Nacidas el 2006, bajo la agitación de la llamada “Revolución Pingüina”, la Defensoría Popular y el Pikete Jurídico son dos organizaciones que asisten y defienden judicialmente a víctimas de la criminalización con que ha sido tratada la protesta popular en los últimos diez años.
- Foto de Claudio Santana, Tercer Lugar del 31º Salón Nacional de Fotografía de Prensa.
Según el abogado Rodrigo Román, la Defensoría Popular se define como un “conjunto de voluntades comprometidas con la asistencia y defensa de los luchadores sociales, víctimas de la criminalización del Estado chileno hacia la protesta social”.
Convertido en ONG desde enero de este año, el grupo, compuesto por seis abogados, se dedica principalmente a proteger jurídicamente las garantías constitucionales que tienen las personas para organizarse y manifestarse públicamente; derechos que son “violados por las fuerzas del Estado, en un primer momento, y penalizados por el Ministerio Público, en la etapa judicial”, aclara Román.
Herederos del Codepu (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, que desde los ‘80 ha protegido los derechos humanos), la Defensoría ha trabajado, entre otros, junto al movimiento de deudores habitacionales Andha Chile, los pobladores y allegados de “Sin techo”, mapuche, anarquistas, okupas, etcétera, proporcionando ayuda jurídica en diversos casos relacionados a la penalización con que la justicia ha resuelto sus demandas.
Para el abogado, “durante los 90, existió un aletargamiento de la protesta social, pero desde el 2000 reaparecen nuevos actores, a los que los gobiernos de la Concertación no dudan en aplicar decretos y leyes heredadas de la dictadura. Esto, sumado a la labor del Ministerio Público, instaló una verdadera cacería contra los movimientos sociales, que no hacen más que realizar los derechos de protesta que la misma Constitución les entrega”.
Elías Sanhueza y Victoria Gaete, miembros del Pikete Jurìdico, concuerdan con esta visión: “La supuesta democracia sólo significó una apertura en los temas económicos. Sin embargo, el movimiento social ha sido sistemáticamente reprimido durante todos los años que gobernó la Concertación”, comenta Sanhueza, estudiante de tercer año de Derecho de la Universidad de Chile.
El Pikete Jurídico es una agrupación de “estudiantes de Derecho contra el Derecho”. Su objetivo, igualmente, es apoyar y asistir a distintas organizaciones sociales, entregando toda su experticia técnica en materia judicial a cualquiera que requiera su ayuda.
El nombre de “pikete” proviene como contra-denominación a las formas en que se organizan las tropas de Fuerzas Especiales de Carabineros. Se consideran luchadores sociales y no “expertos que miran desde las ventana las protestas y acuden como héroes a rescatar a los detenidos”, explica Gaete.
Su organización se divide en tres áreas: Un pikete penal, un pikete sindical y un pikete de pobladores. Lo suyo es una estrategia, ya que más allá de poner los conocimientos jurídicos en manos de las personas, aspiran a una “superación del derecho, tendiente a motivar a que las propias comunidades sean quienes se autorregulen”, comenta Sanhueza.
El Pikete no sólo ha desarrollado actividades prácticas, sino que realiza talleres abiertos de crítica del derecho, con la intención de “desmitificarlo y develarlo como un arma de control de la que se vale la clase dominante”, según la abogada Gaete.
- Rodrigo Román, de la Defensoría Popular.
Respecto al nuevo escenario político, para Román, de la Defensoría Popular, “se puede esperar que el nuevo Gobierno de derecha intensifique la represión –aunque fue la Concertación la que retomó estas prácticas-, pero hasta este momento podemos contar con los dedos de una mano los casos que hemos perdido. Esto nos da la seguridad para seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora”.
En el Pikete consideran que el nuevo Gobierno es tan sólo una continuación de la Concertación, “en el que –comenta Gaete- los grupos de poderosos seguirán utilizando la ley burguesa para su beneficio. Para nosotros esto no es distinto, es una constante histórica a la que nosotros nos oponemos desde el primer día”.
Para contactos dirigirse a:
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Por Cristóbal Cornejo
El Ciudadano
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