En unos pocos días, la Corte Suprema deberá definir si el Ejército de Chile está obligado a informar sobre la identidad de los funcionarios que integraron la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) y de aquellos que, más de veinte años después de haber pertenecido a la policía secreta de Pinochet, siguen formando parte de la institución.
Esto porque el comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, presentó un recurso de queja en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que ratificó una decisión del Consejo para la Transparencia donde se ordenaba la entrega de la información, previamente solicitada por El Ciudadano en virtud de la Ley 20.285.
En el escrito que conocerá el máximo tribunal del país se señala que no existe un listado de militares y funcionarios civiles que pertenecieron a la CNI, versión contrapuesta a lo informado por el propio general Oviedo ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados hace algunas semanas, donde señaló que más de treinta ex miembros del aparato represor de la dictadura continúan prestando servicios en el Ejército.
Andrea Ruiz, directora jurídica del Consejo para la Transparencia, explicó a El Ciudadano TV por qué debe prevalecer el derecho de acceso a la información cuando se trata de empleados que ejercen una función pública. Vea sus comentarios en la siguiente nota.
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