Ley de Partidos: PC, PS y MAS advierten control excesivo del Estado

Aunque todos dicen estar a favor, “en términos generales”, del proyecto del gobierno que modifica la actual Ley de Partidos Políticos, las críticas al estado actual de la iniciativa aumentaron ayer entre los dirigentes de la Nueva Mayoría.

Uno de ellos es el timonel del PC, Guillermo Teillier, quien acusó que la propuesta del Ejecutivo “significa un control excesivo del Estado sobre los partidos políticos”. El diputado pidió resguardar “los elementos doctrinarios que diferencian a los partidos unos de otros, ya que algunos tenemos cien años de cultura partidaria”.

El malestar en la Nueva Mayoría aumentó, en gran medida, tras recibir una minuta de la Segpres con las ideas fuerza de las indicaciones que el gobierno ingresará al proyecto a más tardar el   1 de septiembre, cuando comience la votación en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara.

Ese documento refuerza los mecanismos de control -ya presentes en el proyecto- a los que serán sometidas las colectividades, tanto en sus estructuras internas como en las inversiones que puedan realizar y en la administración de sus bienes.

También desde el PC, el diputado Hugo Gutiérrez dijo que “todos somos partidos que respetamos la democracia y los derechos humanos”, pero agregó: “Tenemos estructuras diferentes, y aquí quieren homogeneizarlas. No creo que sea lo adecuado. Hay que respetar las culturas políticas de todos”.

El presidente del MAS, Alejandro Navarro, coincidió en el crítico diagnóstico. “Considero inaudita esta acción del gobierno en torno a reglamentar excesivamente a los partidos. No me parece adecuado, y además es muy preocupante limitarlos en sus actividades que generan ingresos de manera transparente”, dijo, advirtiendo que tampoco está disponible para aprobarlo en su estado actual.

En este contexto, la DC ingresó ayer indicaciones al proyecto para corregir algunas de sus disposiciones. Entre otras, buscar atenuar la norma que busca la expulsión de militantes que no hayan votado en dos de las últimas tres elecciones internas y aumentar las exigencias para constituir partidos (ver recuadro).

Además, el secretario nacional, Gonzalo Duarte, señaló que espera conocer las indicaciones del Ejecutivo, ya que los lineamientos que contiene la minuta de la Segpres requieren, a su juicio, precisiones “desde el punto de vista de la redacción jurídica, sobre todo en temas de transferencias patrimoniales y de construcción de la orgánica interna de los partidos”.

Las transferencias patrimoniales y las limitaciones en los instrumentos de inversión complican a las colectividades. Al menos la DC y el PC poseen inversiones inmobiliarias administradas por sociedades externas, mientras el PS tiene inversiones en el mercado de valores. En la mayoría de los casos, estos instrumentos se emplearon tras el régimen militar.

El diputado Gabriel Silber (DC) planteó que el gobierno “debe hacerse cargo de nuestro pasado”, por lo que “la ley debe plantear mecanismos de transición de bienes que tenemos en inmobiliarias hacia nuestra persona jurídica”.

En la misma línea, el diputado Osvaldo Andrade (PS) señaló que  “habrá que precisar qué pasa con los partidos que tienen patrimonio propio, que no tienen que ver con financiamiento público, por lo que no pueden quedar bajo los mismos márgenes del control”. El ex timonel socialista agregó que “me parece interesante que se garanticen democracias internas o participación de la mujer, pero tengo una cierta duda sobre hasta qué punto esa interferencia va a alterar tradiciones y culturas de los partidos. El PS tiene 83 años y ya tiene una forma de organización interna”.