La UDI contra los luchadores sociales, y la sentencia a cadena perpetua de Enrique Villanueva ex dirigente del FPMR

Seis han sido los jueces que en diferentes periodos investigaron el caso Jaime Guzmán, Guillermo Navas, Marco Libedinsky Alfredo Pfeiffer, Raquel Camposano Hugo Dolmesch y el actual ministro Mario Carroza, lo que demuestra que los tribunales hicieron su papel y que los resultados no satisfacen el apetito de venganza de personeros de la UDI, quienes han puesto todo su esfuerzo en encontrar culpables sin importar averiguar la verdad, algo que hace rato fue develado judicialmente.

Con su prepotencia los miembros de la UDI se olvidan de la historia, que fueron ellos, hoy disfrazados de demócratas, los que avalaron la persecución, la tortura, el asesinato y la desaparición de cientos de dirigentes sociales y militantes de la izquierda chilena. Insistir en reabrir una y otra vez la investigación por el caso de Jaime Guzmán con el solo fin de provechar su imagen, es simplemente un ataque a la inteligencia de los chilenos. Alguien tendrá que recordarles de que se trata de un caso investigado y resuelto hace ya varios años.

Con alegría los enemigos del FPMR recibían la noticia, la UDI intentaba retomar liderazgo con un discurso anti- FPMR, añejo y desgastado, atacando e intentando desviar con cualquier excusa la atención sobre su realidad paupérrima nuestro país ha sido invadido por la corrupción, miles de millones de pesos se han perdido a través de desvergonzadas artimañas, la lista de corruptos reúne a la mayoría del Arco-iris que contemplan los partidos políticos de las dos derechas, la Nueva Mayoría y la Alianza, corruptos Neoliberales.

Lo que han querido hacer durante todos estos años, es imponer la divinización oficial de su líder fundador (Jaime Guzmán), reconociéndole como una suerte de dios al cual se le deben construir estatuas, brindarle celebraciones e incluso reconocerlo como un gran demócrata. A esto responde el uso grosero y utilitario de su figura corroída, tanto como la del dictador y de su gobierno corrupto en el cual participaron, con un nuevo intento por reubicar la figura de Guzmán en la historia y en el escenario nacional.

La venganza de la UDI, ha dado pasos certeros, sabiendo que los medios de comunicación de masas, el poder judicial y los principales representantes del Estado, están atados de mano, son controlados y dirigidos por la fuerza que da el dinero y el miedo.

No es casualidad que el poder judicial, mantenga procesados por años a luchadores sociales sin justificación jurídica alguna, basta revisar procesos para darse cuenta que van construyendo las evidencias en el camino, los montajes ya no son solo parte de la historia de lo que fue la Dictadura Cívico militar, ahora los corruptos se han hecho expertos en el tema.

Así es como una declaración extrajudicial aparecida en Chile visión inducida maliciosamente por los periodistas que visitaron a Mauricio Noranbuena (Ramiro) en las mazmorras brasileñas, se transforma en el instrumento legal fabricado para reabrir un caso prescrito, que se intenta mantener abierto pretendiendo tipificarlo como un crimen de lesa humanidad. Una aberración jurídica que no resiste análisis en el marco del derecho. Se basan además en falsas acusaciones de un torturador de la CNI, a esto obedece la aparición de un personaje inventado y puesto como testigo en este proceso, la Francesa (Emmanuel Verhoeven), señalada por un tercero (El Subcomisario Barraza) sin prueba alguna, más que su opinión, como jefa de inteligencia del FPMR y como su vocera. Nosotros no la reconocemos como vocera, menos como jefa de inteligencia, es más tenemos muy claro la relación de esta mujer con los organismos de seguridad y sacamos todo un artículo con este tema en nuestra revista El Rodriguista el 2014.

Lo expuesto nos lleva a concluir que todo esto no es más que un globo inflado con mentiras y con todos los recursos del Estado cuyo fin es manipular a la justicia con maniobras truchas, destinadas a frenar el ímpetu de cambio que se acrecienta en la mayoría de chilenos y chilenas. Cada día somos más los que queremos una nueva Constitución, la actual, la que diseñó Jaime Guzmán y que se validó en un plebiscito fraudulento en 1980, es el sostén de un modelo económico y político generador de desigualdades que ya no son tolerables porque dañan la vida y limitan el futuro de generaciones de compatriotas.

Durante todo el proceso judicial, la finalidad de la persecución ha cegado a los acusadores, haciendo caso omiso del principio esencial de la buena fe, donde el dolo debe ser probado por quien lo alega, lo imputa, algo que hasta ahora no se hecho, porque y como se ha probado por la defensa hay absoluta falta de participación en los hechos que se imputan al acusado.

Es necesario señalar además, que a Emmanuel Verhoeven jamás se le ha interrogado de manera presencial ni por exhorto en este proceso, pasando por alto una acción necesaria, para comprobar la veracidad de las afirmaciones que supuestamente hace y que se involucran en el hecho criminal.

Ante estas intencionadas arbitrariedades permitidas por la aplicación de la ley antiterrorista, diseñada en dictadura, como ciudadano Enrique Villanueva tiene derecho a casación, lo cual también se le intenta negar. Lo que es fundamental para garantizar un juicio justo y un derecho que es concluyente para evitar el error judicial, lo que en este caso y por los enunciados de esta sentencia resulta determinante, porque claramente las hipótesis esgrimidas por el juez no coinciden con lo acaecido en la realidad.

A esta larga lista de irregularidades se suma la violación de un principio reconocido internacionalmente, la exigencia de ser tratado de tal manera de garantizar una posición procesal de igualdad. Por el contrario, lo ha hecho en una desventaja sustancial frente a sus acusadores: La UDI, La familia de Jaime Guzmán, el Consejo de Defensa del Estado, Ministerio del interior y Poder Judicial.

No hay duda entonces que este proceso es una persecución política abierta y escandalosa, que es posible porque en ninguno de los gobiernos “democráticos” se ha enjuiciado y condenado con firmeza el estado de guerra sucia que los promotores del golpe de estado de 1973 impusieron en Chile. Solo se ha endosado la responsabilidad a las FFAA, pero no se ha trasparentado quienes en el poder político, económico y judicial fueron los cómplices de las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar.

Finalmente, nada de lo anterior se podrá conseguir sino se avanza en llevar a la justicia a quienes participaron en el gobierno cívico militar de Pinochet, quienes son culpables directos, cómplices o encubridores de crímenes de lesa humanidad. Por eso no pueden quedar impunes, ellos no solo permitieron la tortura, el asesinato sino que hicieron desaparecer los cuerpos de las víctimas e intentaron eliminar todo vestigio del pensamiento político de quienes consideraron y aun consideran como un enemigo del Estado. Eso las nuevas generaciones de chilenos y chilenas tienen que saberlo, para educar a nuestros jóvenes en los valores democráticos, cuyo asiento principal es el respeto a los derechos humanos y no la adoración de héroes o dioses con pies de barro.

Sin embargo, a quienes combatimos a la dictadura ¡se nos persigue en democracia, bajo los mismos argumentos y leyes que nos persiguió la tiranía de Pinochet!

Enrique Villanueva Molina, Jorge Mateluna y muchos más son una muestra de los tantos, que por haber sido dirigentes del FPMR, se les incrimina, se les persigue, se les inventan situaciones para dividirnos e intimidarnos. Pero sepan que los Rodriguistas de ayer y de hoy seguimos tan vivos y convencidos de Refundar la Patria.