“Hostigamiento a comunicadores mapuche se ha convertido en política de Estado”

El allanamiento a la casa e incautación de los equipos de Richard Curinao, ha sumado el apoyo de tres organizaciones, además de los medios comunitarios que lo han manifestado in extenso en las semanas pasadas. Este hecho se ha dado en el marco de la represión a los medios comunitarios en general y a los mapuche en particular.

Manuel Holzapfel, consejero metropolitano del Colegio de Periodistas, denunció la existencia de una “política del Estado chileno que busca silenciar el trabajo periodístico relativo a las demandas del pueblo Mapuche”.

El representante regional del gremio, junto a Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, y Juan Rojas, de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT)- , añadió que el Colegio de Periodistas ofrece su apoyo al comunicador mapuche Richard Curinao, quien sufrió un allanamiento el 10 de febrero pasado. Ese día, funcionarios de la PDI de Temuco incautaron computadores y material de trabajo desde su casa y oficina.

Richard Curinao, miembro de la Red de Comunicadores Mapuche, fue allanado por orden del fiscal de Temuco, Sergio Moya, debido a la publicación que éste hizo –a través del blog “Werken Kvrvf”- de información relacionada con la organización mapuche “Coordinadora Arauco Malleco”, la cual circula abiertamente en diversos medios de comunicación social, según indicaron las organizaciones en un comunicado.

Holzapfel señaló que la denuncia se enmarca en el “apoyo irrestricto a la libertad de prensa” de parte del organismo que representa. “Los ciudadanos chilenos –señaló- tenemos derecho a un información oportuna, veraz y sin sesgo, y esto no se limita a un apoyo a los periodistas profesionales y los asociados, sino a todos los comunicadores a lo largo del país que ejercen su derecho a la expresión y a la información. Por tanto, nosotros apoyamos todos los casos que vulneran estas libertades y derechos, no sólo el de Richard y Elena Varela”.

CONDENA AL ESTADO POR ESTAS SITUACIONES

En la conferencia, señalaron, también, que el Estado chileno en los últimos años ha expulsado del país a varios corresponsales extranjeros que investigaban hechos ocurridos en territorio mapuche, así como ha detenido a comunicadores nacionales en el mismo contexto.

Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, indicó que “una de las más de 70 recomendaciones que recibió el Estado chileno en su primer Examen Periódico Universal, en mayo de 2009, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pedía investigar los casos de detenciones y deportaciones de periodistas y cineastas que registran la realidad o la situación del pueblo Mapuche”.

En el informe final de esa entidad, se establece que el Estado chileno “no tuvo una postura clara sobre si rechazaba o no tres recomendaciones en las que se les señaló  que estaba en deuda: Ratificar posición en contra de mercenarios (caso de militares en la Escuela de las Américas), modificar ley anti terrorista (en que se sigue utilizando una ley de la dictadura, se procesa a comuneros del pueblo mapuche y se alude a la Justicia Militar) e investigar los casos de los comunicadores (que es el caso que se denuncia en este contexto)”.

Paulina Acevedo señaló, además, que en el caso de la represión a los comunicadores y comunicadoras, se están violando reiterativamente cuatro derechos fundamentales: La libertad de expresión, el derecho de la propiedad (incautaciones y destrucción de materiales), debido proceso (privar de libertad y el tratamiento de estos casos por parte de la Justicia Militar), y maltratos físicos.

Richard Curinao, quien no se encuentra formalizado, se ha visto impedido de continuar su labor periodística en la zona. “No me encuentro formalizado y por tanto no tengo acceso a leer la información de los expedientes de la investigación que lleva el fiscal”, dijo el comunicador.

“El fiscal Moya emanó una orden de incautación en mi contra por difundir información de la reconocidamente justa protesta social Mapuche”, afirmó Curinao.

Asimismo, expresó que está trabajando junto a abogados para “exigir que se le devuelva el material incautado y se le permita el acceso a la investigación”.

Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano