El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga desde hace seis meses la desaparición de 43 estudiantes mexicanoshace un año a mano de narcotraficantes, ha publicado este domingo un informe en el que contradice y cuestiona severamente la versión oficial de los hechos difundida por el Gobierno de Peña Nieto.
En el informe, los expertos independientes de Chile, Colombia, Guatemala y España aseguran que los estudiantes «no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula», como anunció en enero la Fiscalía mexicana, ya que «no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis». El informe destaca las limitaciones científicas y técnicas de los estudios realizados hasta ahora para una investigación de esa naturaleza y da como «erróneas» la mayoría de sus conclusiones. Además, rechaza el móvil que entonces se dio del caso: que los estudiantes habrían sido reprimidos por miedo a que reventaran un acto del entonces alcalde de Iguala.
Aunque los expertos del CIDH no pueden ofrecer aún un diagnóstico definitivo de lo sucedido, han apuntado que su principal hipótesis es la de que los 43 fueron víctimas de una red de narcotráfico internacional que usa autobuses para transportar droga desde la ciudad mexicana de Iguala, donde ocurrió la tragedia, hasta Chicago, en EEUU. Ese es el vínculo entre todas las víctimas de aquella noche fatídica del 26 de septiembre de 2014, cuando seis personas, incluidos tres estudiantes, murieron en distintos ataques armados y 43 desaparecieron: todos ellos viajaban en autobuses cuando fueron atacados.
Pese a las distintas evidencias existentes, los expertos hacen constar en su informe que esta hipótesis ni siquiera ha sido barajada ni estudiada por el Gobierno mexicano.
«Las informaciones proporcionadas al GIEI señalan que Iguala era un centro de tráfico muy importante. (…) Algunos autobuses son utilizados para transportar heroína y cocaína y el dinero obtenido de este tráfico entre Iguala y Chicago. A pesar de esto, esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora», agrega el informe.
La ocupación de autobuses por parte de estudiantes de escuelas de escasos recursos en México para realizar sus actividades es frecuente. Aquella noche los jóvenes salieron de Tixtla con rumbo a Iguala para recolectar fondos que les permitieran viajar a la capital mexicana y participar en una manifestación. Como en otras ocasiones, se apoderaron de autobuses para trasladarse y sin saberlo pudieron «haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero)» en uno de ellos.
Negligencia de las autoridades mexicanas
En el informe se recoge una declaración presentada en un caso reciente en Estados Unidos que reforzaría los lazos entre estas las ciudades de Iguala y Chicago, la de «Pablo Vega y otros», señalado como el jefe en Chicago del cártel de Guerreros Unidos, que presuntamente hizo desaparecer a los estudiantes.
De la declaración jurada y de las escuchas telefónicas de las que ahí se da cuenta, apunta el reporte, surge información que señala que el cartel transportaba la droga desde México a Chicago mediante el uso de autobuses de transporte público, en un compartimento especial diseñado para ello.
En una interceptación telefónica se dan instrucciones para limpiar los vehículos y en otra se da cuenta de que hubo interceptación en la frontera.
A todos estos hechos se le suma una aparente negligencia por parte de las autoridades mexicanas. Pese a que distintas pruebas han mostrado que los estudiantes tomaron cinco autobuses, uno de ellos, el de la compañía Estrella Roja, no figura en la investigación. Este autobús, señalan los especialistas, podría ser «un elemento central del caso».
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