Egipto adopta ley antiterrorista que limita la libertad de prensa

La nueva legislación ratificada por el presidente Abdelfatah al Sisi prevé fuertes multas para los periodistas que publiquen información sobre operaciones terroristas que contradiga a los comunicados oficiales.

Egipto adopta ley antiterrorista que limita la libertad de prensa

Autor: Marta Ubeda

AFP PHOTO/MOHAMED EL-SHAHED

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, promulgó este domingo una nueva ley antiterrorista que refuerza los poderes de la policía y los fiscales, crea tribunales especiales, endurece las penas e impone severos límites a la libertad de prensa.

La nueva norma ratificada por Abdelfatah al Sisi prevé fuertes multas para los periodistas que publiquen informaciones sobre operaciones terroristas que contradigan los comunicados oficiales. Las multas van desde las 200.000 hasta las 500.000 libras egipcias (entre 23.000 y 58.000 euros).

El Ejecutivo egipcio redactó la legislación tan solo unos días después del atentado con coche bomba que le costó la vida al fiscal general egipcio Hisham Barakat. El ataque, perpetrado a finales de junio, estuvo seguido por una serie de atentados yihadistas contra el Ejército en la península del Sinaí. Los medios de comunicación revelaron un número de muertos mayor a los reconocidos por el Ejército. 

Uno de los artículos más controvertidos de la nueva legislación es el número 35, que impone elevadas multas a los periodistas que no se limiten a ofrecer la versión oficial de los hechos. Las sanciones podrán oscilar entre las 200.000 y las 500.000 libras, una cifra totalmente desorbitada en un país en el que el salario mínimo mensual apenas supera las 1.000 libras. La primera versión de la ley, modificada por la presión del sindicato de periodistas, establecía pena de cárcel de dos años para los periodistas que no se limitaran a la versión de las autoridades.

También resulta polémica la ampliación de la definición de terrorismo. La nueva legislación impone duras penas para aquellos y aquellas que alteren el funcionamiento de los servicios públicos, lo que permite aplicar la ley contra obreros en huelga, por ejemplo.


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