Cuando la señora Carmen nos cuenta su testimonio, sus ojos se llenan de lágrimas, por la impotencia de sentirse indefensa ante los abusos. Dejando de lado su pena y rabia, señala: “cuando llegué a trabajar, me hicieron poner mi nombre en una hoja de cuaderno escrita con lápiz de pasta, eso me llamó la atención.
No me dijeron nada y yo pensé que en algún otro momento iba a firmar mi contrato. Cuando les preguntaba a mis jefes, ellos me decían que le hablara a la persona que me había hecho firmar. Total que al final, el año pasado me pagaron mucho menos de lo que me habían dicho y me echaron sin posibilidad de nada. Lo peor es que tengo que volver a trabajar ahora en abril, por lo que no puedo denunciarlos”.
En la mayoría de los casos, los temporeros no establecen un vínculo directo con las empresas en que trabajan. Según trascendió, dos de cada diez asalariados temporeros son empleados por firmas intermediarias subcontratistas que prestan servicios a la empresa. Varios otros son enrolados por los famosos “enganchadores” que, a cambio de una comisión, se encargan de conseguir a los trabajadores y colocarlos a disposición de estas industrias.
Estos inescrupulosos seudo-contratistas ofrecen trabajo por sueldos ridículos. Una vez “enganchados”, a los temporeros se les obliga a firmar una suerte de compromiso informal. No obstante, luego de ingresar a las labores de temporada, no existe ningún otro compromiso concreto por parte de los “enganchadores”, dejando al trabajador en una situación de indefensión laboral.
Para los fiscalizadores, sin embargo, la realidad es otra. Héctor Gómez Burgos, director provincial subrogante de la Inspección del Trabajo, señala que “subcontratistas en el trabajo agrícola no hay. Lo común es que el empleador contrate en forma directa a los trabajadores que necesite. Además, tienen sus indicaciones legales claras, la persona tiene que cumplir con su jornada de trabajo y el empleador tiene que tener todos los elementos de protección adecuados, de acuerdo con la labor que realiza”.
Muchas veces, los subcontratistas cobran altas comisiones a los interesados en trabajar por conseguirles un puesto e incluso pueden no pagarles el salario.
La angustia de Carmen, temporera unionina de una empresa que no quiso mencionar por razones lógicas, afecta a muchos laborantes de nuestro país, que no se preocupan de verificar que los compromisos que los subcontratistas adquieren con ellos, estén respaldados por documentos que puedan ser útiles a la hora de defenderse.
El tema se ha discutido en numerosas instancias, pero a la burocracia política le ha costado establecer estrategias que protejan a los temporeros. La idea es dar una solución al problema, buscando delimitar los subcontratos y la simulación de la contratación por terceros. En este sentido, es muy importante establecer el giro único de las empresas suministradoras y la prohibición de las vinculaciones empresariales usuarias.
Lamentablemente, en la práctica se ha recurrido a múltiples razones jurídicas, muchas de ellas sólo en papel, para justificar el suministro de trabajadores que laboran en el mismo giro de la empresa principal.
Según estadísticas gubernamentales, el 76,4% de la mano de obra de temporada es subcontratada. Como la actividad de subcontratación no está legalizada, los subcontratistas pueden hacer lo que quieran. Sólo recientemente la Dirección del Trabajo ha abierto un registro de intermediarios.
Para Gómez, “lo ideal es que cuando se entre a un trabajo de temporada, agrícola o cualquier otro y no haya contrato por escrito, a nosotros tienen que hacérnoslo saber. Pero muchas plantas están fuera del radio urbano y, por más que queramos, no podemos llegar a todas. Es fundamental que conozcamos a tiempo esa información a través de denuncias. Para eso se necesita la cooperación de los mismos actores. En el caso de los trabajadores (de temporada), las denuncias son mínimas y esto se puede deber a lo corto de la etapa (de trabajo)”.
Esperemos que la presidenta Bachelet no olvide sus palabras a este respecto, pronunciadas en diciembre del 2005, en Concepción: «En Chile tenemos una enorme cantidad de contratistas y subcontratistas (…) que están en condiciones realmente complejas y cuyos derechos no se cumplen, reciben salarios no adecuados para su trabajo o en el caso de los subcontratistas, que no tienen los beneficios de las empresas mandantes”.
Y por ende, que tampoco olvide su apoyo al proyecto de ley enviado durante el gobierno de Ricardo Lagos, que pretende resolver el tema de la desigualdad de las relaciones entre los trabajadores.
En la medida que dejemos de permanecer impávidos ante estas injusticias, podremos avanzar hacia un país donde el trabajo sea una fuente de dignidad y no de humillación; una posibilidad real para una vida digna y no una alternativa desesperada de sobrevivencia.
Jorge Quagliaroli