno nuevamente pagaría los costos. La desgracia y el dolor de los damnificados se convertirían en la ganancia de un grupo de empresarios.
Considerando el diseño institucional fuertemente presidencialista de nuestro Estado, estas medidas hipotéticas son totalmente posibles de implementar, ya sea con los recursos del actual presupuesto, o con la promulgación de leyes que son de simple aprobación.
¿Cuál sería una alternativa a la posible propuesta de la derecha en materia de vivienda social? Una política de autoconstrucción por medio de corporaciones de vivienda regionales, que permita que las comunidades definan sus proyectos habitacionales, con apoyo técnicos de universidades regionales y equipos profesionales contratados por ellos mismos. Las fuentes de financiamiento pueden ser las mismas, pero los rendimientos económicos de los recursos serían mayores, ya que, los recursos no estarían sometidos a generar ganancia privada. Si no más a una ganancia social que es fortalecer los lazos de la comunidad, generarse soluciones propias y empezar a desarrollar formas de autogobierno y autogestión.
Por Pablo Monje Reyes
Administrador Público. Profesor de ELAP – Universidad ARCIS
Cullipeumo, marzo 2010
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