¿Y las antenas?

Pese a no haber consenso científico sobre los daños provocados por las antenas de telefonía móvil, algunos países han preferido aplicar reglas precautorias para su instalación. En Chile, cada vez hay más rechazo de vecinos expuestos a una reglamentación a la medida de las empresas.

En La Reina, Peñalolén, Vilcún y Valparaíso, los vecinos se han opuesto férreamente a las antenas. Sobre todo en el puerto, donde ha sido dura la pelea. En los cerros Esperanza, Placeres, Monjas, Barón, Mariposa y Cuesta Colorada, se han enfrentado a Entel, Claro y Telefónica, empresas que pagan unos 4 millones 600 mil pesos anuales a los dueños del terreno donde se erigen las moles repetidoras de señal.

Son casi 19 mil antenas celulares que existen en Chile y, según el diputado Enrique Accorsi, unos 2 mil 500 permisos se encuentran en trámite.

En Vilcún, los vecinos de la calle Chorrillos, denunciaron el 2008 que en un radio de 500 metros alrededor de una antena de Entel, se han reportado unos 40 enfermos, de los cuales la mitad tiene o ya falleció de cáncer. En Nueva Aurora, Viña del Mar, los vecinos acusan la muerte de 11 personas con cáncer e infartos, en una cuadra que tiene  más de 30 antenas.

FÁCIL Y BARATO

Para una compañía instalar una antena al lado de su casa es de lo más sencillo. Se da un aviso al municipio diciendo que se levantará una torre, se avisa a la Dirección General de Aeronáutica Civil respecto de la altura y se pide un permiso o avisa que se ‘modificará una concesión’ a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), instancia que debe publicar en un diario local el aviso. Una vez hecho el trámite entran a correr 10 días para oponerse.

Además, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece que las antenas son complementarias a la torre donde se colocan, lo que implica que no están afectas a planos reguladores. O sea, la compañía sólo necesita dar aviso al municipio afectado sobre la instalación. El costo de arriendo puede llegar al millón de pesos mensuales dependiendo del barrio y ubicación, por lo que los municipios acostumbran a dar la bienvenida a estos aparatos.

Para oponerse, los afectados tienen 10 días de plazo para ir a Santiago a hacer un reclamo presentando “razones técnicas”. Pese a que en la práctica el trámite es un forro, lo han hecho ciudadanos en 15 oportunidades y sus reclamos nunca han sido aceptados.

“Revisando todos estos trámites hechos en Valparaíso, hemos constatado que la mayoría de los informes de instalación de antenas falsean datos como potencia y permisos”- cuenta Isaac Alterman, de la organización porteña Vecinos y Clientes en Acción.

DAÑOS A LA SALUD

Los científicos acusan que la contaminación electromagnética provocada por los celulares a través de radiaciones no ionizantes podrían provocar esclerosis lateral amiotrófica, alzheimer, dermatitis, enfermedades alérgicas, asma bronquial, aumento de incidencias de abortos, alteraciones neuroconductuales, cardíacas y endocrinas, entre otras patologías. Pero como la tecnología de los celulares invadió hace menos de 15 años la vida social, aún la comunidad científica discute los reales efectos.

Ante esto, algunos estados aplican el principio precautorio, reconocido en el protocolo sobre seguridad de la biotecnología, del Convenio sobre la Diversidad y ha sido incorporado en las legislaciones de varios países europeos y latinoamericanos. En la Comunidad Europea se recomienda no instalar antenas de telefonía móvil cerca de centros escolares, de salud o parques.

En Chile la normativa se ajusta a la dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que permite un máximo de 100 µW/cm2 (microwatts por centímetro cuadrado).

Un estudio de la consultora Sage acusa que el máximo permitido debiera ser 0,1 µW/cm2, ya que habría relación entre estas radiaciones y la leucemia infantil, cáncer de mama, alteraciones al sistema nervioso, en la función cerebral y el sistema inmunológico. En la ciudad de Salzburgo se aplicó dicho límite.

EL LOBBY DE LAS COMPAÑÍAS

Quien debe tomar las decisiones al respecto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, René Cortázar (este reportaje fue publicado en la edición de El Ciudadano de febrero 2010), exhibe en su currículum haber sido miembro del directorio de Entel antes de ejercer el cargo público. Lo que podría explicar que a un proyecto ya aprobado se le introdujo una indicación sustitutiva y se le quitó la suma urgencia.

Desde hace tres años en el Congreso duermen tres proyectos que regulan la instalación de antenas celulares. El primero, presentado el 2002 por los senadores Horvath y  Prokurica, propone que su instalación pase por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Horvath también patrocina un proyecto de ley que obligaría a todo artefacto que emita radiación electromagnética por sobre la norma a llevar una indicación legible que señale el nivel de radiación, el máximo y la distancia en que lo supera.

El Ejecutivo se puso con un tercer proyecto que tiene un énfasis en el impacto urbanístico, exige la aprobación del municipio y de los vecinos de la zona en donde se instalen las antenas, así como declarar zonas saturadas por contaminación electromagnética, en las que no se podrían instalar más antenas.

Entre las indicaciones propuestas a este último, escozor causó la idea de obligar a las compañías a compartir las torres. El Gobierno no quiere que esto se aplique retroactivamente y las compañías chillan porque se estaría vulnerando los ‘derechos de propiedad’. Raquel Salinas, del Comité de Defensa contra las Antenas de El Quisco, observa que en el PL la palabra “salud” aparece sólo una vez en sus ocho páginas.

Alterman dice que no están “en contra de las antenas, sino que se bajen los niveles de radiación”. Además acusa la necesidad de mayor fiscalización, ya que se hace con tres medidores de electrosmog para las 19 mil antenas instaladas. Uno de estos medidores se aplicó en Nueva Aurora y acusó O µW/cm2, lo que provocó la suspicacia de los vecinos.

Sólo en El Quisco las autoridades comunales se pusieron las pilas y a fines del 2008 aprobaron una ordenanza municipal que regula la instalación de torres o soportes para antenas. En el resto del territorio, las compañías telefónicas calculan que con 27 mil antenas habrá una total cobertura y Nextel y VTR ya anuncian su ingreso al mercado.

CONSEJOS PARA EVITAR ANTENAS CERCA DE SUS HOGARES

Si es que se entera de que se instalará una antena en su barrio, se recomienda seguir estos pasos:

1- Exigir el permiso de obras de la antena, ya que por lo general las empresas las instalan y después lo tramitan. Se recomienda revisar cuidadosamente si se cumple lo establecido en el documento (metros de altura, área a intervenir, etc.).

2- No permitir que se instale la antena, estacionando autos donde lleguen los vehículos de la empresa o en los accesos al terreno; llamar a los vecinos y denunciar el hecho. Además, se recomienda involucrar a la Junta de Vecinos en la acción.

3- Pedir los permisos municipales en la Dirección de Obras y revisar que, además de que los permisos de edificación estén en regla, verificar que los dados por la Subtel se encuentren vigentes.

4- Radicalizar las acciones: Colapsar los correos de las autoridades, no dejar pasar a los trabajadores de las compañías u ocupar los espacios donde se estacionarán las grúas son algunas de las medidas a las que se puede recurrir.

En los cerros Delicia y O’Higgins de Valparaíso, por dos años una compañía no pudo instalar la antena producto de pequeñas acciones de los vecinos.

Por Mauricio Becerra

El Ciudadano