El presidente del PC y diputado Guillermo Teillier, acompañado de los dirigentes ecologistas Lucio Cuenca (Olca) Juan Carlos Cárdenas (Ecocéana) y el encargado de medio ambiente del PC, Felipe Zavala, denunciaron que la premura con que se tramitó y la forma como fue negociada y aprobada la reforma de la institucionalidad ambiental chilena, impidió la discusión y dejó sin resolver temas claves que han estado y están presente en los conflictos ambientales y sociales mas emblemáticos del país en los últimos años.
Al respecto, el diputado Teillier comentó: «Como miembro de la comisión de medioambiente y del Cámara de Diputado voy a desarrollar mi trabajo en consonancia con las organizaciones civiles que desde hace tiempo vienen trabajando sobre este tema, es la voz más autorizada que existe en este momento».
«Nuestra preocupación principal es saber por qué la nueva Ministra de Medio Ambiente retiró los decretos que instalaban la nueva institucionalidad y otros órganos de fiscalización. Tengo la gran preocupación que este retraso tenga que ver con los planes de reconstrucción del país tras el terremoto y maremoto. La flexibilización de las normas medioambientales sería muy grave para el país porque si bien estamos de acuerdo con apurar los dictámenes de los organismos pertinentes no tiene porqué hacerse flexibilizando las normas mediambientales», agregó.
Teillier afirmó que la Ministra del ramo irá el miércoles 7 a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y le consultaremos qué significa este retraso de la implementación de la nueva institucionalidad. Esperamos que nos dé una explicación muy clara, convincente porque actualmente es muy precario el control medioambiental que existe y retrasar esta institucionalidad -que tampoco nos deja conformes- sin embargo, atrasarla agrava más todavía la situación de control sobre el medioambiente», explicó el diputado PC.
ILEGALIDAD
El director de la ONG Olca, Lucio Cuenca agradeció al diputado Teillier su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil sobre el tema ecológico y denunció que la nueva institucionalidad se hizo «desconociendo 1.250 indicaciones introducidas en la Cámara, que mejoraban el proyecto en un acuerdo entre el senador Pablo Longueira (UDI) y la Concertación.
Estas nuevas normas relativizan o condicionan esta institucionalidad, sobre todo el Tribunal de Medio Ambiente y de poner sobre el Ministro un organismo tutelar denominado Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
El dirigente ecologista denunció al respecto lo que llamó «la construcción de nuevos mecanismos de mercado para el medio ambiente con un signo de desregulación. Al menos hay dos ejemplos: donde correspondía en situaciones de pre emergencia aplicar 4 dígitos a los autos catalíticos, se rebajan a 2 y, por otro lado, la Ministra ha validado una ilegalidad al permitir que empresas que debieran usar gas natural, usen diesel generando mayor contaminación. Proyectos como la central Renca, el pleno centro de Santiago, fueron aprobados para funcionar con gas, por lo tanto está avalando una situación de ilegalidad en una región urbana altamente poblada sometida a un plan de descontaminación».
Congelar el proceso de instalación del nuevo ministerio y sus organismos es de alta preocupación. Llamamos la atención sobre esto, que no signifique que -con la excusa del desastre natural y otros de la coyuntura política- se siga desprotegiendo a la población y al medioambiente», indicó.
«TOQUE DE QUEDA AMBIENTAL»
El retiro de los dos decretos es la expresión más clara de la política del gobierno de Sebastián Piñera -indicó Juan Carlos Cárdenas– para desregular y priorizar los temas económicos por sobre los ambientales, de los cuales está tomando ventaja de la actual situación derivada de la catástrofe natural. Esta política va a significar la agudización de los conflicto socio-ambientales asi como el aumento del descrédito de los servicios públicos e institucionalidad ambiental ante la ciudadania».
«Ello, debido a los criterios a la hora de evaluar los proyectos de inversión, de infraestructura y sobrerecursos naturales. Nuevamente los poderes fácticos impiden que la sociedad chilena se dote de los instrumentos necesarios para enfrentar los urgentes desafíos del país en materia de democratización, equidad social y justicia ambiental».
«El consenso político entre la Alianza y la Concertación respecto a la institucionalidad ambiental no representa la visiòn de los ciudadanos ya que las entidades locales siguen luchando contra estos mega proyectos de inversión. Hoy la ciudadanía no se siente parte de ese consenso Concertación-Alianza».
«En este proceso se deshecho la exigencia de la ciudadanía en materia de participación ambiental. La nueva institucionalidad presenta un fuerte enfoque neoliberal, introduce la figura de la auto fiscalización al permitir que empresas privadas entreguen certificación de conformidad ambiental, lo cual creo un negocio cuyas consecuencias ya se vieron en la construcción de edificios en nuestro país posterior al terremoto».
«Se aceptó la imposición empresarial para la creación de tribunales ambientales que debilitará las atribuciones sancionatorias de la Superintendencia ambiental. Esta nueva institucionalidad aparece como una «ley de amarre».
«La premura con que se tramitó y la forma como fue negociada y aprobada la reforma de la institucionalidad ambiental chilena, impidió la discusión y dejó sin resolver temas claves que han estado y están presente en los conflictos ambientales y sociales mas emblemáticos del país en los últimos años. El retiro de los proyectos de ley es una especie de «toque de queda» ambiental mediante la detención explícita de la nueva institucionalidad o el debilitamiento del control ambiental sobre el desarrollo de proyectos de inversión, con motivo de la emergencia que afecta al país», concluyó el dirigente de Ecocéano.
El Ciudadano
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