Luego de que EEUU quitara un apoyo financiero de 2,5 millones de dólares al país latinoamericano, al negarse éste a firmar el acuerdo sobre cambio climático propuesto por las naciones ricas en Copenhague, el gobierno de Rafael Correa respondió que dará igual monto de ayuda al gobierno norteamericano si es que firma el Protocolo de Kyoto.
Un impasse diplomático sufrió estos últimos días el gobierno de Barack Obama, luego de que luego de comprometer ayuda a Ecuador, se la quitó porque dicho país no adhirió al Acuerdo de Copenhague sobre Cambio Climático definido por los países industrializados en la Cumbre efectuada en la ciudad danesa en diciembre del 2009.
La noticia de que la ayuda de 2,5 millones de dólares no se haría efectiva fue dada por representantes de la embajada de EEUU en Quito al gobierno ecuatoriano y fue confirmada por la encargada de prensa de la embajada estadounidense en Ecuador, Martha Youth. “Esos fondos no van a ser entregados a países que no han manifestado su apoyo”- sostuvo la portavoz.
Pero la respuesta no se dejó esperar. De inmediato el gobierno ecuatoriano ofreció igual monto de dólares si es que la nación del norte firmaba el Protocolo de Koyto, destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
María Fernanda Espinosa, ministra de Patrimonio Cultural y Natural del Ecuador, dijo a El Ciudadano que “hemos tomado la decisión de hacer este aporte al gobierno de los EEUU de hacer un aporte de 2.5 millones de dólares si es que firman el Protocolo de Kyoto, bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas”.
UN ACUERDO A PUERTAS CERRADAS
El Acuerdo de Copenhague sobre Cambio Climático fue acordado en la última noche de la cumbre de Copenhague, entre EE.UU., China, India, Brasil, Sudáfrica y la Unión Europea, marginando en su redacción al resto de los países y presentándolo como el acuerdo final de la cumbre destinada a reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera, una de las causas del calentamiento global.
El texto de 3 folios, pese a mantener el objetivo de que la temperatura global no suba más de dos grados centígrados, no es vinculante, señala la reducción de emisiones que cada país ha presentado a la cumbre, pero no establece sistemas de verificación de las mismas. La transparencia se limita en dicho acuerdo a un sistema “internacional de análisis y consultas” no definido y permite que cada país comunicará sus emisiones a la ONU respetándose la soberanía nacional.
Tampoco dicho acuerdo establece objetivos para el año 2050 ni las recomendaciones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), de reducir las emisiones de los países desarrollados al 2020 entre un 25% y un 40% sobre el nivel que tenían en 1990.
Sólo 29 países firmaron el acuerdo y fue rechazado por unanimidad por el resto de las naciones en la Convención.
En tanto, el Protocolo de Kyoto, propuesto en 1997, persigue reducir las emisiones de gases que causan el calentamiento global, los que son el dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6).
Dicho año se estableció la reducción en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Pese a haber participado de las sesiones del encuentro donde se propuso dicho acuerdo, EEUU se ha negado sistemáticamente a ratificarlo.
LAS RAZONES DE ECUADOR
Espinosa agregó que “hay muchísimas razones para no suscribir el Acuerdo de Copenhague, ya que no es vinculante y los contenidos de dicho acuerdo no establecen umbrales de disminución de emisiones de CO2”.
A juicio de la ministra ecuatoriana, “el Acuerdo no siguió los principios del multilateralismo ni la Carta constitutiva de Naciones Unidas, además de que, a su criterio, establece una serie de puntos que no implica una reducción real y efectiva de las emisiones”.
Luego de saberse la suspensión de la ayuda de EEUU, el gobierno ecuatoriano impartió instrucciones a sus diplomáticos en Washington para que ofrecieran los mismos 2,5 millones de dólares si es que la nación del norte firma el Protocolo de Kyoto.
“Si el gobierno de Obama adopta el Protocolo, nosotros le enviaremos esta ayuda financiera”- sostuvo Espinosa.
DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
El gobierno de Rafael Correa ha instalado un nuevo concepto en la historia del Derecho, que es dotar de derechos constitucionales a la Madre Tierra, según lo expresado en la Constitución de dicho país aprobada por referéndum el año 2008 con más del 63 por ciento de los votos.
Dicha disposición, única y primera en la historia del Derecho Constitucional, se deriva de la noción ‘Sumak kausay’ (buen vivir), noción ancestral de los pueblos indígenas de América y que implica la posibilidad de vincular al hombre con la naturaleza desde una visión de respeto, devolviendo con ello la ética a la convivencia entre humanos y de ellos con la naturaleza.
Espinosa clarificó a El Ciudadano que “hemos reemplazado los conceptos del desarrollo tradicional basado en la máxima rentabilidad y la competencia por un concepto de una relación armónica entre la sociedad, la economía y la naturaleza, que es el ‘Buen vivir’”.
Agregó que esta noción “se afinca en las diversidades, tanto biológica como cultural, cual es la realidad de nuestro país. Creemos que el futuro de países como el nuestro es mantener y preservar esta megadiversidad, lo que está en la utilización inteligente y respetuosa de nuestros recursos”
“No Queremos ser una economía petrolera, sino que apuntamos a ser una sociedad del bioconocimiento – agregó la ministra ecuatoriana, lo que conlleva importantes cambios a nivel político y económico, ya que ya no se trata de medir el desarrollo y la calidad de vida de las sociedades por el Producto Interno Bruto, PIB, sino que “queremos medirlo en función de la huella ecológica, de la garantía de derechos de la naturaleza, a los pueblos y nacionalidades indígenas, y en la atención prioritaria de los pobres”- según Espinosa.
Respecto de la innovación en el Derecho que implica esta nueva doctrina, espinosa dijo que “lo hemos hecho con responsabilidad y estamos comprometidos con eso. Se requiere de marcos de penalización y regulación serios. Tienen que haber marcos que garanticen los derechos de la naturaleza y es un gran avance que nuestra constitución garantice dichos derechos”.
Por Mauricio Becerra R.
Enviado especial en Cochabamba El Ciudadano