Colombia: El extractivismo es el primer frente de guerra contra la paz

“La paz de Colombia, es la paz de Latinoamérica”

II foro por la paz en Colombia.

La minería se disfraza de salvavidas que desde el primer mundo se lanza a las economías pobres e inestables pero ricas en materias primas, como la colombiana, con el fin de salvaguardar a miles de personas víctimas de una fallida política de desarrollo rural y de un conflicto armado con más de cincuenta años. La estrategia dice promover la generación de empleo con la inversión extranjera y el fortalecimiento de la infraestructura nacional. Un discurso del desarrollo que promete a las gentes de los países empobrecidos un nivel de vida como el de Europa o norteamérica.

Al parecer, vencer el discurso político del gobierno colombiano resultaría difícil, al revisar las cifras que aporta la minería al Producto Interno Bruto, con un promedio del 6.7% anual entre el 2000 y 2010[1], las importantes exenciones tributarias que resultan atractivas para la inversión extranjera y el aumento de los ingresos públicos por concepto de “regalías”.

Sin embargo, las cifras gubernamentales no parecen tener en cuenta las “externalidades”, es decir los costos ocultos del negocio: el aumento de violación a los derechos humanos, el ascendiente número de protestas sociales en contra del modelo extractivista, las miles de denuncias realizadas por comunidades en contra del modelo económico minero-energético, (incluso en instancias internacionales), ni siquiera menciona que Colombia es el país con mayor número de conflictos ambientales en el mundo. Según el mapa de conflictos ambientales y espacios de resistencias, 72 proyectos minero-energéticos generan la disputa entre el proyecto extractivista del gobierno nacional y los planes de vida de las comunidades colombianas.

Basta con analizar dos proyectos mineros entre los 9.500 que hay en todas las fases en más del 40% del territorio colombiano. Los casos del carbón de la Guajira y el caso de la Greystar en Santander.

El Cerrejón ¿minería responsable?

Las comunidades guajiras denuncian a la minería de carbón como la responsable del hambre que está matando niños-as, el desplazamiento, la pobreza, la privatización y sequía de las fuentes hídricas, la destrucción de la cultura ancestral wayuu.

Después de cuarenta años de mega-minería en el norte del país, el territorio de la Guajira ha sufrido negativas transformaciones sociales y ambientales, como consecuencia de la implementación de políticas como “Colombia, país minero 2019” del gobierno de Alvaro Uribe Vélez y la “locomotora minero-energética” del mandato de Juan Manuel Santos. La primera extendió en ocho años la superficie nacional concesionada para la explotación minera de 1,13 millones a 8,53 millones de hectáreas, consolidando una política minera estatal, y la segunda, una vez solidificada la minería como sector productivo en el país, abrió las puertas a las multinacionales, para lo cual modificó las políticas ambientales y desinstitucionalizó la regulación y administración de los recursos minero-energéticos, creando agencias que dan cuenta de la corporativización estatal.

El Cerrejón es propiedad de la Anglo American, Bhp Billiton y Glencore-Xtrata, después de que el gobierno colombiano realizara uno de los peores negocios del mundo. El consorcio explota y exporta uno de los mejores carbones sin mayor control económico, social, ni ambiental. Es responsable -como la Drummond- de asesinatos perpetuados por grupos paramilitares a sindicalistas y defensores de derechos humanos, como Valmore Locarno, Victor Orcasita, Adolfo Gonzalez, entre otros. Son empresas que imponen contratos y salarios precarios, tercerización laboral, contaminación ambiental sin resarcimiento, con el fin de aumentar sus ganancias.

Después de la explotación de carbón en Colombia, sólo nos queda la destrucción de la naturaleza  y de las culturas campesinas e indígenas, el desplazamiento masivo, los altos índices de violencia y de contaminación, víctimas y efectos del desarrollo.

El oro vale más que el agua

En el 2012 las comunidades de Santander levantaron su voz de protesta en contra del proyecto Angostura, insistiendo en el derecho fundamental al agua y diciendo no a la minería a cielo abierto de oro en uno de los ecosistemas más frágiles y únicos del mundo, el Páramo de Santurbán.

La multinacional Greystar ahora Eco Oro, pretende realizar explotación de oro en el páramo que surte de agua a 2’200.000 personas de 48 municipios de Santander y Norte de Santander. Ante el proyecto que defendía intereses económicos de unos pocos a costa de la vida de millones de colombianas y colombianos, las comunidades emprendieron una lucha en contra del modelo extractivista impuesto en el país. Pero la victoria hasta el momento fue para las multinacionales, gracias a la legalización de la explotación que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos por medio de la delimitación de las zonas de páramo compatibles con la minería y las áreas para restauración de ecosistema de páramo, que aunque su nombre proyecta buenas acciones, no es más que la posibilidad legitimada que tienen las empresas para contaminar las aguas y destruir ecosistemas vitales para la vida en Colombia.

La paz y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

El gobierno colombiano no quiere la paz. Si así lo pretendiera, el Plan nacional de Desarrollo priorizaría la inversión social y no la guerra, el fortalecimiento de la economía nacional, el reconocimiento de los derechos de la población víctima del conflicto interno. Un conflicto, dónde no solo han participado las guerrillas y el ejército, también una lista larga de empresas que financian, defienden y se benefician del despojo y de la concentración de tierras en favor del capital trans-nacional.

Es por esta razón que en Colombia no sólo hay víctimas de las millones de balas que se han disparado, también existen -y hoy alzan la voz- las miles de víctimas del modelo de desarrollo que implica la destrucción de los suelos fértiles por la minería de las multinacionales, bocas de mina para obreros tercerizados, y el control paramilitar para la “seguridad democrática del país”.

La paz con justicia social que propone el movimiento social colombiano, incluso los acuerdos en los diálogos de paz, no son posibles si el modelo económico primario de carácter extractivista no cesa y es transformado por el reconocimiento del potencial de los suelos y el derecho a existir de la economía campesina, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas.

El gobierno colombiano pretende silenciar los fusiles para agudizar las brechas de desigualdad y de despojo en beneficio de las multinacionales extractivistas, como Engesa, Endesa, Drummond, Eco oro, Anglo Gold Ashanti, Pacific Rubiales, Bhp Billinton, Glencore-Xtrata, entre otras.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país. Paz, equidad y educación”, no trae más que el primer frente de guerra para la paz, esto es la expansión de grandes proyectos mineros y energéticos que seguirán violando los derechos de las comunidades con impunidad, pero con la aceptación del gobierno nacional y el silencio de la comunidad internacional.

Europa financia la guerra, comprando carbón colombiano

Comprar carbón colombiano, regado de sangre obrera, campesina e indígena, con una devastación medioambiental enorme, es un acto sin escrúpulos, es financiar la guerra.

Colombia está exportando al año 75 millones de toneladas de carbón, de las cuales unas 33 millones de toneladas provienen del Cerrejón, y se dice que para el 2015-2016, el Cerrejón va a exportar 40 millones de toneladas.

La explotación del carbón y su precio no dependen de Colombia, sino de la voracidad y la capacidad de especular de las multinacionales en el mercado internacional, pero eso no tiene nada que ver con la vida y la paz con justicia social que reclaman las gentes de Colombia.

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