En una carta el vicepresidente de Bolivia aclara que solo expulsarán a las organizaciones no gubernamentales y a las entidades extranjeras que financien actividades contrarias a los intereses del Estado boliviano.
A continuación, reproducimos la carta íntegra:
“Agradezco la generosidad que han tenido por dedicar parte de su tiempo a elaborar una carta dirigida a mi persona, con el fin de proponerme un ‘llamado a la reflexión’ respecto a mis declaraciones sobre el papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Bolivia y su financiamiento.
Entiendo que se preocupan respecto a la libertad de expresión, pero considero que lo hacen en vano. Valga sin embargo la oportunidad, porque siempre es grato saber que los amigos se acuerdan de uno. Y digo que su preocupación es vana, porque en mis declaraciones sobre las cuatro ONG (Milenio, CEDIB, Fundación Tierra y CEDLA), ni ahora ni en ninguna oportunidad anterior he planteado su cierre, expulsión o restricción alguna de su actividad. Bien saben ustedes que en Bolivia la libertad de expresión y asociación no solo constituyen derechos civiles, sino que representan componentes indisolubles de la vida, la historia y desarrollo de las sociedades democráticas, de las organizaciones y los movimientos sociales. La democracia misma solo se comprende e irradia sobre la base innegociable de la libertad de asociación y pensamiento.
Hoy, la democracia en Bolivia está alcanzando niveles de profundidad e irradiación extraordinaria, precisamente en el marco de la administración del Estado por parte de organizaciones sociales indígenas, campesinas, obreras, vecinales y populares, cuya vida se alimenta de la libertad de ideas y múltiples formas organizativas. Venimos de esa raíz. Y para quienes en tiempos neoliberales hemos soportado la represión y la cárcel por pensar diferente, está más que claro que el horizonte socialista y plurinacional solo puede construirse con base en la ampliación de los principios democráticos de libertad de pensamiento y asociación.
En este contexto -y haciendo uso de la libertad de pensamiento y expresión-, he señalado que cuatro ONG mienten y camuflan su activismo político reaccionario bajo el manto de actividad ‘no gubernamental’. ¿Es que acaso no tienen derecho a mentir? Por supuesto que sí, pero yo también tengo derecho a denunciarlo, a denotar las falsedades escritas en sus ‘supuestas’ investigaciones, que más se asemejan a decálogos de fe política o primitivos perfiles de estudio. En la misma medida en que los funcionarios de estas ONG tienen el derecho constitucional de hacer para-política partidaria desde esas organizaciones, yo tengo el derecho a develar que están jugando el papel de sustitutos de los partidos políticos de derecha, y que sus funcionarios no hacen más que reclutar adeptos mediante el ropaje de actividades hipócritas ‘no lucrativas’, ante su reiterado fracaso en la proclama política abierta.
Estas cuatro ONG bolivianas tienen todo el derecho a existir, funcionar, investigar e incluso a hacer política; sin embargo, nosotros tenemos el derecho y la necesidad -así lo exige el movimiento popular que conduce el proceso revolucionario en Bolivia- de criticar su sorprendente encuadre ideológico en el discurso medioambientalista emitido y financiado desde los centros imperiales.
Todos coincidimos en que es necesario un orden socio-productivo que sustituya la lógica depredadora de la naturaleza impulsada por el valor de cambio. Pero acá existen al menos dos posiciones. La primera, correspondiente al discurso imperial, propugna que la plusvalía medioambiental que sostiene el desarrollo de los países del norte, sea pagada por los países del sur, congelando así la mejora de sus condiciones de vida y petrificando las relaciones coloniales de pobreza y sometimiento construidas a lo largo de siglos y aún vigentes hoy. Esta posición está claramente expresada en la propuesta medioambientalista de USAID respecto a la Amazonía, y en la sugerencia del gabinete de Tony Blair para la implementación de una administración transnacional en esa región.
En contraste a esta posición, para las naciones indígenas soberanas, una nueva sociedad medioambiental solo será posible rompiendo la condición colonial de fragmentación y pobreza prevaleciente en los pueblos y naciones del sur. De lo que se trata es de crear una civilización ecológica mediante la combinación de saberes ancestrales y contemporáneos capaces de restituir un metabolismo procreativo entre naturaleza y naturaleza devenida en sociedad. Sin embargo, esto no se puede alcanzar simplemente imitando lo que sucede en el norte (ilusión desarrollista), ni mucho menos congelando las condiciones de vida de los pueblos del sur (colonialismo petrificado). Esta civilización solo puede surgir si somos capaces de proporcionar las condiciones materiales mínimas de existencia, de satisfacción de las necesidades básicas que permitan liberar las capacidades creativas y cognitivas de los pueblos para la creación de los fundamentos de una sociedad ecológica, que no podrá ser más que de carácter comunitario y universal.
En ese sentido, a quienes sí he prevenido y advertido con la expulsión, es a organismos internacionales, ONG y gobiernos extranjeros que financian y se involucran en actividades políticas, que van en contra de los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia y el proceso revolucionario del pueblo que se viene desarrollando durante los últimos diez años. Se trata de un principio de soberanía y dignidad elemental para cualquier Estado democrático y, mi persona, en tanto eventual servidor público, no solo está en el derecho sino en la obligación moral e intelectual de oponerse a cualquier tipo de injerencia en actividades políticas internas.
El núcleo del neoliberalismo contemporáneo, que ha destruido derechos, recursos y asociatividad social en el mundo entero, no es la sustitución de la soberanía nacional por un tipo de mundialización desterritorializada del poder. Basta ver las murallas de cemento y acero que los supuestos Estados desarrollados levantan día a día ante el flujo de fuerza de trabajo, para comprender que la soberanía nacional de todos los países intenta ser reemplazada por la soberanía nacional de unos pocos, que pretenden decidir sobre el destino de otros.
El restablecimiento de los principios de soberanía nacional, es decir, la autodeterminación, es uno de los pilares para el desmontaje del orden neoliberal en Bolivia. Nos referimos a la autodeterminación como Estado para definir la gestión de sus recursos y su modo de relacionamiento con otros Estados, y también a la autodeterminación social para definir su horizonte como comunidad política en la historia.
Esa es la razón principal por la que decidimos ‒como gobierno soberano– expulsar al FMI de las oficinas privadas que tenía en el Banco Central de Bolivia (BCB); a la CIA, que tenía oficinas en el Palacio de Gobierno; al cuerpo militar norteamericano, que tenía su base extraterritorial en un aeropuerto en la Amazonía boliviana; a USAID y al embajador de los Estados Unidos, que conspiraban junto a grupos separatistas de extrema derecha, apoyando la división del país en micro-republiquetas bajo tuición extranjera.
La autodeterminación nacional es una dimensión de la autodeterminación social, y ninguna revolución podrá avanzar en la profundización de los derechos democráticos de la sociedad sin la consolidación de las condiciones de la soberanía estatal. Es imposible definir el horizonte interior de una sociedad (el posneoliberalismo, el Vivir Bien, el socialismo, etc.), sin definir su horizonte externo, sin ser soberano. Por ello, no podemos permitir que ningún gobierno foráneo, empresa u organización para-gubernamental extranjera definan las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. De lo contrario, nos estaríamos sometiendo a un neocolonialismo.
Todo este marco me permite regresar a mis comentarios sobre las cuatro ONG citadas, acerca de las que sostuve que mentían y defendían los intereses de la derecha política internacional. La preocupación suya es comprensible, pues les mintieron. Ustedes se alarmaron porque ellas les dijeron que yo había propuesto expulsarlas. ¡Nada más falso! A quienes sí advertí con la expulsión del país, es a organismos extranjeros que se entrometan en actividades políticas, que mellen la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia. Con esto queda plenamente demostrado que esas ONG mienten, y lo hacen de tal manera que consiguen que personas bienintencionadas se sumen al discurso imperial orientado a infundir sospechas sobre la vigencia de las libertades democráticas y los derechos civiles de los regímenes revolucionarios y progresistas de América Latina. Asimismo, mencioné que dichas ONG hacían política partidaria de derecha, apoyando el discurso medioambientalista imperial. Una revisión somera de sus argumentos, comparados con los expuestos por USAID respecto a la Amazonía, comprueba aquello de inmediato.
Por tanto, ustedes comprenderán que así como respetamos la opinión política de todos los actores nacionales en Bolivia, en mi calidad de ciudadano –y más aún como servidor público‒ no tengo por qué callar ni ocultar las mentiras de estas o de cualquier otra institución que dañe el proceso revolucionario perteneciente a las organizaciones sociales del país. La defensa innegociable de la revolución boliviana, interna y externamente, es para mí algo irrenunciable, como el mismo derecho a la libertad de expresión y asociación.
Lamento profundamente que hayan sido utilizados por estas cuatro ONG en su intento de simular una imagen autoritaria de -bien lo saben ustedes- uno de los países más democráticos del mundo. No obstante, si lo que está detrás de esta mala pasada es su buena voluntad para debatir horizontes revolucionarios o progresistas para nuestro país y el mundo, bienvenidos como siempre”.
Álvaro García Linera. Vicepresidente de Bolivia
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