Parlamentarios y ciudadanos recurren al Tribunal Constitucional por nueva Ley de Pesca

34 diputados, junto a organizaciones ambientalistas y pescadores artesanales piden declarar inconstitucional las reformas que benefician a la industria salmonera. Argumentan que “no se puede entregar un patrimonio de todos los chilenos a un grupo de empresas”.

Un recurso de inconstitucionalidad en contra del proyecto de ley de pesca a favor de las empresas salmoneras interpuso un grupo de parlamentarios concertacionistas en compañía de ambientalistas y pescadores artesanales.

El argumento de los 34 diputados es que no se puede entregar un patrimonio de todos los chilenos a un grupo de empresas, sin tener consideración con dos de los principales puntos de la norma: el laboral y ambiental.

“Acá no se está cumpliendo con el tema medio ambiental y se está discriminando porque sólo se está favoreciendo a un grupo de empresarios, que además ha hecho pésimo su trabajo”, denunció el diputado y miembro de la comisión de Medio Ambiente, Enrique Accorsi.

El parlamentario indicó además que existen otras formas de fomentar la industria, sin sacrificar bienes esenciales. “El gobierno podrá ayudarlos de otras maneras, pero no hipotecando el mar y el borde costero que son un bien de uso público, y que por lo demás es de todos los chilenos”, agregó.

En esta misma línea, el diputado por Aysén René Alinco, afirmó que es deber de los parlamentarios “proteger los derechos de los trabajadores y los recursos naturales. No es posible que esta ley considere 25 años para una concesión, porque eso es una vida. Además ni siquiera contempla lo que es un banco natural, algo sumamente necesario para la estabilidad del medio ambiente. Todos sabemos que las industrias salmoneras contaminan”.

El proyecto de Ley de Pesca, que pretende reactivar la industria salmonera, ya fue aprobado por ambas Cámaras, por lo que recurrir al Tribunal Constitucional es el último recurso que tienen los ecologistas y los parlamentarios disidentes para que se vuelva a discutir la ley y se elaboren nuevas condiciones en materia laboral y ambiental.

PROBLEMAS DE LEGALIDAD

Según la Constitución, en el articulo 19 numero 23, dice que todos los chilenos tienen la libertad para acceder a todos los bienes de usos público. Además en el Código Civil se especifica que existen dos tipos de bienes de uso público, los fiscales a cargo del gobierno de turno, como es el caso del Palacio de La Moneda, y los que son de toda la comunidad, como lo son el mar y el borde costero.

El abogado que patrocinó el recurso, Lorenzo Soto Oyarzún, indicó que el proyecto de ley fue aprobado apoyando un delito, que se hipoteque un bien de uso público.

“A nuestro juicio se esta discriminando de manera arbitraria y se están otorgando beneficios económicos a un solo grupo de empresarios del país, cuando otros no tienen las mismas salvaguardas o beneficios. En el fondo, lo que hace la ley es otorgar un bien con carácter de hipotecable.

El problema es que ese bien es de uso público y pertenece a todos los chilenos, y de acuerdo a la ley el mar y el borde costero se va a poder entregar a los bancos”, indicó el jurista.

Asimismo, el abogado agregó que “lo que se hipoteca es la concesión acuícola, es decir, el papel, el problema es que la concesión recae sobre bienes. Y el bien en este caso concreto es el mar. Por lo que al hipotecarse, se impide que cualquier otro que no tenga la concesión pueda hacer uso de ese bien, restringiendo el paso al área entregada, tanto para pescadores, como también para las personas y los turistas”.

El corazón de la iniciativa legal que permite las modificaciones a la ley general de Pesca y Acuicultura, está en los artículos 81 y 81 (BIS), posibilitando la implementación de créditos para las salmoneras, mediante la entrega a “modo de prenda” del borde costero y hectáreas superficiales de mar. Pagándose parte de la deuda de 2.500 millones de dólares que la empresa mantiene con la banca. Punto considerado como una “privatización del mar” por los disidentes y que fue la base del debate dentro de las Cámaras.

Para el secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, Cosme Caracciolo, esta ley es simplemente un premio para una industria que considera “criminal”.

“Hay muertos producto de las negligencias salmoneras, especialmente en relación a los buzos que pertenecen a la pesca artesanal, por lo que esta ley es un premio  a estas empresas criminales. El gobierno de  la Concertación en conjunto con parlamentarios de la oposición se equivocaron de sobremanera y cometieron un gran error, por lo que espero que el actual gobierno aplique justicia y use de buena manera a la Constitución”, acusa el dirigente.

En caso de quiebra, la Ley permite que las compañías puedan pagar parte de su deuda con las concesiones o también arrendar, vender o permutar el beneficio, tal cual se puede hacer con cualquier bien. Por lo que el Estado pierde autonomía, por lo menos por el periodo de la concesión (25 años).

Cabe destacar que esta iniciativa es la segunda parte del denominado “salvataje salmonero”, entregado por el gobierno de Michelle Bachelet, y que además del proyecto de ley, incluyó la entrega de 450 millones de dólares por parte del Estado a la industria.

Es importante mencionar que la no renovación de las concesiones acuícolas (que son por 25 años), está sujeta sólo al comportamiento laboral de una firma. Es decir, las concesiones se terminan sólo en caso de que un titular cometa tres faltas a las leyes laborales, comprobables mediante tribunales de justicia y en un periodo de tres años consecutivos. Punto también cuestionado, pues en un 50 por ciento los trabajadores de la industria salmonera obedecen a honorarios o a la subcontratación.

El Tribunal Constitucional tiene diez días para declarar la admisibilidad o inadmisibilidad del requerimiento, en caso de que se acoja el recurso se espera que en dos o tres meses resuelva si se vuelve a discutir el proyecto.

Lo importante es que si se admite el recurso de inconstitucionalidad se ordenará inmediatamente a la Presidencia de la República  que se paralice el actual proceso de promulgación de la iniciativa.

Fuente: Radio Universidad de Chile/www.terram.cl

Declaración de la Campaña Salvemos el Mar Chileno

Aunque parezca increíble, un día  antes del cambio de gobierno, el Parlamento chileno  aprobó un proyecto que supone la privatización del mar. Las urgencias del desastre del 27 de febrero impidieron conocer al país esta importante noticia. La citada ley, que reforma la Ley de Pesca y Acuicultura, buscaba salvar a las empresas salmoneras, industrias que mueren fruto de sus propios errores y horrores: destrucción del medio ambiente por una ambición desmedida y una irresponsabilidad a toda prueba.

La privatización consiste en que se autoriza a las salmoneras entregar de las concesiones acuícolas, mar incluido, en calidad de hipoteca ante las instituciones financieras.

Es decir, para salvar a unos pocos empresarios que se farrearon la posibilidad de haber desarrollado una industria exitosa basada en criterios mínimos y básicos de respeto medioambiental, sanitario y laboral, se les entrega en propiedad el mar y una costa que se supone son de todos los chilenos.

El mar es y siempre ha sido un bien nacional de uso público que nos pertenece a todos. Nunca en la historia algún país había permitido hipotecar el mar. No sólo es un escándalo, sino que también es la renuncia de nuestro país a la soberanía sobre su territorio.

Frente a esta situación, 34 diputados, en coordinación con la campaña Salvemos el Mar Chileno y el apoyo de los senadores Guido Girardi y Alejandro Navarro, recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de esta abominable normativa. Estamos seguros de la consistencia de nuestros planteamientos y de que el TC sabrá reconocerlo.

Es importante señalar que el proyecto en cuestión, junto con entregar en propiedad un bien nacional de uso público como es el mar, conlleva un evidente favoritismo a favor de un sector de la sociedad chilena como es el salmonero.

El proyecto además contiene evidentes vicios de forma que el TC no puede soslayar. Entre estos destaca el hecho de no haber consultado a la Corte Suprema cuando por la materia que se trataba el procedimiento lo exigía.

Queremos destacar la decisión patriótica e histórica de los diputados firmantes, de recurrir al TC para impedir que se convierta en ley el último y más leonino de todos los proyectos de la Concertación por la Democracia, que fue promovido por la banca y las salmoneras. Es necesario señalar que, en su mayor parte, los diputados firmantes del requerimiento pertenecen a este conglomerado político. Esto muestra una voluntad de enmendar los graves errores cometidos lo que podría marcar un giro en las definiciones políticas bajo nuevos liderazgos y el inicio de un nuevo tiempo, alejado de la ortodoxia neoliberal. Está por verse.

Cabe consignar que este requerimiento lleva la rúbrica de la presidenta de la Cámara de diputados, Alejandra Sepúlveda (PRI), de los tres diputados comunistas, de la totalidad de los diputados PPD y radicales, así como de la casi totalidad de los diputados socialistas con la salvedad de Clemira Pacheco y Fidel Espinoza. También suscribieron el requerimiento los democratacristianos Pablo Lorenzini y Víctor Torres, y el independiente por Magallanes Miodrag Marinovic. Ningún diputado de derecha lo firmó.

Debemos destacar que respondiendo a una solicitud de nuestra campaña, participó en la redacción del requerimiento el presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, quien diez años atrás había llevado al TC la ley que creaba el Tratado Minero con Argentina, la que fue cercenada en sus alcances desnacionalizadores por este tribunal. El abogado patrocinante del actual requerimiento fue Lorenzo Soto.

El hecho de que haya existido el interés, la voluntad y la decisión de formular ante el TC esta solicitud de inconstitucionalidad de la privatización del mar constituye un hito desde donde poder comenzar a construir un nuevo escenario social y político para un debate participativo en la sociedad chilena respecto de lo que queremos o no hacer con nuestro territorio y en materia pesquera y acuícola.

Campaña Salvemos el Mar Chileno: ¡contra la privatización del mar!