Uno de los militares sindicado como responsable en el terrible crimen contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, del mediatizado «caso Quemados» era el capitán (r) Pedro Fernández Dittus, quien fue beneficiado con la libertad provisional gracias a la revocación por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Fernández Dittus se encontraba cumpliendo la medida cautelar al interior del batallón de policía militar de Peñalolén. Esta sanción fue impuesta por el juez Mario Carroza, por su participación en el asesinato del fotógrafo de 19 años, Rodrigo Rojas de Negri, quien fue quemado vivo por una patrulla militar; y las heridas graves de Carmen Gloria Quintana. Este crimen fue perpetrado el 2 de julio de 1986, en el contexto de una jornada nacional de protestas en contra de la dictadura de Pinochet.
El tribunal consideró otorgarle este beneficio a Fernández Dittus “teniendo en especial consideración la excepcional situación procesal en que se encuentra el inculpado”, según lo señalado por la resolución de la Corte, ya que pesa sobre él una condena por este caso, que fue dictada en 1994.
Sin embargo, el tribunal de alzada revocó la decisión del juez Carroza en orden a otorgar la libertad provisional bajo fianza de los demás uniformados que conformaban la patrulla militar aquel 2 de julio, como es el caso de Julio Castañer, Humberto Figueroa, Francisco Vásquez y Walter Lara “estimándose que la prisión preventiva de los procesados (…) es necesaria para el éxito de las mismas”.
La defensa de Fernández Dittus recurrió al procesamiento aludiendo a que, el entonces responsable de la patrulla, que participó en los hechos, ya había sido juzgado por la justicia militar por negligencia en el caso, siendo condenado en 1993 a 600 días de presidio.