El “Manso” proyecto de Piñera… y Bachelet

Río Manso, afluente del río Puelo. Foto: Enzo Fiorelli (Flickr)

En el más absoluto secreto, plagado de irregularidades y desconocidos conflictos de interés, se desarrolla la Central Hidroeléctrica Mediterráneo S.A., que se pretende emplazar en la paradisiaca cuenca binacional del Río Manso -tributario del Puelo- que por el lado chileno se ubica administrativamente en la comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos.

La cuenca del Puelo pertenece en un 70% a Argentina y sólo en un 30 a Chile. Por lo mismo, la construcción de esta Central está originando gran preocupación y protestas en el vecino país. También hay gran y creciente resistencia en Chile.

De concretarse, la central Mediterráneo sería la más grande central de pasada de Sudamérica, con una inversión estimada de 400 millones dólares. Según el proyecto presentado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el 7 de diciembre de 2011, esta hidroeléctrica produciría 210 MW con dos generadores.

Requeriría la construcción de un tendido de líneas de alta tensión de más de 63 kilómetros, las que serían sostenidas por más de doscientas torres metálicas que arruinarían este hermoso y único paisaje, desconocido para la gran mayoría de los chilenos, pero que es admirado por algunas de las grandes figuras del cine universal como Leonardo Di Caprio.

El trazado de torres iría a lo largo de la cuenca del río Manso y pasaría por el Lago Tagua Tagua y el Río Puelo hasta llegar a la central hidráulica Cenelca  ubicada en el estuario del Reloncaví, que es propiedad de Colbún S.A. (Grupo Matte).

“La problemática es que se pretende desarrollar una central de pasada y supuestamente –eso se dice- estas son ambientalmente limpias… pero eso es totalmente falso”. Es lo que señala en entrevista con este corresponsal, el destacado naturalista Mauricio Fierro, que ha dado dura y erudita batalla en defensa de la cuenca del Puelo, donde vive hace décadas.

“Las centrales hidroeléctricas siempre están tratando de venderle la pomada a la gente y crean una imagen verde con el concepto de central de pasada”, complementa.

Añade: “Efectivamente, si se trata de una central de 50 o 100 kilowatts: ¡Ningún problema! porque son centrales pequeñas para producir electricidad para una pequeña población. ¿Pero una central de 210 MW? ¡No, eso es muy distinto!”, expresa.

Los amigos de Piñera

Mediterráneo S.A pertenece en un 35% a una sociedad compuesta por José Cox Donoso, Mario Ignacio Guerrero y al ingeniero Ricardo Bachelet Artigues, primo de la actual mandataria. “Estos tres personajes han trabajado históricamente para Sebastián Piñera, ya sea para sus empresas, o manejando el fideicomiso ciego”, señala el naturalista Fierro.

No es el único que asegura esto. El Mostrador, en nota de 27 de febrero de 2014, afirmó que Cox, Guerrero y Bachelet “son históricos socios de Piñera”. En este artículo se destacó que ellos “forman parte del denominado ‘Tercer Piso’ de La Moneda” integrado “por un grupo de empresarios y amigos cercanos a Piñera, con quienes comparte experiencias, temas personales y que jugaron un rol clave a la hora de convencer al mandatario de vender su participación en Chilevisión y Colo-Colo”.

Cox además encabezó la recolección de fondos para la campaña presidencial de Piñera que lo llevó a la Presidencia en 2010. Actualmente Piñera y Cox se encuentran cuestionados, en el caso Penta-SQM, entre otras cosas por haber participado en una triangulación de recursos usada para pagar los honorarios del exdirector ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre.

En nota El primo de Bachelet que es socio y amigo de Piñera –publicada en La Tercera el 12 de febrero de 2006- Ricardo Bachelet reconoce y describe la vinculación: «Con Sebastián soy socio en proyectos inmobiliarios junto a José Cox e Ignacio Guerrero». Allí se añade que el 90% de los negocios de este cuarteto se centran en dicho rubro. “El ingeniero aclara que los proyectos que realizan en conjunto no se hacen al amparo de CMB –empresa de la que los cuatro son socios desde los ochenta- sino de las sociedades que cada uno ha formado”.

Según la citada nota de El Mostrador el porcentaje restante de la propiedad de la Hidroeléctrica Mediterráneo está en manos de la constructora Belfi (35%) la que es propiedad de los hermanos Fernando y Enrique Elgueta. Esta empresa, junto al citado trío de amigos de Piñera (Guerrero, Cox y Bachelet) operó la Ruta de la Madera “que terminó convirtiéndose en la primera concesión que el Estado compró a privados”.

La Ruta de la Madera fue adquirida en la “era Piñera” en condiciones muy desfavorables para el fisco pero muy beneficiosas para sus “amigos”. El restante 30% de la propiedad de Mediterráneo se lo repartirían –según dicho diario electrónico- entre los impulsores originales de la iniciativa. Se trata de los ingenieros Roberto Hagemann Gertsmann, Ignacio Muñoz y Carl Weber.

Sin embargo, Fierro asegura que el 65% restante de la propiedad de esta central hidroeléctrica se reparte entre dos fondos de inversiones privados, uno de los cuales efectivamente pertenecería a Hagemann, mientras que el otro sería directamente de Sebastián Piñera.

Como fuere, es un hecho que durante el mandato presidencial de Piñera este hizo hasta lo imposible por conseguir poner en marcha este proyecto, el que aprobó escandalosamente en los descuentos de su gobierno.

Piñera no es el único Presidente involucrado en la irregular aprobación de la central sobre el Río Manso: la presidenta Michelle Bachelet, en sus dos administraciones, ha jugado un rol clave en su avance y existencia.

Actualmente el proyecto de Mediterráneo S.A. se encuentra detenido a la espera que el Comité de Ministros se pronuncie respecto de recursos administrativos en que se hace ver las diversas irregularidades e ilegalidades en las que se habría incurrido en su aprobación.

Sin embargo, no es mucho lo que se puede esperar de este Comité. Baste observar lo sucedido con el hotel Punta Piqueros (Con Con), que fue visado por esta instancia el pasado 7 de julio, exactamente un mes antes que el mar mostrará lo absurdo de dicha determinación.

El portal de arquitectura Plataforma Urbana sintetizó bien el problema: “(Punta Piquero) fue aprobado por el Comité de Ministros pero rechazado por el mar”.

Irregularidades e ilícitos

Según consigna Mauricio Fierro en su investigación Río Manso: el negocio de los amigos y socios de Sebastián Piñera (Geoaustral, julio de 2012), pese a que dicho río se encuentra afectado por el fenómeno de Calentamiento Global y ha disminuido drásticamente su caudal, “eso no impidió que la Dirección General de Aguas (DGA) y la administración presidencial de Michelle Bachelet, rematara en 44,7 millones de dólares –en 2008- el total de sus aguas, para un proyecto de explotación hidroeléctrica”.

Fierro afirma que esta subasta fue realizada con el beneplácito de la Dirección de Fronteras y Limites de Chile (Difrol) la que -según él- desconoció el Decreto N° 67 del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga el Tratado entre Chile y Argentina sobre Medio Ambiente, y que contiene un Protocolo Especifico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos (suscrito en agosto de 1991).

Este Protocolo Adicional indica en su artículo N°1 párrafo 2 que “El aprovechamiento de los recursos hídricos en el territorio de una de las partes, perteneciente a una cuenca común, no deberá causar perjuicios a los recursos hídricos compartidos, a las cuencas o al medio ambiente”; y en su Artículo N° 5 enfatiza: “las acciones y programas de aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos se efectuaran en forma coordinada o conjunta a través de planes generales de utilización”, lo que en este caso no ha sucedido.

El adjudicatario de los derechos de agua de Río Manso, fue primeramente Roberto Hagemann Gertsmann, quien posteriormente traspasó estos derechos a la novel Sociedad Mediterráneo S.A. Esta ingresa el proyecto de Central Hidroeléctrica Mediterráneo bajo el mandato de Piñera con quien –según Fierro- “tendrían asegurada la aprobación”.

El 27 de febrero de 2014, pocos días antes que el presidente Piñera dejara el poder, la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Los Lagos visó por unanimidad la RCA de la Central Hidroeléctrica Mediterráneo. Esta resolución fue abiertamente irregular, tanto en la forma como en el fondo.

En relación con lo primero, es dable mencionar que la reunión de CEA de Los Lagos que calificó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Proyecto Mediterráneo, no fue convocada con tres días de anticipación como exige la ley, sino que “pasadas las 20 horas” del día anterior a través de la página web del SEA, tal como lo señala El Mostrador en su nota “CEA de Los Lagos aprueba proyecto hidroeléctrico ligado al ‘tercer piso’ de Piñera” (27 de febrero de 2014).  Fruto de esta tardía convocatoria, se imposibilitó que la prensa y las comunidades afectadas pudieran hacerse presentes.

Por lo mismo, además de los seremis y otros funcionarios de Gobierno sólo hubo cuatro personas más: Ricardo Bachelet y la ejecutiva Jimena Espinoza, por Mediterráneo; y dos opositores al proyecto, el naturalista Fierro y otro más.

Fierro nos revela que él sólo se enteró de que esta reunión se había convocado a las dos de la mañana de ese 27 de febrero “gracias a que un funcionario de un servicio público me llamó por teléfono”.

Según Fierro –que es director de la organización ambientalista Geoaustral- la presencia de Ricardo Bachelet no tenía relación con el hecho que sea primo de la entonces presidenta electa, ni con su calidad de copropietario de Mediterráneo, sino con el hecho que era un hombre de Piñera. “La presencia de Ricardo Bachelet fue para asegurar que votaran a favor del proyecto porque esa fue la orden que dio Piñera el día anterior”, asegura.

Fierro cuenta que Piñera llegó a la Región de Los Lagos el 26 de febrero: “Fue inmediatamente trasladado a la zona del Río Manso, para que viera el proyecto, y esa tarde se decidió a hacer la reunión –de la CEA- el otro día”. Asegura Fierro que “fue una orden presidencial que se aprobara el proyecto, porque es su proyecto, su central”. Añade: “Él tiene a empleados que aparentan ser los titulares pero la verdad es que sólo son ‘palos blancos’ de Piñera”.

Paralelamente a la gestión de los permisos ambientales, los socios de la central Mediterráneo siguieron ampliando su presencia en Cochamó. Allí, a través de Roberto Hagemann y de un par de empresas más, tomaron el control del Fundo Puchegüin, predio de casi 100 mil hectáreas y 80 kilómetros de frontera… Es decir: Piñera y su gente son dueños de un cuarto de la comuna de Cochamó, de 80 kilómetros de frontera y de dos pasos fronterizos… pero a nadie le importa”, protesta Fierro.

La administración Bachelet no ha hecho nada por remediar este estúpido proyecto. Todo lo contrario. Según denunció el Ina Lonko Elizer Cayún en un video difundido en abril pasado, el Estado inició la construcción de un camino aduciendo que se buscaba sacar a los habitantes de la zona del aislamiento. Pero, prontamente, todos se dieron cuenta que este camino tiene grandes dimensiones lo que sugieren que será usado en proyectos extractivos “hidroeléctricos y mineros”, señaló Cayún.

Mauricio Fierro expresa que este “camino privado” incurre “en un acto de ilegalidad evidente desde un punto de vista urbanístico”, ya que la Ley General de Urbanismo y Construcción, en su artículo 56, afirma que “la apertura de nuevos caminos o calles que desemboquen en los caminos de carácter nacional o regional, requerirán autorización de la Dirección de Vialidad del MOP (…) cuando ellos incidan en las áreas de los Planes Reguladores Intercomunales”, cosa que hasta aquí no ha ocurrido.

Además, y como se ha hecho común en los grandes proyectos extractivos, Mediterraneo S.A. ha fraccionado su proyecto en numerosas partes para evadir la evaluación de este proyecto como un todo, eludiendo así el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del camino que la central necesita para la concreción de su proyecto”.

Según Fierro, “Michelle Bachelet supuestamente no está en el negocio… sólo su primo. Pero matiza: si bien no es culpable, sí es directamente responsable porque los servicios públicos continúan permitiendo que se construya el proyecto, violando un tratado internacional y la propia ley chilena”.

-¿En qué se demuestra el apoyo del Gobierno de  Bachelet a Central Mediterráneo?, le consultamos.

– Los servicios públicos continúan reuniéndose con personeros de la empresa. Si hay denuncias, sencillamente las ignoran, como ha hecho la autoridad medioambiental ante informes que dan cuenta de episodios de contaminación en el río por derrame de desechos. Si uno denuncia al MOP que están construyendo un camino de aproximadamente 15 kilómetros de largo y están destruyendo la montaña, el MOP responde que no hay ningún camino. Para ellos no existe un camino.

En el artículo El arte de burlar la ley (Geoaustral, agosto de 2013) Fierro destaca –finalmente- que las obras de la Central Mediterraneo se realizan sin considerar que están siendo realizadas “en una cuenca que es el punto central y parte integral de la Reserva Mundial de la Biosfera de los Bosques Húmedos Templados Lluviosos, declaración otorgada por la UNESCO en Septiembre del 2007”.