20 años de mercantilización

Luego de 20 años de políticas de la Concertación es posible señalar que en el ámbito de la educación básica y media se ha generado un apartheid educacional.

Desde la destrucción que había realizado la Dictadura del sistema de educación pública (64% de la matrícula el año 1990), la Concertación se encargó de levantar un sistema que mejorara las prestaciones o servicios para los niños y jóvenes de sectores con menos ingreso, llegando a proveer virtualmente el acceso al 100%.

Para ello fue necesario adecuarse a la Ley Orgánica Constitucional de Educación (Loce) y a la Constitución de Pinochet y, por lo tanto, aumentar los recursos que se invertían, en igualdad de condiciones para el sector público y el sector privado. Ello no se regía por el pacto que había dado origen a la Concertación de 17 partidos, pero aparecía dictado por la necesidad; sin embargo, a la larga, implicó que la cura fuera tan mala como la enfermedad.

En la educación superior la realidad es relativamente distinta, pero igualmente está marcada por el crecimiento exponencial del sistema privado en desmedro del público.

Pero, cómo entender que la Concertación haya hecho algo tan distinto de lo que fue la construcción histórica de sus fuerzas fundadoras, que también habían extendido la cobertura educativa entre los ‘40 y ‘70, pero con sentido republicano, al hacerlo bajo el marco de la igualdad de derechos políticos y sociales. Por el contrario, en los últimos 20 años se ha hecho como una ampliación de los derechos en cuanto consumidor.

INFLEXIÓN HISTÓRICA

Consideramos que para entender este cambio es necesario plantearse al actual sistema electoral -política de los acuerdos- como la construcción de un bloque histórico en que se unieron las dos fuerzas antagónicas en el campo de la educación, que marcaron el siglo XIX (liberales y conservadores) y expropiaron la participación social de la discusión respecto a los fines que ella tiene y el modo, en que por tanto, estos se implementan.

El conservadurismo católico y su defensa de la libertad educacional frente al Estado y el liberalismo, que la veía como factor de modernización necesaria para la formación de un Estado Nación, lograron conciliarse con la Loce, que limitaba el rol del Estado como garante del derecho a la educación, convirtiéndolo en mero financista de un sistema de subsidios (voucher).

Esto implicó que el Estado aumentara sus niveles de inversión desde el magro 11% del presupuesto en 1990 hasta un poco más del 20%, al final del Gobierno saliente. Sin embargo, en la actualidad todavía casi la mitad de la inversión en educación la hacen las familias (sobre el 3,2% de un total de 7% del PIB que se destina a esta área. Es decir que el Estado, como mucho, corre con el 3.8% restante).

En la educación superior la situación es semejante, con la salvedad de que el 100% de los Centros de Formación Técnica y de los Institutos Profesionales son privados. En el caso de las universidades, la diferencia se da entre las que educan a la élite (Burbuja) y las que lo hacen a la mayoría (Garaje). Tema que cruza a aquellas que pertenecen al Consejo de Rectores, en la medida que no todas las estatales tienen el mismo nivel de problemas de recursos y allí participan, además, universidades dependientes de la Iglesia y otras privadas.

LO CLIENTELAR POR LO PÚBLICO

Desde el año 1990 (Lagos), la educación fue perdiendo su sentido público, a tal punto que el mismo Ministerio de Educación borró esta palabra de su nombre. En esta etapa se marcó la línea de lo que serían las grandes transformaciones de las dos décadas siguientes.

Por una parte, una primacía de lo técnico por sobre lo político, como fundamento de las reformas. Por otra, relación clientelar con los grupos de poder gremial, como forma de limitar los conflictos en el área. La implementación del estatuto docente sólo para los profesores que ejercían en el ámbito municipal facilitó esto último.

Pero a medida que esta educación ha disminuido su matrícula, ha significado que el ejercicio de los docentes que trabajan en el ámbito particular y que se rigen por el Código del Trabajo, empeore sus condiciones de vida y laboral. Esto incide en que la carrera docente tenga escaso atractivo para las nuevas generaciones.

Además, las políticas clientelares han generado la identificación entre educación pública y crisis constante del sistema, lo que ha producido un traspaso de estudiantes hacia la educación particular subvencionada, la que ha crecido más de un 60% en los últimos 20 años, pasando de 2.600 a más de 4 mil colegios.

LA TÉCNICA POLÍTICA

La primacía del enfoque técnico ha significado que sistemáticamente se privilegien soluciones que consideran variables econométricas para su evaluación. Así, la mayor inyección de recursos desde el año 90 a la fecha le ha permitido al sector particular subvencionado mantener la selección como base de su mejor desempeño en las mediciones estandarizadas. Esto fue posible gracias al informe Brunner, de 1994.

En dicha comisión de técnicos se propuso una reforma centrada en lo curricular. Se amplió el horario lectivo mediante la Jornada Escolar Completa, se establecieron Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos guiados por un modelo constructivista individual, se privilegió el desarrollo de proyectos educativos propios, se eliminó asignaturas consideradas inútiles, se desarrolló la infraestructura adecuándola a un modelo de sociedad del primer mundo, etc.; junto a la mayor inyección de recursos por parte del Estado, sin considerar un cambio en las condiciones sociales o políticas de quienes participaban del sistema.

De este modo, se posibilitó una expropiación política de los actores sociales en beneficio de los empresarios de la educación (representados, por ejemplo, en las ministras Jiménez y Aylwin, quien dirigiera la cartera en el Gobierno de Lagos).

Por ello, la misma noche en que Piñera ganó, el senador Longueira señaló que en políticas educativas el futuro Gobierno se iba a dedicar a implementar el acuerdo alcanzado por las élites de los partidos de la Concertación y la derecha el año 2007.

Todo esto implica que, luego de 20 años de gobiernos concertacionistas, los pilares estructurales heredados de la Dictadura y que han llevado a la situación actual, se mantengan en sus líneas centrales.

Observatorio de Políticas Educativas Universidad de Chile – Opech

El Ciudadano