Durante estos días y debido a la agitación política provocada por los continuos errores del gobierno de corte empresarial de Sebastián Piñera, hay una noticia que para la opinión publica en general ha pasado un poco inadvertida o mejor dicho ha sido tratada sólo como una de tantas noticias internacionales, no así para las sensibilidades políticas y de derechos humanos.
El estado socialista cubano ha sido puesto en tela de juicio nuevamente debido a la muerte de Orlando Zapata Tamayo, supuesto activista del movimiento opositor cubano que se encontrara detenido luego de la llamada «primavera negra» del año 2003; en circunstancias poco claras la denominada «disidencia» expresa y denuncia que su muerte fue provocada por los malos tratos recibidos de funcionarios de la misma prisión en que se hallaba recluido.
En Chile, las reacciones no se hicieron esperar, el gobierno de derecha económica condenó enérgicamente la situación y el empresario presidente de la república Sebastián Piñera propuso trasladar este conflicto directamente a la organización de estados americanos (cuyo secretario general continuará siendo el chileno José Miguel Insulza) en busca de presión internacional para dar a Cuba lo que ellos entienden como democracia; mientras senadores del partido demócrata cristiano llegan a un acuerdo político en dependencias de la casa de gobierno sumándose a las críticas, la bancada comunista adopta posiciones históricas de apoyo irrestricto al régimen y diputados socialistas presionados por la democracia cristiana alzan su voz generando una declaración de repudio a lo ocurrido.
No deja de sorprender la pasividad mostrada por este grupo (bancada socialista, derecha económica, empresario y democracia cristiana) cuando en nuestro país estas prácticas se han vuelto sistemáticas, puesto que, la vulneración de derechos fundamentales, hacinamiento y condiciones infrahumanas en que viven los reclusos chilenos en prisiones estatales es también algo que claramente merece más de una declaración de condena.
En nuestro país una problemática falta de derechos y participación para los pueblos indígenas recibe violencia policial, expresada incluso con repudiables asesinatos (Matías Catrileo – Jaime Mendoza) y políticas públicas de resultados poco óptimos, nunca una declaración de los sectores antes mencionados ni menos intenciones de llevar los casos a las cortes internacionales.
La pasividad se repite en el caso del menor José Huenante Huenante, hasta el día de hoy sin respuestas ni menos justicia, este caso tuvo repercusión mediática gracias a un informe sobre derechos humanos desarrollado por universidad Diego Portales en el cual lo declaraban como «detenido desaparecido en democracia», en ese tiempo nos llamó bastante la atención una sobre reacción del gobierno de Michelle Bachelet tanto por la denominación utilizada en el informe como por las declaraciones del entonces ministro secretario general de la presidencia José Antonio Viera-Gallo quien calificó el caso como “algunos carabineros escondieron el cuerpo de un asesinato” mientras nadie aún hablaba ni pensaba en asesinato.
Como socialistas no sólo promovemos el respeto a los derechos humanos, incluso tenemos un imperativo ético de defenderlos tenazmente en cualquier parte del mundo y bajo cualquier régimen en que no estén siendo resguardados. Criticarlos, condenarlos e incluso crear las condiciones para su respeto cuando sea necesario.
De existir malos tratos, esta secretaría condenaría y emitiría votos de repudio al régimen cubano, sin embargo no está clara la información -ni mucho menos-, además sabemos de la ofensiva comunicacional que está implementando el gobierno de EE.UU. contra la isla y debemos ser cautelosos con nuestras expresiones.
Sin embargo, nos unimos a la voz internacional de clarificar lo ocurrido, garantizar el respeto a los derechos humanos de los presos políticos y solidarizar frente al embargo económico impuesto por EE.UU.
Los socialistas debemos ser leales a los derechos humanos en cualquier sitio del mundo, por cuanto llamamos al estado de Chile a implementar las medidas adecuadas para su respeto íntegro y sin condiciones.
Por Daniel Escobar R.
Secretario Nacional DD.HH.
Juventud Socialista de Chile
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