Atraso deliberado en institucionalidad ambiental

Se ha pretendido usar la excusa del terremoto que afectó gravemente a tres regiones del país para retrasar la institucionalidad ambiental.

La decisión de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, de retirar de Contraloría los decretos firmados por el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet para implementar la nueva institucionalidad ambiental, generó gran preocupación entre los ambientalistas, y se interpretó como una medida orientada a retardar la instalación y nuevas obligaciones de la reforma institucional vigente desde enero pasado. Lo propio expresaron los diputados de la Comisión de Medioambiente, donde se tramitó dicha reforma.

Sin embargo, el 26 de marzo, en una reunión de urgencia sobre este impasse con los ambientalistas, la Ministra se escudó en el terremoto y en la imposibilidad de echar a andar la nueva institucionalidad en sólo 30 días, descartando toda intencionalidad política. Pero lo cierto es que una investigación del asunto permitió descubrir que, ingresados los decretos en febrero a Contraloría, ésta solicitó correcciones formales en las plantas institucionales, las cuales se incorporaron, y los  decretos estaban listos para toma de razón. Con eso se determinaba la extinción de la Conama y se permitía el nacimiento del Ministerio y del Servicio de Evaluación  Ambiental.

A esta acción dilatoria la ministra Benítez agregó el instructivo   Nº 100745, que modificó un instructivo anterior dictado por la ex ministra Iriarte, el cual daba vigencia a la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (Artículo 30 bis);  al procedimiento de  clasificación de especies y al procedimiento de información pública sobre  la materia (Artículo 37), ya que no dependían de la reforma institucional.

Así, la  autoridad ambiental del gobierno de Sebastián Piñera retrasó en más de seis meses el establecimiento de la nueva institucionalidad y eliminó el principal avance de la participación ciudadana en la reforma, la cual no dependía del cambio institucional, sino de la publicación de la ley el 26 de enero pasado.

Finalmente, como si esto fuera poco, el gobierno le quitó la urgencia de tramitación a la Ley de Tribunales Ambientales, a pesar del Protocolo de Acuerdo entre la Alianza y la Concertación en octubre pasado, retrasando al 7 de mayo la urgencia del proyecto, lo que dilata  el funcionamiento de la Superintendencia que quedó legalmente amarrada a la promulgación de los tribunales. Así, la acción de la ministra Benítez no sólo pasa a llevar la voluntad del gobierno anterior, sino el acuerdo de su propia coalición política en el Congreso Nacional.

Bloquear una toma de razón en Contraloría que permitía empezar a instalar el Ministerio de Medio Ambiente; dictar un Instructivo que  retrasa la vigencia de la Participación Ciudadana, y retirar la urgencia en la tramitación de una ley que honraba un protocolo de acuerdo político entre el gobierno y la oposición en el Congreso, son pésimas señales sobre la agenda ambiental del nuevo gobierno y la fiabilidad de sus acuerdos políticos.

Se ha pretendido usar la excusa del terremoto que afectó gravemente a tres regiones del país para retrasar la institucionalidad ambiental. Sin embargo, es obvio que eso no lo justifica, no solamente por la disponibilidad de recursos, que son mínimos, sino porque también se suspendió una tramitación legislativa y se bloqueó la vigencia de la participación ciudadana. Estas son medidas que van en dirección contraria a  las condiciones, compromisos y necesidades de la reconstrucción nacional, para un Chile más capaz, sustentable y seguro para todos los chilenos.

Por Sara Larraín

Directora Chile Sustentable