El año 2013, durante octubre y noviembre, los funcionarios municipales llevaron a cabo un prolongado paro nacional que duró 33 días.
Como parte de los acuerdos que permitieron terminar con este movimiento, estuvo la conformación de mesas de trabajo con los compromisos pendientes.
El trabajo de estas mesas culminó con la firma de un Protocolo de Acuerdo, el 14 de noviembre de 2014, entre el Gobierno, los Alcaldes y los Funcionarios Municipales. Sólo después de otros seis meses se envió proyecto de ley al Congreso.
Según explicó Juan Araya -presidente de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Iquique (Afumi)-, esta iniciativa no está respetando los protocolos acordados en noviembre del 2013 con el Gobierno. Por lo que manifestamos nuestro total rechazo al proyecto. Además, señaló que la iniciativa deroga la carrera funcionaria e imposibilita la adecuación de las plantas, ya que «será el alcalde y los concejales quienes decidan la adecuación del personal del planta, dejando de lado a funcionarios que llevan años».
Agregó que el proyecto incorpora el incremento previsional, por lo que los municipales solicitan que éste no esté dentro de la ley.
Alfonso Schiller, tesorero de la Federación Regional de Funcionarios Municipales, explicó que esta ley es un proyecto discriminatorio y que aumenta las brechas. Además señala que esta eventual legislación, de aprobarse, generará desigualdad salarial, promoviendo la no participación de los funcionarios en los procesos, y precarizando el empleo municipal.
En Santiago, el día de ayer realizaron una actividad pacífica frente a la Subdere, a las 12:00 hrs. Se juntaron en Av. Bulnes, frente a la moneda, cerca de las 11:00 hrs y desde ahí se organizaron debido a que no se está respetando el protocolo de acuerdo. A la actividad concurrierion las municipalidades de Conchalí, San Felipe, Providencia, La Pintana, Valparaíso, Quilicura, entre otras.
En regiones, los empleados municipales se dirigieron hacia las oficinas subdere o intendencia, según correspondía en cada caso. Esta situación debiera resolverse en un plazo máximo de 30 días. De no tener una respuesta satisfactoria, los funcionarios han señalado que se irán a paro indefinido.
Estas son las diferencias que tienen con el gobierno y que nos hicieron llegar a El Ciudadano:
Por lo tanto, realizan un llamado al Gobierno y a los parlamentarios para que puedan introducir las mejoras pertinentes, vía indicaciones, ya que el proyecto aún se encuentra en el Senado, cumpliendo su primer trámite constitucional, cuyo plazo vence hoy, viernes 4 de septiembre, y su discusión, en particular, comienza el próximo lunes 7 de septiembre.